De la mano de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y los Caballeros Templarios, las delincuencias panameñas se transforman. El gobierno, en carrera contra el tiempo antes que la narcoviolencia explote

Nubia Piqueras Grosso/Prensa Latina

Panamá, Panamá. Tiroteos en lugares públicos como un parque de diversiones, con el consiguiente saldo de víctimas fatales inocentes, disparan las alarmas sobre la inseguridad en Panamá, un fenómeno que va más allá de la percepción social.

Sin importarles los daños humanos y al más puro estilo mafioso, los sicarios ajustan sus cuentas en medio de la multitud, poniendo en peligro a quienes transitan por las calles de esta ciudad, donde los hechos violentos crean temores en la población.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos 10 años las organizaciones delincuenciales en Panamá aumentaron de 88 a 205 y las pandillas se fusionaron con grandes y estructuradas bandas del crimen organizado.

Tal crecimiento disparó las tasas de homicidios entre 2000 y 2010, con cifra récord en 2009 de 22.4 por cada 100 mil habitantes, de los cuales el 63 por ciento se concentró en jóvenes entre 15 y 29 años. Dichas estadísticas tuvieron un descenso de 2010 a 2014, no así el número de pandillas criminales.

Pero lo más interesante del fenómeno es la manera en cómo actúan los delincuentes en Panamá, donde las bandas dejaron el menudeo en la venta de drogas y el robo, para extender sus acciones fuera de las fronteras nacionales.

Según algunos expertos, su poder ahora es similar al de los grupos organizados que provienen de Colombia y México, y el look de sus cabecillas principales dejó de ser el del delincuente común que vestía de camiseta y tenis, para optar por la ropa elegante.

Dejaron atrás los barrios populares y se mudaron a residenciales exclusivos, frecuentan sitios costosos y exhiben alto poder adquisitivo al pagar con gruesos fajos de billetes, describió recientemente el diario La Estrella de Panamá al abordar el tema.

Pero la transformación también se observa en el modus operandi, y de ello da fe un análisis del Sistema de Integración de Estadísticas Criminales, el cual refiere que las más grandes pandillas panameñas poseen hoy su centro de operación en Costa Rica, lo que constituye una bomba de tiempo para la seguridad de ambos países.

Investigaciones realizadas estiman que entre las fronteras de Panamá y su vecino hay 356 “puntos ciegos” que facilitan el tráfico de drogas y automóviles robados, el contrabando de productos y la trata de personas.

El estudio precisa que la nación costarricense es actualmente el centro de almacenamiento de las sustancias ilícitas que se trasiegan por Panamá a través de Puerto Limón, provenientes de Colombia, Ecuador y Perú.

Según la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional, las dos bandas más importantes del país, Bagdad y Kalor Kalor, tienen su sede de operaciones en Costa Rica, y no se descartan vínculos con las maras del triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y los cárteles mexicanos de Sinaloa, Caballeros Templarios y del Golfo.

Situación que despierta preocupación entre las autoridades, al igual que el modus operandi actual, en tanto ya los pandilleros controlan rutas de tráfico a lo largo del país para asegurarse que la mercancía arribe a su destino: los cárteles mexicanos.

Para ello reclutan a jóvenes, quienes ganan 100 dólares diarios por cada kilo de drogas que cuidan. De ahí la negativa de muchos a integrar los programas de reinserción social como Barrio Seguro y los empleos que ofrece el gobierno nacional, pues los salarios son muy bajos.

A este grupo poblacional se suman las mujeres, las cuales son reclutadas para protagonizar robos, actos de sicariato, extorsión y transporte de drogas.

Otra modalidad que destaca por su mutación es el hurto pecuario, en tanto informes de Insigth Crime indican que los grupos organizados del crimen utilizan al ganado para transportar drogas junto a los cárteles mexicanos, sustancias que introducen en condones por el recto de estos animales, al igual que dentro de frutas y vegetales.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito describe que las pandillas en el istmo se asemejan a una “oficina de cobro”, una nueva estructura en la que personas influyentes pagan comisiones para permitir la entrada de contenedores cargados de droga a través de puertos.

Durante su reciente intervención en el espacio televisivo Debate Abierto, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, reveló que actualmente investigan casos de políticos presuntamente ligados al narcotráfico, aunque no mencionó nombres.

