Catorce expedientes de queja, 13 puntos recomendatorios y 84 páginas de evidencias documentales conforman la Recomendación 14/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Acredita la violación de 11 derechos fundamentales por parte de la actual administración de la UACM, encabezada por Esther Orozco.
Más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, 2 mil casos de tortura y tratos crueles e inhumanos y 210 agresiones contra defensores de derechos humanos son algunos de los saldos de la “guerra” contra el narcotráfico denunciados ante la CNDH, revela en entrevista con Contralínea el presidente de esa comisión.
El asunto viene de lejos. Tanto, que antes de que fuera yo a visitar a los compañeros detenidos por el movimiento estudiantil de 1968, ya tenía referencias: en las prisiones –me decían– hay quienes gozan de amplias libertades, tratos amables, y aquellos que viven en la zozobra, casi en la esclavitud.
Protagónico hasta el final de su mandato, Felipe Calderón agregó a su sexto Informe de Gobierno enviado al Congreso de la Unión, dos iniciativas para “urgente” resolución. Una de ellas, la Reforma Laboral, que ya fue desechada en la legislatura recién concluida, pero ahora aderezada con la intención de auditar a los sindicatos. Puede decirse que el presidente intenta colgarle el cascabel al gato, es decir, agarrar en curva a los nuevos diputados, y mediante artificiales cortinas de humo ocultar problemas de mayor calado para el país y su economía, como fue la silenciosa apertura del sector energético a particulares, sobre todo a firmas extranjeras que, en el caso del sector eléctrico, han terminado por controlar poco más de la mitad de la generación de electricidad en el país.
Durante la celebración del 75 aniversario de la CFE, el presidente Felipe Calderón Hinojosa no tuvo el menor recato ni el mínimo sentido común cuando volvió a referirse a la Comisión Federal de Electricidad como una “empresa modelo”, puntal del desarrollo económico y comprometida con el bienestar de los mexicanos.
El próximo gobierno tendrá que afrontar la desventajosa entrega que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho del sector eléctrico a las trasnacionales. Desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, en 2000, hasta 2011, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó un promedio de 772 permisos a productores independientes y productores externos de energía. El gobierno federal pactó con muchos de ellos la compra de su generación eléctrica mediante desventajosos contratos para el país con vigencias de hasta 25 años.
A pesar de que México es uno de los cinco países con mayor biodiversidad en el mundo, el resguardo de sus ecosistemas terrestres sólo alcanza al 13 por ciento; y de las zonas marinas a menos del 2 por ciento.
En lo que va del sexenio, 87 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Michoacán, según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No obstante, el organismo autónomo no ha emitido ninguna recomendación. Las autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia tampoco han investigado los casos. Las quejas refieren que los principales responsables son militares y elementos de la Policía Federal
La ejecución del megaproyecto Plan Integral Morelos impulsado por el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa trasnacional española Elecnor, consiste en la construcción de un gasoducto y dos centrales termoeléctricas, lo cual representa un riesgo para la vida de las comunidades que habitan el territorio en las que se pretende realizar la construcción.
Hueca como buena parte de las propuestas electorales del Partido Revolucionario Institucional, la promesa de bajar las tarifas eléctricas en el país implicaría en los hechos un verdadero análisis y debate nacionales sobre la situación que guarda en su conjunto la industria eléctrica en el país, ya que la medida no sería viable únicamente fomentando la inversión privada en Pemex para generar más energía a través del combustóleo, como lo planteó el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, el diputado [con licencia] Luis Videgaray.
La delincuencia organizada transnacional es una de las principales causas de la deforestación, contaminación de agua y suelo, violencia, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental
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