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Una de las principales amenazas de Donald Trump a México consiste en cancelar los fondos que Estados Unidos entrega, cada año, para favorecer sus propios intereses en nuestro país (y no los de nuestra nación, como las autoridades de ambos países pretenden que creamos).

Entre las “ayudas” que están “en riesgo” –con el objeto de destinarse al gasto del muro fronterizo– destacan las que han financiado la guerra contra los pobres, es decir la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, porque el crecimiento del negocio de las drogas ha sido sostenido en estos 10 años de supuesto combate: los cárteles mexicanos se han expandido a lo largo del planeta y dominan los más importantes mercados (Estados Unidos y Europa).

Los narcotraficantes y sus brazos económico (banqueros y empresarios que les lavan el dinero sucio) y político (que les proporcionan impunidad en las más altas esferas del poder público) prácticamente no han sido tocados por la extrema violencia de la supuesta “guerra” en su contra.

Y es que el conflicto ha lacerado sobre todo a las capas más vulnerables de la sociedad: tanto mexicanos en situación de pobreza como centroamericanos que pasan por nuestro país en busca del sueño americano. Son éstos los que integran el grueso de la interminable lista de víctimas (de desapariciones masivas, ejecuciones, tortura, violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado, inseguridad).

A esa lista de agravios se suma la trata a la que han sido sometidos decenas de campesinos, obligados a sembrar y cosechar narcóticos a cambio de que dejen vivir a sus familias en “paz”.

Esta guerra contra los pobres –que nos ha costado más de 260 mil civiles asesinados– ha sido financiada en parte por Estados Unidos. Y es que a través de la Iniciativa Mérida –símil del desastroso Plan Colombia–, ese país entregó 2 mil 654.9 millones de dólares a México, entre 2008 y 2016, para que éste desatara el terrorismo de Estado que padecemos todos los días.

Esta realidad no es ajena a la clase política de Estados Unidos. El informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond –elaborado por la unidad de investigación del Congreso estadunidense– señala que “10 años después de que el gobierno mexicano lanzara una campaña agresiva, dirigida por militares, contra el narcotráfico y el crimen organizado, los crímenes violentos continúan amenazando la seguridad ciudadana y la gobernabilidad en zonas de México, incluso en ciudades a lo largo de la frontera del Suroeste de Estados Unidos”.

Agrega que la violencia aumentó en 2015 y 2016. Según el análisis, publicado a inicios de este año, “los casos de alto perfil –especialmente la desaparición forzada y el asesinato [sic] de 43 estudiantes en Guerrero, en septiembre de 2014– han llamado la atención sobre el problema de los abusos de los derechos humanos que involucran a las fuerzas de seguridad. Los casos de corrupción de exgobernadores, algunos de los cuales han huido de México, también han aumentado la preocupación por la impunidad”.

En el informe, los analistas del Congreso estadunidense refieren que hasta antes del gobierno de Felipe Calderón, México se había rehusado a recibir “ayudas” del tipo de la Iniciativa Mérida, por considerarlas injerencistas.

Pero en marzo de 2007, el entreguista de Calderón “pidió al entonces presidente George W Bush la asistencia estadunidense para combatir el tráfico de drogas y armas. Antes de ello, México no había recibido gran asistencia contra las drogas, debido a las preocupaciones mexicanas acerca de la participación del gobierno estadunidense en los asuntos internos del país. Pero en 2007 México recibió 36.7 millones de dólares en ayuda antidrogas por parte de la administración estadunidense.”

El informe indica que al término del mandato del panista, México había recibido más de 1 mil millones de dólares por concepto de asistencia contra las drogas. Ese total incluyó 873.7 millones de dólares en equipo (entre éste, 20 aeronaves y equipo de inspección no intrusiva por más de 100 millones de dólares), así como 146 millones en capacitación.

De lo anterior se desprende que es el gobierno de Enrique Peña al que más dinero le ha entregado la Iniciativa Mérida: más de 1 mil 500 millones de pesos en 4 años.

“Durante la mayor parte de 2013, los retrasos en la instrumentación de la Iniciativa Mérida se debieron en gran medida a que el gobierno de Peña Nieto estaba todavía desarrollando su estrategia de seguridad y determinando la cantidad y el tipo de asistencia necesaria de Estados Unidos para apoyar esa estrategia. El procedimiento inicial que el gobierno mexicano adoptó para procesar todas las solicitudes de las secretarías para los fondos de la Iniciativa Mérida a través de la Secretaría de Gobernación también contribuyó a los retrasos. Para noviembre de 2013, el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana habían acordado un nuevo proceso más ágil para aprobar los nuevos proyectos de la Iniciativa Mérida. Los gobiernos han acordado más de 100 nuevos proyectos que superan los 800 millones de dólares, de los cuales la mitad están en marcha. En noviembre de 2016, las entregas se situaban en aproximadamente 1 mil 600 millones de dólares.”

El análisis agrega que para los temas de seguridad nacional y seguridad pública, en ese mismo periodo, México ha invertido unos 94 mil millones de dólares de sus propios recursos.

Pero este dinero sólo ha servido para causar estragos sociales y una alarmante crisis humanitaria: esos supuestos esfuerzos para combatir el flagelo de las drogas no funcionan en ninguno de los dos países. Ejemplo de ello es que “el 70 por ciento de las armas de fuego incautadas por las autoridades mexicanas al crimen organizado, entre 2009 y 2014, provenían de Estados Unidos”, pese al “compromiso” de ese país por detener el flujo de armamento.

Así que bienvenida la propuesta de Trump para retirar ese dinero que, lejos de combatir las drogas, ha financiado la muerte de más de 260 mil civiles, las desapariciones forzadas y demás atrocidades relacionadas con este crítico periodo ligado a la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

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Iniciativa Mérida

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Contralínea 533 / del 03 al 09 de Abril 2017