La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó su más reciente Joint Operating Environment, conocido generalmente por su sigla JOE, al que en su título le agregó el año en que fija sus proyecciones: 2035.
La semana pasada estuvo en México el secretario general adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Hervé Ladsous. Fue recibido por los mandos superiores de la milicia del país: el general de división Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el almirante Vidal Soberón Sanz, quien encabeza la Secretaría de Marina (Semar).
Un intercambio de palabras en 3 segundos: “Por andar de chismosos”; “qué te pasa, cálmate”; “se creen de huevos, ¿no?”. El sicario sabía que por ahí pasarían los muchachos. Los esperaba. Vació su pistola en ellos y tranquilamente trepó a la camioneta negra que lo escoltaba y que mantenía atascado el tráfico vehicular de la calle.
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
Militares mexicanos firman “convenios de colaboración” con el CCE y la Coparmex. El alto empresariado mexicano participa en la recopilación de información que pueda servir para la seguridad nacional y la educación militar
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene 116 programas y proyectos de inversión multianuales. De todos, sólo a 18 se les asignó recursos en 2016. Si bien las tijeras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pasaron de largo cuando se toparon con las Fuerzas Armadas, lo cierto es que sí obligaron a replantear algunos de los proyectos de inversión de la milicia.
Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.
Si nos atenemos a lo que dice de sí mismo, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es la guerrilla decana de todo el movimiento armado mexicano. Está cumpliendo 52 años de guerra popular prolongada contra el Estado burgués y sus gobiernos. Es decir, fue fundado en 1964: 1 año antes del ataque al Cuartel de Madera (efectuado por el Grupo Popular Guerrillero del duranguense Arturo Gámiz y el chihuahuense Pablo Gómez) y 2 años después del asesinato del morelense Rubén Jaramillo (quien había dejado las armas, se encontraba en la lucha social y fue acribillado por elementos del Ejército Mexicano junto con sus hijos y su esposa embarazada).
Estamos perplejos ante conflictos bélicos y acciones terroristas que no sabemos cómo entender ni combatir. Los atentados del terrorismo yihadista, la misma naturaleza del autodenominado Estado Islámico, tienen unas propiedades que no cuadran con las viejas categorías bélicas. Los nuevos conflictos se llevan a cabo sin Estados, sin ejércitos, fuera de toda lógica territorial. Por eso los clásicos instrumentos militares pierden buena parte de su eficacia en estos nuevos conflictos. Nos enfrentamos a adversarios que no tienen ni territorio, ni gobierno, ni fronteras, ni diplomáticos, ni asiento en el Consejo de Seguridad, ni verdaderas razones para negociar.
Los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano dispondrán de más de 89 mil millones de pesos en 2016. Los militares –Sedena y Semar– incrementan presupuestos en 900 millones
Al señalar que las cuentas de las pensiones de los trabajadores estarán seguras, el titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
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