Pese a estas realidades, el titular insistió en las estadísticas para demostrar el camino recorrido en casi 2 años de combate a la violencia, mérito que muchos reconocen en el actuar de la Policía Nacional con sus constantes operativos en zonas rojas del país con saldos positivos.

Y aunque los niveles de inseguridad no se acercan a los registrados en países vecinos como Colombia, Honduras y El Salvador, la percepción de riesgo y el miedo en la ciudadanía aumenta cada día, dada la forma violenta en que los pandilleros saldan sus cuentas con total desprecio a la vida humana.

Barrio Seguro

A pesar de ello, el pasado año las autoridades panameñas lograron desmantelar 23 pandillas y reinsertar a la sociedad a más de 4 mil jóvenes en conflicto con la ley, como parte de Barrio Seguro, un programa que promueve la reinserción laboral, tras preparar a los que se acogen a él en el dominio de un oficio.

Con esta iniciativa, precisó Aguilera, le damos la oportunidad de trabajar para la comunidad, luego de ser sometidos a tratamiento y diagnóstico sicosocial, y a un entrenamiento vocacional, que le permite cambiar el rumbo de su vida y sanearse de las adicciones.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro en el tema de la prevención, pues como expresó el exviceministro de Seguridad (2004-2009) Severino Mejías, en 26 años de gobiernos democráticos sólo emergieron recetas con alto contenido político como resultado de la estrategia trazada por el partido de turno en la Presidencia.

Ya es hora de adoptar una política de Estado para combatir la violencia, pues sólo a él le compete garantizar la seguridad ciudadana, apuntó.

El actual profesor de la Universidad de Panamá aseguró que la prevención no es sólo rescatar a un pandillero y tratar de resocializarlo dándole un subsidio o trabajo, sino también trazar directrices que permitan aislar del medio hostil a un individuo, en el que desde niño subyace una conducta antisocial por naturaleza.

El narcotráfico, dijo, es un generador de violencia, al igual que las armas de fuego, las municiones y las pandillas convertidas en bandas, por ello debemos ejecutar una estrategia de prevención integral que favorezca también el rescate de los capos que ganan millones de dólares con el tráfico de droga.

Pero como expresó el exdirector de la Policía Nacional (2004-2009) Rolando Mirones, este fenómeno no es casuístico ni sencillo de resolver, en tanto su solución resulta multisectorial y pasa por temas tan complejos como el control de la migración interna y externa, trazar políticas de desarrollo en el sector agrario y dotar a la policía de más recursos tecnológicos.

Aristas todas de un mal que siembra pánico y muerte en una sociedad donde al menos el 19 por ciento de los encuestados por la empresa Ipsos-Panamá reconoció haber sido víctima de al menos un delito.

Siendo un niño, Jaime dejó la escuela para ingresar a una pandilla con sólo 13 años. Luego, a los 16, vio morir a un amigo en sus brazos, mientras lo auxiliaba tras caer gravemente herido en una balacera.

Ésta es sólo una de las historias que unen a los más de 4 mil jóvenes panameños en riesgo social que hoy se acogen a Barrio Seguro, un programa que intenta darle un vuelco a la vida de estas personas a través del trabajo y el estudio.

Y es que la prevención, como aseguró recientemente el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, resulta la solución rápida, efectiva y menos costosa a un problema que cada vez se torna más peligroso.

Heredamos del gobierno anterior un país extremadamente violento, lo cual nos obligó a tomar medidas como la instrumentación de operativos policiales y la creación de la Fiscalía Antipandilla, que en la actualidad exhiben sus primeros frutos, precisó el titular.

En tal sentido, resaltó la cifra récord de 58 toneladas de drogas incautadas el pasado año, que convirtió a Panamá en el segundo país de la región, después de Colombia, en lograr este resultado.

A su vez, se desmantelaron 23 bandas y los homicidios bajaron de 17 a 12 por cada 100 mil habitantes en casi 2 años, cifra que para 2016 podría ser de 10, y así convertirnos en una de las naciones más seguras de Centroamérica y el Caribe, aseveró.

Pero más allá de las cifras alentadoras y del trabajo de la policía, algo en lo que coincide la mayoría de los ciudadanos, las cosas no andan bien en cuanto a seguridad, según hizo saber el exdirector de la Policía Nacional (2004-2009) Rolando Mirones.

