Este 2021, los riesgos en seguridad para México no sólo tienen que ver con la delincuencia organizada, la común y los estragos de la pandemia de Covid-19, sino también con la próxima competencia electoral. Ésta podría verse afectada por conflictos criminales y violencia, proyectan expertos

En lo que va del proceso electoral –es decir, de septiembre de 2020 a enero pasado–, 22 aspirantes a cargos de elección popular, autoridades electas y militantes de partidos fueron asesinados en México. Por ello, expertos en seguridad consideran que la violencia electoral se suma a los riesgos que enfrentará el país a lo largo de este año.

Los otros retos que deberán encara las autoridades de los tres niveles de gobierno  son el crimen organizado, la delincuencia común y los estragos de la pandemia de Covid-19.

México enfrenta este año 2021 desafíos estructurales relacionados con la inseguridad pública y la construcción de instituciones para el combate a la criminalidad común y organizada, considera la doctora Paloma Mendoza Cortés, egresada del William J Perry Center for Hemispheric Defense Studies, CHDS National Defense University, de Washington.

Por ello, en el tema institucional refiere que los retos empiezan en la esfera de la seguridad pública: para la Guardia Nacional están presentes desde el reclutamiento de personal, hasta la complejidad del uso de la fuerza frente a agresiones criminales contra autoridades; ello pasa por el despliegue limitado en territorio nacional y balance positivo en el respeto a los derechos humanos, así como en la suficiencia presupuestaria y las presiones sociales por posible disfuncionalidad y desgaste anticipado.

En cuanto al Centro Nacional de Inteligencia, indica que requiere de reajuste en organización, funciones y producción, fortalecimiento analítico, mejora del despliegue regional y coordinación operativa, así como el rediseño de agendas de Riesgo.

Y es que ambas instituciones son fundamentales para prevenir y contrarrestar los impactos de la violencia criminal en el actual contexto mexicano, que involucra la pandemia, las elecciones y la crisis de derechos humanos provocada por la violencia criminal.

En este 2021 se prevé que persistan los conflictos entre organizaciones criminales en Guanajuato, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán y Morelos, así como en algunas ciudades fronterizas; mientras que en carreteras federales del país los robos persisten. Y a ello se suma la toma de casetas, apunta el informe Tendencias de seguridad en México 20-21, elaborado por Dataint.

La consultora especializada en seguridad e información de inteligencia y gobernabilidad agrega que en el ámbito electoral, los riesgos de violencia son mayores en entidades como Veracruz, Guerrero y Oaxaca, donde históricamente se ha registrado este problema; pero también Guanajuato, considerada ya como entidad de alto riesgo.

Y recuerda que este 2021 se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 29 congresos locales y 1 mil 888 ayuntamientos, por lo cual se trata de la elección concurrente más grande de la historia del país. Un proceso en el cual se prevén actos de violencia, pues –observa– se tiene el antecedente de 2018, cuando más de 150 personas vinculadas a la política fueron asesinadas.

El informe señala que la debilidad institucional se sigue agravando en el sector de seguridad en México, debido al frágil control civil sobre las Fuerzas Armadas, al deterioro de la relación con agencias estadunidenses y a los recortes presupuestales dirigidos a las corporaciones locales.

Crecientes desafíos económicos y de salud

Además de la violencia electoral, otros problemas importantes son el económico y de salud, que a su vez repercuten en la seguridad. “Para agravar los crecientes desafíos económicos y de salud de México, el país enfrenta una creciente crisis de seguridad, con la capacidad del gobierno para responder socavada tanto por la pandemia de Covid-19 como por la administración de la cuarta transformación, una gran reorganización del sector de la seguridad justo antes del despegue de la pandemia”, apunta R Evan Ellis, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CEEI).

Al igual que con la reorganización del sector de la salud por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la respuesta de los aparatos militares, policiales y de inteligencia de México a los crecientes desafíos de seguridad se ha visto obstaculizada por reorganizaciones significativas y contraproducentes, indica.

Incluso con el distanciamiento social, el impacto de Covid-19 en el cierre de negocios y la supresión de oportunidades para ganar dinero en el sector informal ha expandido el número de personas desesperadas, aumentando la presión sobre la delincuencia común, advierte el analista del CEEI, institución privada que se centra en política pública internacional.

“En el mediano plazo, el riesgo es que la violencia criminal, alimentada por una masa creciente de personas desesperadas y la competencia entre grupos criminales oportunistas, además de fuerzas de seguridad distraídas por la reorganización y las demandas de apoyo a la respuesta nacional Covid-19, amenace significativamente con erosionar el orden público en las principales ciudades de México.”

El analista subraya que en la reorganización del sector de seguridad, el reclutamiento de nuevos oficiales para la Guardia Nacional ha sido más lento de lo planeado (aunque el desempleo derivado de la pandemia de Covid-19 podría ayudar a abordar ese desafío). En el corto plazo, una mayor proporción del personal de lo esperado no provino de la policía federal o de nuevos reclutas, sino que fue transferido del ejército y la Marina, complementado con unidades aún bajo control militar pero puestas en apoyo operativo de la Guardia Nacional.

La organización resultante tiene un carácter sólo superficialmente civil, pero tiene problemas organizativos y culturales que no estaban presentes cuando el personal militar estaba directamente dentro de la cadena de mando militar.

