Los tres hombres más ricos de México: Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y German Larrea Mota-Velasco han conformado parte de su riqueza de la extracción de minerales preciosos como el oro y la plata. Una industria que tiene más de 31 mil concesiones y que deja a su paso conflictividad social y despojo
La presencia de las compañías mineras en comunidades de San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros, ha detonado en conflictos sociales, ya que éstas llegan sin consultar a las comunidades –la mayoría de ellas indígenas–, explotan los recursos y deterioran el medio ambiente
Más de 31 mil concesiones mineras se encuentran en manos de trasnacionales. De éstas, 5 mil fueron otorgadas en los últimos 2 años de la administración de Felipe Calderón, revelan padrones oficiales.
En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es un importante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criterios judiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica
La semana pasada publicamos en esta columna una carta enviada por proveedores de bienes y servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se quejaban de supuestas irregularidades en el área administrativa de esa dependencia a cargo del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.
La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero entre 2007 y 2012. Por el probable delito de lavado de dinero, en ese periodo presentó 232 denuncias ante la PGR que involucran a más de 270 instituciones financieras. Sin embargo, el crimen no fue vulnerado: en el sexenio pasado se blanquearon más de 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga habrían “legalizado” unos 130 mil millones de pesos, se desprende de un análisis del Congreso de Estados Unidos
La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.
Después de estar dormidos por casi 12 años, lapso en el que el Partido Acción Nacional asumió el poder presidencial, los órganos de inteligencia del Estado parecen haber despertado y se han puesto a trabajar para contener uno de los problemas que más preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: el robo de combustibles petrolíferos, clasificado como un asunto de seguridad nacional.
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Una omisión de la PGR podría dejar en libertad a la expresidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo: la averiguación previa no indica el delito previo, predicado o subyacente –considerado como elemento clave en las investigaciones de este tipo– que habría llevado a la Maestra y a sus supuestos cómplices a lavar unos 2 mil 600 millones de pesos. En la querella sólo se señalan el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada, ninguno de los cuales es posible sin la comisión de un primer ilícito, señalan expertos.
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