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refinería de Dos Bocas, en Tabasco

Entre el 31 de diciembre de 2020 y los primeros días de este año, la administración del ingeniero Octavio Romero Oropeza en Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo que saldar todos los pagos a contratistas y proveedores de la nueva Refinería Dos Bocas. Ello, luego de que jineteó durante todo el año pasado los multimillonarios recursos que le entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para esa obra, pese a que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue dar prioridad al megaproyecto que no sólo será emblema de su gobierno, sino que es crucial para recuperar la autonomía energética.

A diferencia de lo que ocurrió con el resto de contratistas de la petrolera –que enfrentaron retrasos en sus pagos por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19–, en el caso de Dos Bocas siempre se tuvo el recurso para su construcción. Fuentes de la Secretaría de Hacienda confirman a Contralínea que cada peso requerido por ese proyecto se transfirió puntualmente a Pemex y, en algunas ocasiones, incluso se entregó con anticipación para no retrasar ningún trabajo.

No obstante, en Pemex se decidió utilizar ese presupuesto en otros fines que aún no han sido esclarecidos. Ello, bajo el amparo de un esquema que terminó triangulando los miles de millones de pesos que salían de Hacienda. Y es que éstos se canalizaron a la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex y no a la filial privada PTI Infraestructura en Desarrollo (antes perteneciente al Grupo PMI), encargada de administrar la obra de Dos Bocas. Y aunque Finanzas estaba obligada a transferirlos de inmediato a PTI –para que esta última pudiera hacer frente al pago de contratistas y proveedores de la nueva refinería, así como a todos los demás gastos relacionados–, no lo hizo.

El problema creció de tal forma que tanto Hacienda como la Secretaría de Energía –que encabeza la ingeniera Rocío Nahle– se vieron obligados a informar al presidente de la alarmante situación. En consecuencia, López Obrador intervino directamente para que Pemex liberara los pagos. No obstante, la petrolera pudo hacerlo hasta el cierre del año cuando, desde el Consejo de Administración, se le autorizó contratar deuda porque ya no contaba con los recursos que le había entregado Hacienda.

Antes de que el presidente de México llamara la atención a su amigo Romero Oropeza por estos atrasos en los pagos, hubo fricciones al interior del Consejo en varias ocasiones; los reclamos de la presidenta Nahle y de los representantes de Hacienda incluso quedaron asentados en varias actas de sesión, pues era insostenible que Pemex arbitrariamente decidiera usar recursos etiquetados para Dos Bocas en otros asuntos.

El tema no es menor porque desde la Dirección Corporativa de Finanzas se pudo haber incurrido en el delito de peculado (desvío de recursos públicos). Y es que se estima que de cada 10 pesos que Hacienda entregó en 2020 a Pemex para este megaproyecto, se dejaban de entregar a PTI 6.5 pesos en promedio.

Luego de la intervención del presidente López Obrador, los consejeros acordaron que de ahora en adelante todo el recurso que Petróleos Mexicanos obtenga para Dos Bocas se destine de inmediato a la filial PTI, para evitar retrasos en la construcción que podrían acarrear sanciones a Pemex, con lo cual se tendría un costo adicional por multas.

La participación de PTI

El problema de fondo en este asunto es que en Pemex se siguen empleando de forma discrecional las empresas “privadas” ciento por ciento de su propiedad. Ese es el caso de la administradora de Dos Bocas: PTI Infraestructura de Desarrollo.

La filial “privada” pertenecía al Grupo PMI y fue creada en el sexenio de Enrique Peña para adquirir con sobreprecio la planta chatarra de Agro Nitrogenados. No obstante, en su 942 sesión extraordinaria del 17 de mayo de 2019, el Consejo de Administración la eligió como encargada de desarrollar el megaproyecto.

Con ello se canceló la fusión de la entonces PMI Infraestructura en Desarrollo con PMI Norteamérica, planeada como parte de la reestructuración de las filiales que la petrolera maneja al margen de la ley (bajo el derecho privado y no el correspondiente al ámbito paraestatal, en el caso de las empresas constituidas en México, y bajo jurisdicción legal extranjera, en los casos de las que radican en otros países).

Y es que en su 942 sesión extraordinaria, el Consejo de Administración de autorizó “la modificación de los Acuerdos CA-070/2016, adoptado el 8 de julio de 2016 en sesión 909 extraordinaria, y CA-142/2016 de la sesión 915 extraordinaria del 14 de diciembre de 2016, relativos a la Implementación de la Reingeniería Corporativa de las Empresas Filiales, a fin de cancelar la fusión de la empresa PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV (hoy PTI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV) con PMI Norteamérica, SA de CV, por una parte y, transferir la totalidad de las acciones de PMI Norteamérica en PMI Infraestructura de Desarrollo a Pemex Transformación Industrial, como parte de la Primera Reorganización Corporativa de Petróleos Mexicanos en términos del Transitorio Octavo, Apartado A, de la Ley de Petróleos Mexicanos”.

Avances de la obra

Pese a los atrasos, al 18 de octubre de 2020 la obra presentaba un avance del 24 por ciento (preparación del sitio de relleno, licitaciones, cimentaciones, compactación, vialidades, compra temprana, diseño de ingeniería, estudios diversos, trabajo en áreas de servicio externos y construcción de edificios).

Para entonces se tenían formalizados 114 contratos con 60 empresas y se habían colocado órdenes de compra de 1 mil 62 equipos –73 por ciento con proveedores nacionales–. Además la filial de Pemex Transformación Industrial, PTI, había erogado 30 mil 376 millones de pesos, equivalente al 73 por ciento de su presupuesto.

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