Al hablar del tema hizo referencia a la migración interna y externa, un fenómeno que “crea una presión terrible en el país, pues el desorden es tal que cualquiera puede entrar como turista, sin contar los que legalizan”, dijo.

A esto se suma la gente que deja de cultivar la tierra y emigra a la ciudad en busca de mejores oportunidades, en tanto no existe una adecuada política de estímulo al desarrollo del agro; situación que hasta cierto punto incide en los niveles de violencia doméstica, agregó.

Por ello urge la definición de una política que regule el tipo de inmigrante que deseamos potenciar, a partir de nuestras necesidades reales de fuerza de trabajo calificada, aseguró la abogada Mariela Ledezma.

Según cifras del Ministerio Público, mujeres de entre 18 y 39 años de edad, la mayoría de ellas madres, son hoy las principales víctimas de la violencia doméstica (13 por ciento) en Panamá, un fenómeno que va en ascenso.

Esta situación permea a la sociedad, pero sobre todo a los niños, quienes ven que el prototipo de hombre que admiran, su padre, llega borracho, le pega, grita, maltrata y hasta asesina a su madre, explicó Ledezma.

Sin embargo, ésta es sólo una de las aristas de un fenómeno más complejo, donde el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) enumera entre los móviles más comunes de asesinatos al pandillerismo (16 por ciento), las rencillas entre delincuentes (14 por ciento), los daños colaterales (11 por ciento) y las peleas personales (siete por ciento).

Precisa la fuente que las provincias más comprometidas con las estadísticas fueron Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Coclé y Veraguas; en tanto Pacora, Tocumen, David, San Miguelito, Chorrera y la Comarca Ngäbe-Buglé son las áreas poblacionales de mayor incidencia.

A pesar de los programas preventivos y de resocialización instrumentados por el gobierno como Barrio Seguro, la violencia se apodera de las vecindades fundamentalmente los fines de semana en horas de la noche y la madrugada, refiere el informe del SIEC.

De ahí la necesidad de adoptar una política pública de Estado que garantice la permanencia en el tiempo de programas como éste, afirmó el exviceministro   de Seguridad (2004-2009) Severino Mejías, para quien la prevención es el eje más importante en cualquier estrategia criminalística.

Reconoció que el esfuerzo principal del Estado debe concentrarse en el combate al narcotráfico, en tanto Panamá es la boca del embudo de la droga que viene del sur del continente.

 “La principal fortaleza del crimen organizado trasnacional no es el trasiego de cocaína, sino la capacidad de corromper”, sentenció el profesor de la Universidad de Panamá.

Al respecto, afirmó que ya en el país existen indicios de servidores públicos a los que se le detectaron drogas en su poder, lo cual resulta una luz de alerta en cómo el crimen organizado comienza a meterse en la estructura de la sociedad, y eso hay que atenderlo a tiempo.

Aguilera aseguró que cada 6 meses se reúne con las autoridades colombianas como parte de la comisión binacional fronteriza, que también se activó con Costa Rica.

Recordó que justamente en Paso Canoas, el punto fronterizo con esta nación vecina, existen organizaciones que se dedican a facilitarle a los narcotraficantes internacionales la custodia y el tránsito de la droga hacia ese territorio.

De acuerdo con datos de la policía, Colombia incrementó en un 80 por ciento la producción de droga, lo cual obligó a redoblar los esfuerzos contra ese delito en el país.

Pero la única manera de contrarrestar esta situación es que todo el Ejecutivo se integre para buscar la respuesta más completa a la criminalidad junto a la sociedad, advirtió Mejías.

Llama la atención que el Anuario de Seguridad Regional en América Latina y el Caribe 2015, elaborado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, sugirió la adopción de una política criminológica gubernamental integral como vía para subsanar el problema de las pandillas, el narcotráfico y el crimen.

Mención aparte merecen, también, las iniciativas adoptadas por la actual administración como la Policía Comunitaria y los puestos móviles de control, que permiten actuar de manera inmediata ante hechos delictivos como el robo a bancos.

Lo cierto es que más allá de las estadísticas, las pandillas de delincuentes comunes evolucionan peligrosamente a bandas del narcotráfico con incidencia transfronteriza, realidad que especialistas consideran una bomba de tiempo a punto de estallar, si las acciones no frenan el creciente uso del territorio nacional para sus actividades ilícitas.

Nubia Piqueras Grosso/Prensa Latina

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

Contralínea 485 / del 25 al 30 de Abril, 2016