Política

2a quincena febrero 2008

2008: estallidos sociales y mayor precariedad económica

 

Conflictos sociales y mayor precariedad económica aguardan al país este año, alertan investigadores. A los problemas políticos, derivados de la elección de 2006, se suma la posibilidad de crisis económica y reactivación de movimientos sociales. A decir de especialistas, el descontento podría desbordarse a fines de 2008 o durante 2009

 

Nancy Flores

 

El deterioro de las condiciones de vida de los mexicanos aumentará en 2008, dicen investigadores: la recesión económica de Estados Unidos no sólo afectará la economía del país, sino que las crisis social y política llegarán a un punto insostenible.

El descontento social, indican, será alimentado por el aumento de los precios en la canasta básica, el crecimiento del desempleo, la caída de remesas, el posible regreso masivo de emigrantes, el impulso de megaproyectos en zonas convulsas, la represión y la ilegitimidad de los poderes públicos, entre otros factores económicos, sociales y políticos.

—Durante cinco lustros hemos vivido un proceso agudo de deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, por las políticas neoliberales, cuyo pilar es la contracción del salario real. Desde mediados de la década de 1970, éste ha bajado en promedio 60 por ciento. La gente encuentra cada vez más dificultades para mantener a sus familias: ya no basta con que trabaje el padre, también la mujer y los hijos tienen que contribuir al gasto, siempre con empleos precarios, mal pagados o en la economía informal. Aun con esto, las condiciones de vida se siguen deteriorando –explica el historiador, economista e investigador Carlos Aguirre Rojas.

 

Economía vulnerable

Felipe Calderón Hinojosa –quien asumió la Presidencia de México con una diferencia de menos de un punto porcentual y el rechazo de un amplio sector que lo considera espurio– dijo el 1 de febrero pasado que “nuestra economía está firme y esto no son palabras, son realidades concretas”.

Especialistas señalan que se trata de un discurso falaz, expresado para mantener expectativas positivas y evitar la retracción del consumo. Mientras las autoridades estadunidenses urgen a su población a liquidar créditos bancarios e hipotecarios y devuelven impuestos a sus contribuyentes, los funcionarios mexicanos buscan que las expectativas no sean tan negativas para mantener el consumo, pues si éste se retrae mucho, el crecimiento de la economía será menor, dice Patricia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El pasado 30 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo la expectativa de crecimiento del producto interno bruto de 3.7 –como se estimó en el paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión para 2008– a un promedio de 2.8 a 3.1 por ciento. Según los cálculos, con este crecimiento se generarán sólo 614 mil empleos.

Gerardo González Chávez, investigador del Iiec, explica que aun con los argumentos de las finanzas sanas y las grandes reservas, es insostenible que el país no será impactado por la recesión de Estados Unidos, porque México depende de éste.

El doctor en economía por la UNAM ilustra con un dicho popular: “Cuando a Estados Unidos le da gripe a nosotros nos da pulmonía, y el problema es que ahora a Estados Unidos le está dando la pulmonía”.

La gravedad, indica, es que el país vecino consume el 80 por ciento de la producción que se exporta y que estas adquisiciones, con excepción del petróleo, pueden caer. El impacto, detalla el investigador, es desde la perspectiva del mercado interno y de los 270 mil millones de dólares que México exporta.

La maestra Patricia Rodríguez considera que para disminuir el riesgo de crisis deben existir políticas anticíclicas; sin embargo, reconoce que no hay siquiera voluntad del Ejecutivo ni del Legislativo para generarlas. Esto refleja que las autoridades no están preocupadas ni reaccionan ante la recesión de Estados Unidos, señala.

Explica que las medidas anticíclicas no son sólo discursos: hay que establecer tasas de inflación más altas para fortalecer el crecimiento interno; “trabajar para que las aduanas funcionen bien”; dar créditos con tasas de interés diferenciadas; dar a conocer exactamente cuánto se está afectando a las remesas y qué tipo de apoyo se le va a dar a las poblaciones afectadas; proteger el mercado interno de las importaciones.

 

Impacto real

Para los investigadores consultados, el impacto de la recesión tiene expresiones concretas en la economía nacional, entre las que destaca el déficit en importaciones de alimentos. El doctor Gerardo González indica que esto “nos deja en una precariedad frente a la economía estadunidense”.

