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La detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda –secretario de la Defensa Nacional de diciembre de 2012 a noviembre de 2018– revela que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, tomó el mando del país en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La acusación en su contra, que lo vincularía con el Cártel de los Beltrán Leyva –o al menos a una facción de éste: el Cártel H-2–, apunta claramente el tamaño de la corrupción que privó en los gobiernos pasados.

De resultar ciertas las imputaciones del gobierno de Estados Unidos contra el general Cienfuegos, el más alto mando de la defensa de México –sólo por debajo del entonces presidente de la República, Enrique Peña– se habría sujetado a los intereses de una rama violenta de la criminalidad, favoreciendo la crisis humanitaria que asola a la nación, a cambio de dinero.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) señala que el exsecretario de la Defensa recibía sobornos para beneficiar el negocio criminal del Cártel H-2, y por ello sus subordinados detenían y torturaban a los enemigos de ese grupo, le permitían traficar impunemente drogas prohibidas y armas, y también que ejerciera violencia sin enfrentar consecuencias penales por ello.

El tema es sumamente grave: la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución encargada de “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas en caso de desastres”.

Además, en el contexto de la violencia que Calderón heredó a Peña, en la Sedena descansó una de las políticas más importantes del gobierno en turno: la lucha contra el crimen organizado en su combate frontal, que costó miles de vidas no sólo de civiles, sino también de militares que estaban bajo las órdenes de un jefe presuntamente corrupto. Es decir que el general no sólo sería responsable de conspirar o recibir sobornos, sino sobre todo de los crímenes asociados a estos actos de corrupción, incluidas las ejecuciones.

Pero ya de por sí es grave el solo hecho de aceptar pagos de la delincuencia organizada, pues al corromper al secretario de la Defensa, el narcotráfico –en este caso el Cártel H-2– se puso por encima de los intereses de la nación. De ser así, Cienfuegos Zepeda cedió su mando a los criminales y puso a disposición de éstos una fuerza armada de más de 250 mil militares, porque en la disciplina del cuerpo castrense los efectivos jamás rehúsan cumplir una orden de su mando.

Aunado a ello, resulta imposible pensar que si el general se corrompió ante un grupo criminal –según la DEA, el Cártel H-2–, fue ético e impecable en las otras áreas de su competencia. Casi en automático, su detención pone en duda toda su labor como secretario de la Defensa Nacional, todas sus decisiones deberían ser escrutadas a partir de ahora.

Tampoco resulta creíble que su jefe, el expresidente Peña, fuera ajeno a esta corrupción. Por ello es urgente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordene una investigación a fondo que analice tanto las finanzas de los involucrados, como la toma de decisiones en los casos emblemáticos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Así, el proceso judicial en Estados Unidos es una oportunidad en México para acabar con la impunidad al más alto nivel. Y si hasta ahora el general Cienfuegos y el expresidente Peña no eran objeto de investigaciones sobre su presunta participación en crímenes como la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, es momento de que se les abra un expediente en ese sentido. Sólo así podremos saber exactamente hasta dónde llegó la colusión del crimen organizado con el Ejército Mexicano y por qué se ha querido ocultar la verdad en ése y otros actos de lesa humanidad.

Por supuesto, esto mismo debería hacerse con los altos funcionarios del sexenio anterior, empezando con Felipe Calderón Hinojosa, pues no debemos olvidar que su súper-policía Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa– es la principal prueba de la farsa de la “guerra” contra el narcotráfico, que trajo como secuela una terrible crisis de derechos humanos que aún no podemos superar. Sin importar que cargos ocuparon en el pasado, se les debe juzgar y, en caso de ser responsables, condenar. Todos los criminales merecen la cárcel.

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