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El 93% de la matriz energética de México es no renovable: IBD

El 93% de la matriz energética de México es no renovable: IBD

El 93 por ciento de la matriz energética de México corresponde a energías no renovables, donde predominan las derivadas del petróleo (46 por ciento) y gas natural (39 por ciento), indica el estudio Las energías renovables en la opinión pública, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) que depende del Senado de República.

También detalla que las energías provenientes del carbón representan el 6 por ciento, las nucleares el 2 por ciento y las renovables únicamente el 7 por ciento. “México es un país cuyo desarrollo ha sido altamente dependiente de los hidrocarburos, situación que se refleja en su matriz energética, la cual no ha variado en lo sustancial en las últimas décadas”, refiere el texto.

Según el Informe nacional de monitoreo de la eficiencia energética de México, el 85 por ciento del consumo energético entre 1990 y 2015 procedió de la participación del petróleo, el gas natural y sus derivados.

El trabajo del IBD expone que aproximadamente el 95 por ciento de los mexicanos están interesados en las fuentes de energía renovable (44.9 por ciento mostró mucho interés y 49.5 por ciento poco). No obstante, el desconocimiento predomina: los dos tipos de energías renovables más identificados, erróneamente, son la gasolina con 51.9 por ciento de menciones, y el gas natural con 37.7 por ciento, pero ambas pertenecen a combustibles fósiles o sus derivados.

La tercera mención más frecuente en los tipos de energías renovables sí fue correcta: la eólica con 37.4 por ciento. Sin embargo, el diésel (35.4 por ciento) y el carbón (35 por ciento) también aparecen en la lista a pesar de no ser energías limpias.

“En noviembre de 2020 fue aprobado en el Senado el Acuerdo de Escazú. Como parte firmante de dicho acuerdo, México contrajo ciertas responsabilidades en términos de derechos ambientales, de manera que debe ser más vigilante en cuanto al acceso a la información ambiental, la apertura a espacios de participación en tomas decisiones y acceso a mecanismos de justicia ambiental”, apunta el IBD.