De acuerdo con la Balanza comercial de grupos de productos alimenticios, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2007 el déficit ascendió a 3 mil 175 millones 477 mil dólares: las exportaciones de alimentos registraron ingresos por 12 mil 623 millones 839 mil dólares, mientras las importaciones tuvieron egresos por 15 mil 799 millones 316 mil dólares.

En el bolsillo familiar también hay efectos: encarecimiento de los productos básicos, bajos salarios, disminución de las remesas, aumento de la pobreza. El doctor en economía por la UNAM, Carlos Aguirre Rojas, dice que “el mecanismo económico empieza a ser inviable y cuando las condiciones de vida de la población llegan a ser tan bajas como ahora –si la gente tiene que utilizar la quinta parte de su salario para comprar un kilo de tortillas, otra quinta parte para los transportes, el resto para alimentos– llega un momento en que deja de valer la pena trabajar. Esta situación alimenta el descontento social”.

Tan sólo entre diciembre de 2006 y la primera quincena de 2007, los precios de los productos que integran la canasta básica aumentaron 35 por ciento. En ese periodo aún no entraban en vigor la reforma fiscal y sus nuevos impuestos ni los incrementos en la gasolina, diesel, energía eléctrica y granos básicos.

El desastre de la economía también se observa en el desempleo, apunta Gerardo González Chávez, especialista en el ámbito laboral. “La generación de empleos depende del crecimiento de la economía: si éste es muy alto hay una demanda adicional de trabajadores en el sector formal e informal”.

Detalla que, sin recesión económica, en 2006 y 2007 se generaron 750 mil empleos formales respectivamente, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); esto era bueno porque se necesitaba 1 millón de empleos; sin embargo, explica que el INEGIreveló que para ese mismo periodo el índice de desempleo aumentó a 3.8 por ciento, que significa la pérdida de 150 mil plazas por año (Fortuna 59).

 

 

 

Regreso de emigrantes y caída de remesas

Aunado al problema del desempleo, México podría padecer una crisis social por el retorno masivo de emigrantes que trabajan en Estados Unidos. Si colapsa la economía estadunidense, los primeros afectados van a ser los emigrantes mexicanos, explica el doctor Aguirre Rojas.

“Pensemos qué pasaría si hay un retorno masivo, así como el éxodo ha sido masivo: 500 mil mexicanos por año en los últimos seis años. Las condiciones se están repitiendo. Eso sucedió en el México previo a 1910. En 1907 y 1908 la minería estadunidense entró en crisis. Ésa era la industria principal que captaba a los mexicanos, ellos volvieron para buscar empleo. La Revolución Mexicana nace en el norte del país, con los campesinos y mineros, quienes alimentan a los ejércitos. Ese fenómeno se puede repetir, pero a nivel nacional.”

El comunicado de prensa 01/08 del Consejo Nacional de Población (Conapo), publicado a principios de enero pasado, dice que los 6.8 millones de inmigrantes mexicanos ocupados aportan 5 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos y 31 por ciento de la fuerza laboral inmigrante en ese país; no obstante, perciben los ingresos más bajos debido a su inserción en las ocupaciones menos valoradas de la escala ocupacional: 23 mil dólares al año. La cuarta parte de los inmigrantes mexicanos en edad laboral, 24 por ciento, es pobre.

De acuerdo con el Conapo, en el país vecino residen 29.3 millones de personas de origen mexicano, de los que 11.1 millones son nacidos en México. Aunque Patricia Rodríguez no cree que haya un regreso masivo, admite que “regresarán algunos por las severas políticas antiemigrantes; algunos ya se están regresando. Muchos se van a ver afectados, además, por el desempleo y por la crisis hipotecaria. El campo no tiene las mínimas condiciones para captar esta población. Con esto perdemos remesas, que ya son parte fundamental para explicar un crecimiento pobre en México, que es del 3.5 o 3.7 por ciento del producto interno bruto”.

El 29 de enero pasado, el Banco de México informó que el país obtuvo 23 mil 979 millones por concepto de remesas, monto que las ubica como la segunda fuente de ingreso de divisas, sólo después del petróleo. Rodríguez señala que con la recesión de Estados Unidos, es previsible que las remesas se desplomen.

