Confirmado: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), nuestro aparato de inteligencia civil, no sólo se dedica a “proteger” a la nación desde las 32 entidades que integran la República Mexicana. Émulos de sus pares de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), a nuestros arrojados agentes secretos les alcanza para meter sus narices y penetrar un número indeterminado de países y, desde ahí, hacer lo que saben para que nadie atente contra el régimen… perdón, el Estado mexicano.
El Cisen generó un documento de cinco fojas para explicar por qué –según su punto de vista– no podía entregarnos la información que le solicitamos por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Centro esperó al último minuto del último día del tiempo fijado por la ley, para responder lo que había decidido desde el momento en que le llegó la petición: que por motivos de ¡seguridad nacional! no puede decirnos cuántas “representaciones” en el extranjero posee, ni en qué países se encuentran, ni cuántos elementos están desplegados en aquellas naciones. Tampoco, cuál es el objetivo de aquellas misiones (de no ser el genérico: “proteger” a la nación) ni el monto erogado en el mantenimiento de aquellas representaciones. Como siempre, el pretexto de la “seguridad nacional” para no rendir cuentas y mantener en la opacidad el ejercicio de recursos públicos.
Pero no todo está perdido. De la lectura del documento se pueden obtener varias conclusiones. La primera es la confirmación de la propia institución de que tiene desplegados elementos más allá de las embajadas y consulados mexicanos en todo el mundo. En efecto, no se trata de misiones en los inmuebles oficiales del Estado mexicano, porque para las “representaciones” que buscamos documentar, el Centro paga rentas anuales que superan los 32 millones de pesos.
También queda claro que los enviados por el Cisen a otros países no tienen otro objetivo que el de “producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, a fin de preservar la seguridad nacional, la gobernabilidad y el estado de derecho”, como se asienta en el documento.
Para explicar lo que sus “representaciones” fuera del país realizan, incluso el Centro, en su respuesta, cita el artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional: “operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional”; “procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país”; “proponer medidas de disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales”; y, entre otras actividades, “adquirir, administrar y desarrollar tecnología especializada para la difusión confiable de las comunicaciones del gobierno federal en materia de seguridad nacional”.
Y en lo que resta del documento, el Cisen busca justificar por qué toda la información que solicitamos tiene carácter de “reservado”. Dice que de informar a la sociedad lo que requerimos en este espacio, se incurriría en un “daño presente” a la institución, pues “se revelarían aquellas actividades operativas y logísticas encaminadas a la preservación de la seguridad interior de la Federación, así como aquellas relacionadas con inteligencia que permitan distinguir las distintas opciones para definir las políticas de seguridad nacional, en las que se vislumbran objetivos, estrategias y acciones con las que cuenta el Centro”. Cabe señalar que nadie le pidió al Cisen que revele sus “actividades operativas y logísticas”.
Otro “daño probable” que según el Cisen se le ocasionaría al rendir medianamente cuentas sería brindar “pautas para aquellos interesados en promover la ineficiencia del sistema de investigación e información que opera la Institución, afectando el estado de fuerza y las capacidades operativas del Centro y del Estado mexicano…” (sic).
El Cisen observa un “daño específico” más. “De revelarse la organización interna se daría a conocer la capacidad de reacción, los métodos y procedimientos con los que cuenta el Centro para el desarrollo de tareas de inteligencia y contrainteligencia, impidiendo la disuasión, prevención, contención y desactivación oportuna de riesgos y amenazas”. ¿Y quién le pidió que revelara su organización interna?
También, para mantener oculta la información, el Cisen argumenta un “daño personal”. La revelación de la información solicitada, “constituiría la base para la identificación y ubicación física de los servidores públicos adscritos a cada oficina, por lo que aumentaría exponencialmente el riesgo de su seguridad e integridad personal”. ¿Y aquí quién solicitó que se entregaran los nombres, fotografías o identidad de los agentes? Tampoco se pidió que dijeran qué papeles encubiertos están desempeñando ni los lugares o regiones donde se encuentran.
Para reforzar sus argumentos de la reserva, el Centro agrega que: “la información […] de la estructura orgánica y el detalle de unidades administrativas y las actividades específicas que cada una de ellas realiza […] podrían reflejar sus capacidades operativas…”. Y dale: no le solicitamos su estructura orgánica ni las actividades específicas de sus unidades.
Como podemos observar, el Centro utiliza información que no requerimos para ocultar aquella que sí solicitamos. Lo mismo de siempre: la opacidad y la falta de rendición de cuentas en nombre de la seguridad de la nación, una “nación” de la cual el pueblo, la sociedad, no es partícipe.
Con todo, hoy sabemos que, para estar seguros, los mexicanos pagamos y enviamos a agentes de seguridad nacional al extranjero a realizar labores de inteligencia y contrainteligencia.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]
Contralínea 483 / del 11 al 16 de Abril, 2016
