Autor:

Todo está listo para que en esta semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firme y publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se permitirá la utilización del glifosato en el país. El documento que le presentará el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, está a la medida de los nuevos terratenientes, a los que les gusta que les llamen “agroempresarios”.

Ya sin Víctor Toledo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), triunfantes Scherer, Alfonso Romo (jefe de la Oficina de la Presidencia) y Víctor Manuel Villalobos (secretario de Agricultura) han “consensuado” un documento que no prohíbe el cancerígeno plaguicida. De hecho, ignora los estudios que se han realizado en diversas partes del mundo y ordena una “investigación” a los científicos mexicanos para que averigüen si sí es malo o bueno. Mientras tanto, adelante, que los empresarios agropecuarios lo usen sin límite. Al fin que esos “estudios” que buscarán el hilo negro concluirán con el sexenio. Para entonces, ya se les ocurrirá otra cosa.

El documento, del cual Contralínea posee copia consta de cinco “considerandos”, seis artículos y dos artículos transitorios. No hace referencia alguna a la prohibición del glifosato en varias partes del mundo ni a las evidencias científicas que señalan que ese desarrollo químico no es inocuo para el cuerpo humano.

Lo que sí señala es que tanto la Semarnat como las secretarías de Agricultura y de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “con el apoyo de instituciones de investigación agrícola y ambiental, coordinarán estudios […], los cuales deberán desarrollarse en un plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto” (sic). Es decir, hasta que se acabe el sexenio.

Una vez que se obtengan las conclusiones de la investigación –señala el artículo quinto– se procederá a establecer el “uso adecuado” o la prohibición del glifosato en México.

Victoria total para los agroempresarios a instancias de quienes encabezan la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Agricultura.

Interesante que Alfonso Romo esté operando la utilización del glifosato a través de los emparentados Julio Scherer Ibarra y Villalobos (consuegros). Claro se ve que son familia y defienden los mismos intereses. Entre los operadores de la Consejería Jurídica de la Presidencia destaca Juan Carlos Reyes García, consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales.

Reyes García es un sobreviviente en la “4T” del equipo de la Consejería Jurídica de Enrique Peña Nieto, con quien mantiene una relación no sólo profesional sino amistosa. En el sexenio pasado Reyes García cobraba mensualmente 205 mil 738 pesos mensuales y ostentaba el mismo puesto que en el sexenio actual. Se encargó, por ejemplo, junto con los otros consejeros adjuntos, de desvirtuar las indagaciones en el país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa. Sólo es un ejemplo.

El documento está ya enlistado como de próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación, a propuesta de la Secretaría de Agricultura, bajo el número de expediente 12/0099/231020.

Fragmentos

Mientras tanto, en la UNAM un amplio grupo de trabajadores afiliados al sindicato de esa casa de estudios (STUNAM) lucha por hacer valer sus derechos ante la Universidad y ante la propia organización gremial que debería defenderlos. Se trata de los trabajadores que cuentan con estudios profesionales y que, sin embargo, su empleador los tiene “congelados” desde hace 5, 10 o 15 años en plazas por debajo de sus capacidades y, sobre todo, de sus niveles de estudio. Los hay doctores en funciones de secretariado o maestros realizando funciones administrativas. En lugar de que su espacio de trabajo sea un lugar de continua formación y superación, estos trabajadores son enviados para siempre a plazas que nos les permiten desarrollarse ni poner en práctica los conocimientos que adquirieron. No se trata sólo de un problema personal para cada uno de ellos. Es un problema social. Y no sólo porque son más de 1 mil 500. ¿Cuánto pierden la Universidad y el país al desaprovechar estos recursos humanos altamente capacitados? A ellos se les niegan las plazas y promociones que terminan siendo asignadas a la plaga de “recomendados” que sigue como si nada en la UNAM en plena “4T”. Por ello, la Comisión de Organización del Movimiento de Profesionistas Titulados y con Estudios de Posgrado ha solicitado a su sindicato, el STUNAM, que celebre una mesa de trabajo con las autoridades universitarias para este miércoles 28. En el documento, entregado a la secretaría general que encabeza Agustín Rodríguez Fuentes, los trabajadores solicitan que su representación sindical gestione ante las autoridades universitarias la solución a esta problemática. Estaremos atentos a lo que resuelvan ambas instancias. No queremos pensar que el sindicato es parte del problema y no de la solución, ¿verdad? Ya les platicaremos en la siguiente entrega… En la Ciudad de México se le empiezan a complicar los trabajos al secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza. Pero no es porque esté teniendo un sólido trabajo de fiscalización del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Por el contrario, se trata de un desorden interno. Al contralor le empiezan a pasar factura los opacos nombramientos en su equipo de trabajo con perfiles que no saben ni el lugar en el que están. O que operan para grupos de interés heredados de administraciones anteriores. Brenda Emoé Terán Estrada, sin experiencia alguna en auditoría gubernamental, es directora general de la Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y “observa” 49 Órganos Internos de Control. Y de ahí para abajo. Un caso es el de Luis Hernández Pérez, licenciado en ingeniería en computación y maestro en Innovación para el Desarrollo, pero es contralor en la Secretaría de Desarrollo Social. Otro es el de Luis Guillermo Fritz Herrera, licenciado en derecho y con una trayectoria en áreas de seguridad, como el Ejército Mexicano, el Estado Mayor Presidencial, las extintas Secretaría de Seguridad Pública y Policía Federal Preventiva. Y es el director de Órganos de Control en Alcaldías. También está el de la maestra en derecho constitucional y amparo Betzabé Ramón Jaramillo, titular del Órgano Interno de Control en la alcaldía de La Magdalena Contreras. No sólo es que los perfiles académicos no coinciden con las labores del cargo, algunos operan para lo que queda del mancerismo, el priísmo y el panismo en la Ciudad, que no es poco.

Te puede interesar: ONG urgen a AMLO decretar prohibición de transgénicos y glifosato