En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español
Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo
En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es un importante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criterios judiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica
Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En México el derecho constitucional de todo individuo a recibir educación representa una de las obligaciones primigenias del Estado. Para realizar la función educativa pública, el Estado adopta diversas formas de organización administrativa: de manera directa; en forma centralizada y desconcentrada –por conducto de la Secretaría de Educación Pública– a través de organismos descentralizados; o bien delega la responsabilidad, especialmente en educación media superior y superior, a las universidades e instituciones autónomas por ley.
La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero entre 2007 y 2012. Por el probable delito de lavado de dinero, en ese periodo presentó 232 denuncias ante la PGR que involucran a más de 270 instituciones financieras. Sin embargo, el crimen no fue vulnerado: en el sexenio pasado se blanquearon más de 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga habrían “legalizado” unos 130 mil millones de pesos, se desprende de un análisis del Congreso de Estados Unidos
La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.
La noche del 10 de octubre de 2009 en que fueron tomadas por asalto las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para ejecutar –aun antes de su publicación– el decreto de su extinción, el Ejército Mexicano enlodó su casta de institución patriótica al servicio del pueblo, cuando a soldados disfrazados de policías federales se les utilizó como golpeadores, incluso con la orden de tirar a matar, para desalojar, a punta de bayoneta y con lujo de fuerza, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El Estado de México encabeza la lista de las entidades con más asesinatos de mujeres en los últimos 25 años. En ese periodo, las ocho administraciones fueron del PRI.
En el caso de los electricistas que Felipe Calderón y su secuaz empleado Javier Lozano Alarcón (dos nazis que abusaron del poder) dejaron en el desempleo, los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación –Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Fernando Franco y Sergio Valls– resolvieron el reclamo laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como propuso el ideólogo de Hitler y el nazismo, partidario de la autocracia y enemigo a muerte de la democracia y el republicanismo, Carl Schmitt (Estudios sobre Carl Schmitt, varios autores, Siglo XXI, España), quien argumentaba que el defensor e intérprete de la Constitución y único beneficiario debería ser, en ese entonces, el Führer Hitler o el Duce Mussolini. Ahora, pues, la Primera Sala favoreció al borrachín Calderón y al lengua suelta y brabucón Lozano, ¡ahora senador, al estilo de cuando Calígula hizo senador a su caballo!
En 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –encabezada por Francisco Gil Díaz– reportó modificaciones multimillonarias al presupuesto de ese ejercicio, y una de
“Así como mienten nuestros adversarios aquí en México, miente el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos: ellos también dicen que nosotros iniciamos una
Ante las múltiples campañas de propaganda negra que se han desatado tanto en corporaciones mediáticas como en redes sociales contra la llamada cuarta transformación, el
El informe de derechos humanos que presentó el Departamento de Estado, el pasado 22 de abril, lleva implícito el mensaje de que en el gobierno
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