—La economía mexicana no ha sufrido un colapso, como el que padeció la economía argentina en 2001, porque tiene una válvula de escape para la fuerza de trabajo: la gente que no tiene empleo se va a Estados Unidos. Si quitáramos ese escape, puede colapsar. El efecto de esto es un descontento social creciente –dice el doctor Aguirre Rojas.

 

Sin bienestar social

Los mexicanos no sólo enfrentan el aumento de los precios de la canasta básica y el desempleo, también la precariedad de los servicios básicos –salud, educación, vivienda–, el aumento de la represión y la violencia del narcotráfico.

Mientras el gobierno de Felipe Calderón restringe derechos a los ciudadanos, extiende el régimen de privilegios a la clase empresarial: exenciones fiscales a bancos y grandes comercios, reformas laborales.

“Hasta 1982, tuvimos un Estado de bienestar que resolvía problemas de alimentación, educación, vivienda. Esto legitimaba y justificaba las acciones autoritarias del Estado, en el entendido de que el propio Estado daba las soluciones. A partir de 1982, se echa para atrás ese Estado asistencial y se empieza a colapsar el sistema político y social; entonces la gente recurre a la movilización, organización, protesta para negociar espacios y elementos de beneficio social”, dice Valeriano Ramírez.

En la actualidad, las amenazas de privatización no se ciñen a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), alcanzan a los servicios médicos y educativos: desde la década de 1990 se intenta imponer colegiaturas en la UNAM, mientras que el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son conducidos a una crisis de infraestructura y desabasto de médicos y medicamentos.

Según el Conapo, sólo el 50.1 por ciento de la población cuenta con cobertura de servicios de salud por parte de alguna institución de seguridad social. México es una de las naciones con menor gasto en salud, reconoce la dependencia en el comunicado de prensa 08/07, al destinar sólo 6.2 por ciento del producto interno bruto, cifra que equivale a 41 por ciento del gasto en este rubro de Estados Unidos, y a 63 por ciento del de Uruguay.

“El Estado es cada vez menos capaz de dar una educación mínima de calidad, un servicio de salud decente, una mínima seguridad. Todo esto se manifiesta en las elecciones de 2006. La gente que apoyó a Andrés Manuel López Obrador representa ese grado de conciencia, de hartazgo, pero no encuentran todavía el camino para modificar radicalmente esto”, dice Aguirre Rojas.

Expone que un sector de la población ya está representado en La Otra Campaña. “Esta gente está verdaderamente convencida de que, mientras el capitalismo perviva, no vamos a encontrar salida real a los problemas fundamentales de la población: no se va a resolver la situación de crisis económica, no se van a tener ciudades seguras, educación de calidad, servicios de salud decentes, ni Estado que funcione; no se va detener la corrupción galopante de la clase política en su conjunto”.

 

Narcotráfico y violencia

El narcotráfico, la violencia y la represión también aumentan. La inseguridad, incertidumbre y descontento social se profundizaron en el sexenio de Vicente Fox, explica Valeriano Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, porque él negoció con todos los grupos narcotraficantes. “A todos les permitió el crecimiento de sus zonas de influencia y esto generó que en lugar de que hubiera tres grupos de narcos importantes hubiera 10, 15 o hasta 30 grupos locales”.

De acuerdo con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, de 2001 a 2006 perecieron 9 mil personas por hechos supuestamente relacionados con el narcotráfico. En los primeros ocho meses del gobierno de Felipe Calderón, la cifra de muertos adjudicada a la “guerra contra el crimen organizado” aumentó: más de 2 mil 500 personas perdieron la vida, de las que alrededor de 200 eran policías (Contralínea 85).

Valeriano Ramírez añade que cuando llega la necesidad de “establecer disciplina”, que es con Felipe Calderón, no hay quien controle a los pequeños. “Para resolver este problema viene el exterminio. Paralelamente, el Estado ya no es asistencial, ya no hay forma de financiar el crecimiento, el desarrollo, y no hay alternativas. Esto ha generado movimientos sociales locales”.

El politólogo y sociólogo considera que, en el ámbito político, 2008 implica un retroceso en las formas de negociación, porque la violencia no sólo es del narcotráfico, del crimen organizado, del Estado mismo, sino también de los grupos políticos y sociales, de la emergencia de grupos guerrilleros, de nuevos grupos de izquierda y derecha con carácter violento.

