Opinión

2a quincena febrero 2008

Matar, violar y esterilizar: tragedia de los pueblos indígenas

 

Abel Barrera*

 

Las políticas de exterminio contra los pueblos indígenas emprendidas desde la Conquista Española siguen reeditándose en nuestro país con nuevas estrategias guerreristas, financiadas por los imperios de occidente, obsesionados por imponer su hegemonía política y militar al costo que sea.

La guerra contra el terrorismo –que implica la ocupación militar de países soberanos, como sucede en Irak– tiene su versión en América Latina a través de los planes de contrainsurgencia y de la lucha contra las drogas. El frente militar estadunidense siempre ha estado presente en los países llamados subdesarrollados y ha sido un factor externo que incide en el diseño de las políticas relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad interior.

Durante los últimos gobiernos de la república, el Ejército Mexicano ha sido utilizado para emprender una guerra contra el narcotráfico y ha empezado a ocupar cargos estratégicos dentro del sistema de procuración de justicia y de seguridad pública, tanto a nivel federal como en algunos estados. Esta decisión de las elites políticas, además de violar el marco constitucional, le ha significado al Ejército un salvoconducto para que actúe impunemente en las regiones pauperizadas, donde viven los indígenas, haciendo uso de la fuerza para amedrentar y reprimir a la población, que ahora está catalogada como narcotraficante o guerrillera en potencia.

En el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, se condensa la monstruosidad de la militarización que se asentó en los territorios indígenas para masacrar a 11 mixtecos en la comunidad de El Charco el 7 de junio de 1998. En este hecho deleznable ninguna autoridad civil se atrevió a investigar y castigar a los responsables; por el contrario, se implantó la ley del fúsil que se ha traducido en muertes misteriosas de líderes y representantes indígenas fichados por inteligencia militar como supuestos miembros de grupos insurgentes. El terror causado por el Ejército dentro de las comunidades indígenas se ha intensificado y extendido en esta región que se ubica dentro de las más pobres del país y del estado, comparable con La Montaña de Guerrero, al grado que han utilizado tácticas orientadas a causar daño a la población indígena que se encuentra al margen de los conflictos relacionados con el narcotráfico y la lucha armada.

Al igual que en Chiapas, el Ejército ha recurrido a las violaciones sexuales de mujeres como parte de la guerra contrainsurgente con el fin de diezmar la organización comunitaria y la lucha heroica de los pueblos que resisten al embate de las políticas etnocidas. Los casos de Valentina Rosendo Cantú, violada por el Ejército en febrero de 2002, e Inés Fernández Ortega, agredida sexualmente en marzo del mismo año, representan un caso emblemático por las repercusiones que ha tenido a nivel regional e internacional.

En este contexto de guerra irregular, las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos actúan con la misma perspectiva guerrerista y etnocida: los programas de desarrollo se orientan a crear una infraestructura no tanto para abatir la marginación y la pobreza, sino para crear condiciones materiales que facilitan el acceso al Ejército; las políticas de salud, en lugar de avocarse con toda su capacidad instalada en la reversión de los altos índices de mortalidad maternoinfantil y la multiplicidad de casos de desnutrición, destinan la mayoría de sus recursos a programas de control natal como una medida efectiva para controlar el cuerpo, el modo de pensar y hasta la misma sexualidad de la población indígena.

En el mismo municipio de Ayutla también se han aplicado políticas de exterminio entre las comunidades mixtecas y me’phaa a través de la Secretaría de Salud, que formó brigadas especiales con la encomienda de recorrer las comunidades y persuadir de manera dolosa y denigrante a los padres de familia para que aceptaran practicarse la vasectomía. El anzuelo fue el ofrecimiento de becas para los hijos, apoyos para su vivienda, cobijas, despensas, la construcción de una clínica, la asignación de un médico y el abastecimiento de medicinas. El resultado fueron 30 indígenas esterilizados de las comunidades La Fátima, Ojo de Agua, Ocotlán y El Camalote, que son pueblos que carecen de todos los servicios y que, desde la visión conspirativa del Ejército, se trata de lugares potencialmente subversivos.

Matar, violar y esterilizar es la tragedia que ha marcado la historia reciente de los pueblos indígenas en un municipio donde se promulgó el Plan de Ayutla en 1854. A pesar de este bastión de la resistencia y de la dignidad nacionalista, los nuevos gobiernos neoliberales repiten la historia de Santa Ana: entregar nuestra riqueza a los nuevos imperios que se erigen como los próceres de la civilización guerrerista. Los mismos pueblos que han sacrificado sus vidas para acabar con todo tipo de dictaduras y de tratos discriminatorios siguen enfrentando a todo el aparato represor del estado por asumirse como hombres y mujeres dignos que luchan para despojarse del estigma del racismo y la inferioridad cultural.

En Guerrero, a pesar de que el nuevo gobierno emanó del Partido de la Revolución Democrática, se ha mantenido la misma política contra los pueblos indígenas. No se ha interesado por atender las recomendaciones que en su momento ha hecho la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad, relacionadas con las esterilizaciones forzadas, porque le sale más barato ignorar el reclamo de los indígenas y mantenerlos en el ostracismo que reconocer su dignidad y sus derechos humanos.

El pasado 17 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 066/2007 al gobierno del estado en el que lo emplaza a reparar el daño causado a 14 indígenas esterilizados de El Camalote y a sancionar a personal médico responsable. La respuesta del secretario de Salud ha demostrado poco compromiso y sensibilidad para entender en su justa dimensión el sentido de la recomendación que tiene que ver con un trato digno a la población indígena, la obligación de consultarlos de manera apropiada, de respetar su cosmovisión y de revertir los rezagos en el campo de la salud.

Al igual que en 1854, los indígenas siguen resistiendo y defendiendo con dignidad su territorio, su cultura y su cuerpo. A pesar de las políticas guerreristas y etnocidas, y de las esterilizaciones forzadas, sigue viva la memoria y la decisión de que su estirpe, como hijos de la lluvia y del fuego, permanecerá para la posteridad.

 

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan / cdhm@tlachinollan.org

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 2a quincena Febrero de 2008 | Año 5 | No. 96

 

 

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