La nueva estructura también ha creado dificultades de mando y control, entrenamiento e inteligencia para las fuerzas armadas. Mientras que los miembros de la Guardia Nacional reciben entrenamiento como policías militares a través del ejército y la Marina, los que vienen del ejército no traen consigo el mismo nivel de entrenamiento en funciones de policía civil.

De manera similar, la Guardia Nacional no tiene una capacidad de inteligencia operativa que funcione bien más allá del apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. Recibe alguna información del Ejército, la Marina y otros entes y niveles superiores de inteligencia, aunque esto está limitado por la compartimentación.

Crimen organizado, principal causa de violencia

“En México el impacto de la pandemia se suma a la agenda nacional para contener a los grupos criminales, que parecen haber modificado su comportamiento con conductas expresadas en disputas entre grupos rivales y agresiones contra las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ya sean civiles o militares en ámbitos rurales o urbanos”, considera Paloma Mendoza Cortés, doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Los problemas de violencia se manifiestan primordialmente en estados donde hay una importante presencia del crimen organizado. Tal es el caso de las 10 principales entidades con mayor tasa de asesinatos: Colima, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, señala el informe de la consultora Dataint.

Esas 10 entidades concentraron el 53 por ciento de los asesinatos de 2020 a pesar de que ahí solo habita el 24 por ciento de la población mexicana. En 6 de esas 10 entidades los asesinatos aumentaron respecto a 2019. Por cada carpeta de investigación de asesinatos que se abre en México hay en promedio 1.19 víctimas, lo que indica la presencia de asesinatos múltiples. Este indicador ha aumentado sostenidamente desde 2015 cuando registraba 1.10.

Otro indicador de la prevalencia del crimen organizado como generador de la violencia, apunta, es que en 2020 cayeron los asesinatos con arma blanca y otros elementos, mientras que aquellos con arma de fuego se mantuvieron sin cambio.

Conflictos criminales latentes

Zacatecas fue la entidad en donde más crecieron los asesinatos en 2020 y esa tendencia se trasladó también a los municipios colindantes de San Luis Potosí. Las disputas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas hacia los Estados Unidos, así como la debilidad institucional de ambas entidades, seguirán impactando en este 2021.

La seguridad en Sonora se deterioró gravemente en 2020 debido a los conflictos entre los brazos armados de Caro Quintero y de los hijos de su antiguo aliado Joaquín Guzmán Loera. El gobierno de Estados Unidos ha presionado por la captura de Quintero, pero, por lo pronto, hay un importante número de organizaciones combatiendo en dos frentes: en el norte con epicentro en Caborca, y en el sur, con epicentro en Guaymas, afectando incluso a municipios de Chihuahua.

Tijuana (Baja California) y Juárez (Chihuahua), permanecen como puntos de violencia por el control del trasiego de drogas y armas. Ahí se disputan conflictos que son patrocinados por organizaciones nacionales —como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación— y regionales —como el Cártel de Juárez.

Mientras el sur de Tamaulipas ha permanecido relativamente en paz, la situación de seguridad en el norte del estado ha empeorado debido a las disputas entre el Cartel del Noreste y el del Golfo, que además son combatidos por las fuerzas especiales del gobierno estatal. La zona limítrofe de Nuevo León también está siendo afectada. Precisamente en esa región, en enero 2021, fueron encontrados los cuerpos calcinados de 19 personas migrantes.

Desafortunadamente, el clúster de violencia en Guanajuato ha permanecido vigente durante los tres últimos años. Pese al arresto de José A. Yépez, “El Marro”, principal opositor regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, esta última organización aún mantiene disputas armadas con grupos locales por establecer su hegemonía y por el control del robo de combustibles. En 2021, esta tendencia sigue.

En Michoacán continúan los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y organizaciones armadas que se identifican como autodefensas, pero que en algunos casos también están vinculadas con grupos armados como Los Viagras. La violencia en esta zona es ya un fenómeno que ha existido por más de una década.

La región limítrofe entre Morelos y Guerrero ha presentado rebrotes de violencia que, aunque aún no significan un riesgo mayor como en otras regiones del país, son motivo de seguimiento pues también en Cuernavaca, capital del estado, se han registrado asesinatos en espacios públicos.

En Oaxaca no existe un clúster de violencia, pero sí se registran brotes en pequeños municipios. La mayoría de los asesinatos que se han suscitado ahí están vinculados a conflictos étnicos y políticos. Esta situación se puede agravar durante el proceso electoral.

En el segundo semestre de 2020 la incidencia delictiva repuntó conforme las medidas de distanciamiento social se fueron flexibilizando a nivel nacional. Sin embargo, crímenes como los robos se ubicaron por debajo de niveles históricos. Mientras dure la pandemia y la movilidad esté reducida habrá menos oportunidades para delinquir.

Es previsible que durante el primer semestre de 2021 los indicadores delictivos continúen por debajo de niveles de pre-pandemia, pues regiones como el Valle de México han reactivado las medidas de distanciamiento.

No obstante, persistirán los riesgos para el robo de mercancías, particularmente del sector salud (por ejemplo, vacunas y tanques de oxígeno). Adicionalmente, los efectos del deterioro económico que ha generado la pandemia pueden generar un repunte en los delitos.