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La sanción económica en contra de la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, propiedad de Héctor Aguilar Camín asciende a casi 1 millón de pesos, informó la Secretaría de la Función Pública en un comunicado. Y agregó que tanto esa multa como la inhabilitación por 2 años publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación se derivan de una minuciosa investigación a raíz de una denuncia originada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que se descubrió que la empresa proporcionó información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en una campaña publicitaria institucional.

Por ello, el Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS determinó que la editorial que publica la revista Nexos violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y “resolvió sancionarla con inhabilitación por 2 años y multa por 999 mil 440 pesos, al acreditarse que dolosamente presentó información falsa para obtener el contrato público”.

Dicha resolución se deriva de una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. “En este proceso administrativo sancionador se acreditó que la empresa entregó documentación con información falsa al obtener la asignación directa de un contrato para la difusión de la campaña institucional de la más alta importancia para la salud pública del país: ‘Chécate-mídete-muévete’”.

Según el comunicado, “la Secretaría de la Función Pública, en estricto apego a la norma, y siguiendo la encomienda de no permitir los actos de corrupción en el Gobierno de México, reprueba las conductas que faltan no solo a la legalidad, sino también a la ética al proporcionar información apócrifa o falaz para obtener un contrato público. Asimismo, trabaja para erradicar los derroches y abusos del pasado: ‘nada, ni nadie, por encima de la ley’”.

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval refirió que “la integridad es una obligación de los servidores públicos, pero también es una responsabilidad del sector empresarial. La Función Pública ofrece incentivos positivos para fomentar la probidad, como el Padrón de Integridad Empresarial, pero también está obligada a sancionar con todo el rigor de la ley las irregularidades que se ejercen en contra del interés público y de todos los mexicanos”.

Y aseguró que la investigación de la denuncia y la resolución están apegadas a derecho y que “en todo momento se salvaguardó el derecho de audiencia de la empresa sancionada. La Función Pública actúa con imparcialidad tanto en sus fallos como en sus investigaciones, sin pactos de impunidad ni consignas políticas”.