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La principal estrategia de Estados Unidos y México en materia de seguridad, la Iniciativa Mérida, ha fracasado: ninguno de sus cuatro pilares se ha conseguido, a pesar de los 2 mil 800 millones de dólares que el gobierno estadunidense ha dado al mexicano entre diciembre de 2008 y julio de 2017, como parte de ese acuerdo bilateral.

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El primero de los pilares, perturbar la capacidad operacional del crimen organizado, es claro ejemplo de las fallas: aunque este país es la principal fuente de abastecimiento de drogas ilegales del mayor mercado mundial, las autoridades mexicanas han sido incapaces siquiera de conocer a qué se enfrentan.

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Según el gobierno de Enrique Peña, en México operan nueve grandes cárteles de la droga: Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva, Golfo, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación. De éstos se desprenden otras 36 células y pandillas, indica la Procuraduría General de la República en su oficio PGR/UTAG/00799/2017.

En la lista, sin embargo, no figura el Cártel de Los Flores, desenmascarado el pasado 9 de agosto por el Departamento del Tesoro estadunidense en un escándalo que involucra a un famoso futbolista, Rafael Márquez, y a un popular cantante, Julión Álvarez. Ello demuestra que existen grupos criminales en la clandestinidad total: fuera del radar de quienes deberían combatirlos.

A ese desconocimiento del enemigo se suman otros factores: según el Departamento de Estado del vecino del Norte, México es país de origen y tránsito de heroína, mariguana y drogas sintéticas con destino a Estados Unidos; también es el principal país de tránsito para la cocaína procedente de América del Sur.

En su 2017 International narcotics control strategy report, el Departamento de Estado asegura que los cárteles mexicanos son productores de amapola y principales proveedor para Estados Unidos de sus derivados: heroína y opio. Aunado a ello, el Congreso de ese país, a través de su unidad de investigación, observa que los mexicanos son los mayores comercializadores de drogas ilegales y “ganan el control de la distribución a nivel minorista en Estados Unidos”.

El análisis US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense, también se refiere a México como el principal proveedor extranjero del mercado estadunidense de heroína, metanfetamina y mariguana.

Señala que es preocupante la creciente disponibilidad en Estados Unidos de la heroína producida en México. “La creciente demanda estadunidense ha impulsado el aumento del cultivo de opio y la producción de heroína en México, así como la violencia relacionada con el narcotráfico en áreas donde los grupos están compitiendo para controlar la producción. En junio de 2016, el gobierno mexicano estimó que el cultivo promedio de amapola sería de 24 mil hectáreas”.

Respecto de las organizaciones criminales trasnacionales de origen mexicano, apunta que es común que éstas se alíen con las bandas nacionales y locales de Estados Unidos, mismas que continúan dominando el mercado de drogas en ese país.

Agrega que, de acuerdo con datos de la Agencia Antidrogas, seis grandes organizaciones criminales mexicanas operan en Estados Unidos, pero es el Cártel de Sinaloa el que tiene el alcance más amplio en ese territorio. Además, indica, esos cárteles no sólo luchan permanentemente entre sí por el control de las rutas ilícitas hacia ese país, sino también por el control de las redes locales de distribución de drogas.

En ese contexto de violencia se explica, según el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense, que las organizaciones criminales mexicanas continúen fragmentándose y diversificando sus negocios fuera del narcotráfico.

Los cárteles “fomentan su expansión en actividades como el robo de combustibles, el secuestro, la trata de personas, la extorsión”. Respecto del robo de combustibles, indica que éste se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional, que cuesta a México hasta 1 mil millones de dólares al año y alimenta conflictos violentos entre el Ejército y sospechosos de hurtar.

Los otros pilares

En los otros tres pilares –fortalecer el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, mantener una frontera segura, construir comunidades fuertes y resistentes–, México tampoco va mejor, pues los niveles de impunidad, las constantes violaciones a los derechos humanos, la porosidad de las fronteras Sur y Norte y la descomposición social (pueblos completos han huido de la violencia) son ya cotidianas.

El propio informe del Departamento de Estado admite la situación, al advertir que el narcotráfico y la violencia ligada a éste plantean problemas considerables a la seguridad ciudadana y al desarrollo económico.

Al respecto, aporta datos oficiales alarmantes: los asesinatos en territorio mexicano aumentaron un 20 por ciento en los primeros 9 meses de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015, según la Secretaría de Gobernación.

Nada de esto es desconocido para la autoridad estadunidense. Al referirse al tema, el informe del Servicio de Investigación del Congreso de ese país sobre la iniciativa Mérida señala que durante más de 1 década, los crímenes violentos perpetrados por organizaciones criminales en guerra han amenazado la seguridad ciudadana y la gobernabilidad en algunas zonas de México.

“La violencia relacionada con el crimen organizado ha resultado en más de 109 mil homicidios desde diciembre de 2006 y ha contribuido a 30 mil desapariciones. Para el primer trimestre de 2017, esa violencia en México alcanzó niveles no vistos desde el final de la administración Felipe Calderón.”

Pero nada de eso le importa al gobierno de Peña Nieto: tras 9 años y medio de fracasos, aún cabildea en Estados Unidos la ayuda, en un contexto en el que Donald Trump se inclina cada vez más por retirar los fondos para financiar con ellos la construcción del muro fronterizo.

Nancy Flores

 

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Iniciativa Mérida, México, Estados Unidos

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