—Los militares están en la calle y están tomando y sitiando ciudades, están imponiendo toques de queda en muchas regiones, aunque son anticonstitucionales –explica–. Están atacando puntos nodales del descontento, no del crimen organizado: las zonas en donde la pobreza se está exacerbando y la gente se está quedando sin alternativas, donde la solución es muy sencilla, te mueres de hambre o de un balazo y siempre es menos doloroso un balazo que morirse de inanición. Y ahí es donde se está militarizando. Guerrero, Michoacán, Sinaloa, que no necesariamente son zonas de delincuencia organizada.

Para el académico, al ser “un presidente ilegítimo e ilegal”, la única manera que Felipe Calderón puede tener gobernabilidad es manteniendo al ejército en las calles durante todo su sexenio. Calderón no alcanza lo niveles de legitimidad. Está en una negociación política para tener un piso de gobernabilidad pero no de legitimidad.

 

 

 

Descomposición política

Además de la ingobernabilidad, el presidencialismo está en crisis. “Los gobernadores son poderes locales reales, por encima del propio ejecutivo nacional; eso genera intereses internos: cada gobernador tiene más poder en su estado que el presidente en la República y eso obliga a entender que los conflictos políticos que se están enfrentando son por poderes locales”, dice Valeriano Ramírez.

Otro problema, advierte el politólogo, es que el gobierno está protegiendo a los grandes inversionistas y está desprotegiendo y golpeando a la sociedad. “Entonces la sociedad se siente agredida y amenazada, y ya no hay forma de establecer acuerdos o un principio de gobernabilidad en tanto no restituya el Estado asistencial”.

Para el doctor Carlos Aguirre Rojas, Fox y Calderón sirven a la burguesía intermediaria, comercial, a la que no le importa entregar en pedazos el país. “Eso es lo que realmente se jugó en la elección fraudulenta de 2006. Lo que representaba Calderón era esta burguesía entreguista absoluta, mientras Andrés Manuel representaba a la burguesía nacionalista”.

El teórico resume que en México ya hay todas las condiciones para que la economía sea inviable. “La situación económica se está deteriorando cada vez más, el precio del alimento básico de la población sube de manera espectacular, el salario real se deteriora, la pequeña y mediana industria empieza a colapsar, las pocas riquezas nacionales son entregadas al capital extranjero. Si la economía es inviable y se le suma que el tejido social se descompone, la familia como estructura está en crisis, las generaciones actuales se ríen de los valores tradicionales y nacionales, tenemos una clase política corruptísima en la que nadie cree, pues tenemos todos los ingredientes para que haya un estallido social”.

 

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Calderón atiza conflictos sociales

 

Afines de 2007 y principios de 2008, la administración de Felipe Calderón advirtió su interés en la reedición de dos megaproyectos que van en detrimento de derechos colectivos de varios pueblos: la construcción de la hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, y el aeropuerto de Texcoco, en el estado de México.

El 28 de noviembre pasado, Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que la dependencia a su cargo había “ganado” un juicio “muy importante”, relacionado con el proyecto La Parota. No precisó que se trata de un amparo a favor de la Comisión Nacional del Agua respecto de su jurisdicción para gestionar la construcción de la presa.

En su discurso, el funcionario también omitió decir que el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Acapulco amparó a los campesinos, al resolver los expedientes 637/2006, 638/2006 y 821/2006, el 12 de septiembre de 2006.

Más aún, mediante los acuerdos 72/2006, 73/2006 y 74/2006, el 10 de octubre de ese año, el Tribunal Unitario Agrario 41 emitió medidas de protección para resguardar las tierras de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma. Con esto se evita “la ejecución de obras y acciones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico La Parota”, medidas que fueron notificadas, en su momento, a la CFE.

Elías Ayub tampoco señaló que el acuerdo al que se supone pretende llegar con los ejidatarios se sustenta en el despojo de 17 mil hectáreas y la afectación de 36 comunidades y 16 núcleos agrarios. La mayoría, “en pie de lucha” (Contralínea 79).

Otro megaproyecto que impulsa el actual gobierno federal es la construcción del aeropuerto de Texcoco, que en 2001 generó un grave problema social que derivó en un acto de represión en mayo de 2006, en San Salvador Atenco.

