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El próximo lunes 15 de marzo un juez federal con sede en el Reclusorio Oriente podría dictar vinculación a proceso en contra de Jorge Lavoignet Vásquez –exdirector del Secretariado del Instituto Nacional Electoral– por los delitos consistentes en abuso sexual agravado y hostigamiento sexual, por lo que –en caso de ser procesado y hallado culpable– este exalto funcionario del INE podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

La denuncia penal data del 12 de junio de 2018 y fue presentada por dos víctimas (sus exsubordinadas Karla https://bit.ly/3et0IUq  y Margarita) de quien fuera identificado en su momento como protegido del doctor Lorenzo Córdova Vianello.

La denuncia penal fue interpuesta ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas cuando Lavoignet aún se desempeñaba como director del Secretariado del Instituto.

Las dos víctimas estuvieron laboralmente subordinadas a Lavoignet en diferentes periodos, y ambas sufrieron el mismo comportamiento abusivo: el directivo les pidió favores sexuales a cambio de renovarles sus contratos temporales con vigencia de 1 año.

Sin su consentimiento, el exfuncionario del INE les tocaba sus partes íntimas cada que las mandaba llamar. En la narrativa de hechos, Margarita indica que “en el año 2012 comenzaron los primeros hostigamientos. Era algo que podía dejar de lado: besos en la mejilla, abrazos, el saludo dirigiendo su mano hacia mi glúteo por parte del licenciado Jorge Lavoignet. Conducta que realizó en varias ocasiones”.

Líneas más adelante, la víctima se refiere a hechos ocurridos en 2015, cuando el exdirectivo le ofreció renovar su contrato. “Cuando me presento [a su oficina] a firmar dicho contrato noté de inmediato el acercamiento por parte de Lavoignet, quien me manifestó que si deseaba ser su amiga y que, de ser así, las cosas me iban a favorecer, poniendo su mano en mi pierna y sentándose a mi lado”.

Margarita aseguró en la denuncia que de inmediato se levantó del asiento, le dio las gracias y se retiró a su área de trabajo. Entonces laboraba como edecán en otra área pero la mandaban constantemente a la oficina del exfuncionario. “De ahí [en adelante] los saludos y las despedidas comenzaron a ser un poco incómodas: [él] trataba de darme un beso en la mejilla pero direccionaba su boca hacia la mía, y su mano siempre la dirigía hacia mi glúteo.” Margarita no aceptó ser “amiga” de Lavoignet y perdió su trabajo.

Pero a Karla, la segunda víctima, se habría ensañado y, presuntamente, cometido el abuso sexual agravado. En la denuncia, la mujer señaló que el 1 de septiembre de 2014, fecha en que fue adscrita a la oficina de Lavoignet, comenzó el acoso y hostigamiento sexual, pero en agosto de 2015, cuando vencía su contrato, ya superó lo “tolerable”.

“Me llamó para, según su dicho, preguntarme cómo me sentía trabajando en la Oficialía Electoral; una vez sentada en su oficina, que tiene una sala con sillones y un escritorio con dos sillas, él se levantó de su silla y se paró junto a mí, me pidió que me levantara para saludarme bien, a lo cual accedí, y cuando lo hice intentó besarme. Como yo traía un vestido, introdujo su mano en mi entrepierna.”

A fines de 2017, Contralínea entrevistó a Karla en el bufete de su abogado Luis Hernández. Durante la plática, fue evidente observar las secuelas que ha dejado en ella –entonces una joven de tan sólo 33 años de edad– el hostigamiento constante del que fue objeto.

Su visible nerviosismo, su rostro todavía afectado por una parálisis facial, su llanto que era incapaz de reprimir aunque, evidentemente, no quería mostrarse frágil, la culpa que ella misma se infligía respecto de la situación que enfrentó.

Todos son síntomas de una víctima de hostigamiento sexual, explicó la psicóloga Alejandra Buggs Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género. Incluso la parálisis que sufrió fue en reacción a las agresiones sexuales que Karla enfrentó por 2 años.

Luego de ofrecerle una plaza de auxiliar jurídico en la Dirección del Secretariado, Lavoignet le hizo “obligatorio el cobro del favor”. Cuando la mandaba llamar, él se cobraba con tocamientos cada vez más agresivos, hasta que eso no le bastó y le exigió tener relaciones sexuales a cambio de su permanencia en el trabajo.

“Quizá por miedo a las consecuencias de decirle que no o por no tener mis convicciones firmes, no sé por qué pero me dio tanto miedo decirle que no. Era algo que yo no quería hacer… Tal vez por no perder mi trabajo, pero accedí”, confió Karla.

Tener intimidad con su jefe sólo escaló la violencia. “Para él, todas las mujeres somos putas y somos objetos y la manera en que me trató fue humillante”, dijo, entre sollozos. “Para mí fue la última vez y así se lo hice saber. Pero no le importó: cada vez que entraba a su oficina, porque me pedía que hiciera labores de secretaria, me empezaba a tocar y quería que se repitiera”.

Abusadas sexual, laboral y sicológicamente por este exdirectivo, las víctimas buscaron justicia en el propio INE desde fines de 2017, pero el Protocolo contra la violencia de género falló y ellas quedaron a la deriva.

Por ello, en la denuncia penal también se acusó por “encubrimiento y los correlativos” a Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del Instituto, quien habría conocido directamente de las acusaciones de las víctimas y, pese a ello, se habría negado a actuar para protegerlas.

La vía penal era el último recurso que las víctimas querían ejercer, por el severo temor a represalias. Pero la indolencia del Instituto no les dejó otra opción que buscar justicia en un organismo ajeno al INE. Y es que desde el 18 de octubre de 2017, el propio Lorenzo Córdova supo a detalle del caso de Karla, cuando ella le dirigió un oficio donde manifestaba todos los agravios en su contra.