Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.
Previamente al anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aumentar el presupuesto destinado a la “capacitación” de los docentes, se abandonaron y desmantelaron en todo el país las instituciones públicas responsables de llevar a cabo esta tarea. Las que se crearon recientemente, a consecuencia de la reforma educativa de 2013, tal es el caso de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), nunca se consolidaron, se perdieron en su propias incapacidades, sin propuestas siquiera visibles, mucho menos de algún impacto real.
Los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano dispondrán de más de 89 mil millones de pesos en 2016. Los militares –Sedena y Semar– incrementan presupuestos en 900 millones
Con la espada desenvainada de capataz contra la disidencia magisterial, el secretario de Educación Pública (aunque en la realidad parece privada): Aurelio Nuño Mayer –con sus exhibiciones ante alumnos, profesores y padres de familia para posicionarse como precandidato presidencial–, no tuvo más opción que comportarse como uno de los Jerges de las satrapías, cuando el mar y la tormenta le desmantelaron sus navíos; pues ante la necesidad de suspender las clases por la tormenta invernal, tuvo que cargar con la derrota. Ridiculizado por la naturaleza debido a este hecho, ese Jerges enfurecido mandó a más de 100 de sus esclavos para darles de azotes al mar, enfurecido por haber tenido que suspender el ataque a sus adversarios. Ahora fue Nuño, quien tuvo que aceptar la suspensión de clases y la ausencia de profesores en las aulas, ya que no tiene a quien despedir ni a quien quitarles su salario. Convertida la SEP en una satrapía o sea, en una organización autoritaria, Nuño tendrá que comportarse como un nuevo Jerges y mandar azotar a la lluvia, los ventarrones y el frío que “conspiraron” para exhibirlo como un funcionario que no las tiene todas consigo.
Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia –prácticamente está en quiebra técnica–, por la apertura del sector energético a la iniciativa privada. Aún así, en 2015 destinó 3 mil 846 millones 552 mil 318 pesos a cuatro de los seis fideicomisos que mantiene vigentes.
Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.
La crisis económica que enfrenta México y los multimillonarios recortes al gasto público derivados de la caída de los precios del petróleo fueron insuficientes para evitar que seis instituciones del gobierno federal entregaran 1 mil 66 millones 265 mil 361 pesos, en 2015, a 570 sociedades y asociaciones civiles.
Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras
El presupuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinará a la seguridad nacional en 2016 rebasa los 89 mil millones de pesos. Nada mal para las dependencias encargadas de “proteger” a la nación en un país económica y socialmente quebrado. Se trata de una cantidad que, por ejemplo, casi triplica el monto asignado a la institución de educación superior más grande de la república. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –con sus 343 mil alumnos, 39 mil académicos y 27 mil trabajadores– recibirá apenas 35 mil millones de recursos federales a lo largo del año.
Hace 24 años funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezados por Francisco Gil Díaz, inventaron un negocio redondo: una contraprestación privada que, sin calificarla como un impuesto, entra a las arcas de la dependencia federal al margen del presupuesto público.
El informe de derechos humanos que presentó el Departamento de Estado, el pasado 22 de abril, lleva implícito el mensaje de que en el gobierno
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE)
Más de 3 toneladas de polvo blanco –con características similares a la cocaína– fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), cerca de
Tercera parte. En la interpretación de los hechos consignados en esta serialización de artículos, es preciso dar a conocer a los mexicanos el ejercicio del
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