ONU exige búsqueda exhaustiva para defensor mixteco Alejandro Ortiz Vázquez
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una Acción Urgente para que el Estado mexicano busque y
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una Acción Urgente para que el Estado mexicano busque y
Amnistía Internacional exigió a las autoridades mexicanas esclarecer de manera “inmediata”, exhaustiva e imparcial el asesinato de Julián Carrillo, defensor de la tierra y el
La ONU y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos señalan: el Estado mexicano sigue ejecutando extrajudicialmente y haciendo uso excesivo de la fuerza. Lo de Oaxaca, la norma y no un hecho aislado
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
El aguacero había cesado y la selva escurría. Noche cerrada, sin luna. Las chicharras, alborotadas por la lluvia, zumbaban en coros de miles: un chirrido atronador. Un huaco, a lo lejos, lanzaba su graznido de advertencia. El vaivén de la hamaca dejaba asomar una guitarra, apenas rasgada de vez en vez por Berto, quien dormitaba, susurraba, soñaba.
Los informes de derechos humanos en México, tanto nacionales como extranjeros, coinciden: más asesinatos, desapariciones… e impunidad. No hay voluntad política para buscar justicia y verdad: Solalinde
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
Contratos fuera de presupuesto asignados directamente e incrementos de hasta tres veces en sueldos de directivos, entre otras irregularidades financieras y administrativas. Todo, con recursos que la oficina en México de Amnistía Internacional recibe de subvenciones, préstamos, ingresos por membresía y donaciones. Cuando integrantes de la organización alertaron de la situación a sus superiores, fueron despedidos. Perseo Quiroz, director, rechaza que existan irregularidades, pues cuentan con “mecanismos de control rigurosos”.
En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles.
Los ataques en medios y redes sociales contra la reforma de pensiones se deben a que las Afores no quieren perder el negocio, pues hasta
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