La intervención de comunicaciones es cada vez más recurrida por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la supuesta investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada y las “amenazas” a la seguridad nacional.
A los líderes de los partidos y todo su séquito de ayudantes no les basta los miles de millones de pesos que consumen del dinero público que sale de los bolsillos de los contribuyentes, en una simulación democrática que sale muy cara a los mexicanos y que nunca ha podido garantizar un comportamiento honesto y transparente en el procesos electorales, ahora quieren responsabilizar al Ministerio Público Federal de sus corruptos y delincuentes candidatos que en cada elección proponen para ocupar cargos populares.
La empresa de espionaje italiana Hacking Team –hackeada en julio pasado– sí ha firmado contratos con el actual gobierno. Al menos dos de ellos, por 410 mil euros, amparan la adquisición de software para intervención de comunicaciones.
Cuando Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, todos los días recibía en su escritorio una carpeta enviada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Contenía un resumen de lo que ese órgano de inteligencia consideraba importante sobre el país y de urgente atención para el presidente, a fin de tomar las decisiones más adecuadas e inmediatas.
El gobierno federal cuenta con, al menos, nueve vehículos aéreos no tripulados o drones. Los más caros están al servicio de la Policía Federal, la cual pagó por dos unidades 48 millones 500 mil dólares (unos 638 millones de pesos) a la israelí Elbit Systems, Ltd. Con la misma compañía, la Sedena adquirió también dos aeronaves cuyo costo ascendió a 25 millones de dólares (alrededor de 329 millones de pesos).
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
Desde el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano se diseñó un operativo para desprestigiar y desactivar un movimiento abierto y ciudadano: el estudiantil #YoSoy132.
Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.
Espionaje ilegal, ausencia de rendición de cuentas, violación a derechos humanos, impunidad, falta de control social, ineficiencia… Definiciones que surgen de especialistas, legisladores y de los propios funcionarios cuando se trata de analizar seriamente el desempeño de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la defensa nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.
Puntual como acostumbra ser para sus actividades laborales, el secretario de Estado Miguel Ángel Osorio Chong llegó a su cita con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Era la mañana del pasado 28 de junio. Traje oscuro impecable, corbata y zapatos lustrosos vestía el responsable de la política interna del país. En la sala de juntas ya lo esperaban senadores y diputados. Al titular de Gobernación lo acompañaba un equipo mínimo de asesores, de esos que acostumbran a elaborar tarjetas informativas ante preguntas incómodas o difíciles de responder. Sólo un fólder con documentos y notas al margen llevaba el funcionario.
La delincuencia organizada transnacional es una de las principales causas de la deforestación, contaminación de agua y suelo, violencia, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental
Los ataques en medios y redes sociales contra la reforma de pensiones se deben a que las Afores no quieren perder el negocio, pues hasta
Ante la falta de información sobre el próximo proceso electoral, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a las autoridades
Después de la irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en ese país y la posterior demanda presentada por el gobierno del
CONTRALINEA.COM.MX
© Contralínea 2023