De acuerdo con información del reportero David Aguilar, publicada el 21 de enero de 2008 en El Universal, ahora no será necesario expropiar tierras, pues la futura terminal ocupará 9 mil hectáreas de territorio federal. La inversión inicial será de 8 mil millones de pesos.

Ante el anuncio, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra reiteran su rechazo. El líder de este movimiento, Ignacio del Valle Medina, se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, condenado el 11 de septiembre de 2007 a 67 años y seis meses de prisión por el supuesto delito de secuestro. Una pena similar recibieron Héctor Galindo Gochicua y Felipe Álvarez Hernández, también ejidatarios de Atenco. (NF)

 

 

 

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Pobreza, represión y militarización

 

 

27 de noviembre de 2006

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México dan a conocer el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006. Entre otras cosas, revela que 11 municipios del país se encuentran entre los más pobres del mundo, sólo comparados con los de África subsahariana.

Enero de 2007

En las zonas conflictivas de Chiapas se reactivan dos grupos de corte paramilitar: la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y la Unión Regional Campesina Indígena. En complicidad con funcionarios federales, estas organizaciones reclaman tierras en posesión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con un saldo cuando menos de cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres milicianos, amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos.

Marzo de 2007

Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena originaria de Zongolica, Veracruz, muere después de haber declarado a sus familiares que “los verdes se le echaron encima”. Los parientes de la anciana, de 73 años, son amenazados por denunciar los hechos.

1 de abril de 2007

De acuerdo con el diario La Jornada, los secretarios Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional, firmaron un convenio de colaboración para transferir, en calidad de apoyo, 7 mil 588 militares a la Policía Federal Preventiva.

El contrato –cita el reportero Gustavo Castillo– establece que los elementos “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”, por lo que no podrán ser juzgados por autoridades civiles aun cuando incurran en violaciones a derechos humanos o en otro tipo de delitos.

9 de mayo de 2007

La administración de Felipe Calderón crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército, para auxiliar acciones estatales y nacionales, entre las que destaca sofocar disturbios.

25 de mayo de 2007

El Ejército Popular Revolucionario acusa a la administración federal de desaparecer a dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Como respuesta, la guerrilla emprendió una campaña de sabotaje a grandes empresarios, por medio de ataques a ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos.

1 de junio de 2007

Militares asesinan a cinco personas, tres de ellas menores de edad, en la comunidad Los Alamillos, Sinaloa.

2 de agosto de 2007

El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano realiza cateos sin órdenes judiciales en la colonia El Sol, Netzahualcóyotl, estado de México. Vecinos denuncian que buscaban guerrilleros.

14 de agosto de 2007

Al analizar los casos de Oaxaca, Atenco y Lydia Cacho, la Suprema Corte de justicia de la Nación limitó su actuación respecto de las garantías individuales. Por mayoría de votos y luego de dos sesiones de discusión privadas, el pleno concluyó que el artículo 97 de la Constitución sólo faculta a esa institución para hacer una descripción de las violaciones y señalar a los responsables de los acontecimientos. Lo que les “impide” hacer recomendaciones de sanción en contra de estos.

18 de agosto de 2007

Seis helicópteros de las policías estatal y federal desalojan en forma violenta los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, ubicados en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde habitaban bases de apoyo del EZLN. El grupo guerrillero responsabiliza a Felipe Calderón Hinojosa, “gobernante de los ricos de México”, y a Juan Sabines Guerrero, “gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas”.

30 de noviembre de 2007

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, son reprimidos por la Policía Federal Preventiva. “Por andar de guerrilleritos se los va a cargar la chingada”, amenazan los agentes del orden.

11 de enero de 2008

Al menos 800 policías federales, estatales y militares desalojan de la propiedad de Grupo México a los mineros de Cananea, Sonora, en huelga desde el de julio de 2007.

24 de enero de 2008

Felipe Calderón publica en el Diario Oficial de la Federación el Programa sectorial de defensa nacional 2007-2012. Por decreto presidencial, el combate al crimen organizado y al narcotráfico será la principal tarea del Ejército Mexicano durante el actual sexenio. La disposición garantiza que el Ejército se mantendrá en las calles.

 

 

 

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Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 2a quincena Febrero de 2008 | Año 5 | No. 96

 

 

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