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Entre 2015 y junio de 2020 se registraron más de 950 incidentes y accidentes aéreos de empresas públicas y privadas. Involucrados, taxis aéreos, aeronaves de fumigación agrícola, vuelos de instrucción, aviación deportiva, aviación militar

En México se registraron 964 incidentes y accidentes aéreos de empresas públicas y privadas, entre 2015 y junio de 2020. Éstos involucraron taxis aéreos, aeronaves de fumigación agrícola, vuelos de instrucción, aviación deportiva, e incluso aviación militar, de acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), hoy Dirección Federal de Aeronáutica Civil (DFAC).

La mayoría de incidentes y accidentes aéreos se registraron durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, incluso, sin precedente en la historia de la aviación militar del país. Y es que, entre 2013 y 2018, 46 personas murieron en 28 accidentes de aeronaves militares, mismos que causaron pérdidas económicas considerables.

Sólo entre 2016 y 2017, el volumen de accidentes aéreos se elevó 43.4 por ciento, al pasar de 46 a 66 casos, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El 60 por ciento del total de percances corresponde a incidentes de aeronaves privadas que no requieren concesión, y el índice de accidentes aéreos en el periodo fue de 0.21 por cada 10 mil operaciones regulares, indican los datos de la DFAC.  La mayoría de incidentes y accidentes se registraron en la Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas, Nuevo león, Guanajuato y Chihuahua.

La DFAC considera accidente de aviación el que ocurre con cualquier aeronave, ya sea en tierra o en vuelo y que provoca lesiones o muertes de personas. Un incidente de aviación es definido como un suceso en el que, distinto de un accidente, está asociada la operación de una aeronave que afecta o podría afectar a la seguridad de las operaciones.

Las causas

Entre las principales causas de incidentes y accidentes aéreos destacan impactos con aves, rachas de viento, tormentas eléctricas e impactos de rayo, colisión con objetos externos, ponchadura de llanta, pérdida de potencia, combustible insuficiente, congestión de tráfico aéreo.

También, disparo equivocado de toboganes, cancelación de operaciones por detección de fallas en equipos o sistemas, falsas alarmas, tráfico en pistas de rodaje, errores humanos, así como durante operaciones de combate al narcotráfico y el crimen organizado.

De acuerdo con la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO, en inglés), cuando una aeronave sufre un daño severo que se declara como siniestro total, o en el caso de que sea completamente destruida y se ha dado de baja en los registros, se denomina “pérdida en accidente del casco” (hull loss accident).

Ello significa que el evento se registra como accidente a pesar de que no existan víctimas fatales o heridos graves, como sucedería por ejemplo en un aterrizaje forzoso que resulte en un daño irreparable.

En lo que va del gobierno actual, entre los accidentes aéreos más notables se encuentra el ocurrido el 24 de diciembre de 2018, en el que perdieron la vida el senador panista Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso; así como el de un avión de Aeroméxico se accidentó en el aeropuerto Guadalupe Victoria, de la ciudad de Durango, registró daños materiales.

Para el Colegio de Pilotos Aviadores de México, si bien el volumen de accidentes aéreos ha ido a la baja, el sector requiere de una mejor supervisión de escuelas de aviación comercial, ejecutiva y del gobierno, así como mantenimiento de aeronaves, capacitación y formación de personal.

“Los incidentes aéreos en aviación general, militar y ejecutiva son temas que se tienen que analizar y atender, porque la seguridad aérea debe ser por igual en todos los sectores de la industria”, asegura Santiago López Cadena, vicepresidente del Colegio de Pilotos y Aviadores de México.

Explica que es necesario que el país cuente con una agencia de investigación de accidentes aéreos por la cantidad de incidentes y accidentes registrados, ya que daría más capacidad para indagar y corregir errores que conduces a pérdidas de vidas y daños económicas.

Entre las empresas que tuvieron más percances entre 2015 y 2019 destacan Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SA de CV; Aerolitoral, SA de CV; ABC Aerolíneas, SA de CV; Aeroenlaces Nacionales, SA de CV; AbideAviation; Aeronáutica Vientos del Norte; Buena Suerte; Capacitación Aérea Integral; ADH Aeronáutica; Escuela de Aviación México; Fumagro de México; gobierno del estado de Guerrero; Proveedora y Suministros del Golfo; S2Aviation; Tomzajet y Privados.

El sector requiere de una autoridad aeronáutica con mayor capacidad, pues la mayoría de las aerolíneas comerciales se autorregulan: muchos operadores tienen alianzas con otras empresas en las que se deben cumplir ciertos parámetros de seguridad y eficiencia, muy por encima de lo que pide la autoridad, señala Francisco Gómez Ortigoza, secretario del exterior de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

En el ámbito del transporte comercial mundial, el principal factor cooperante para los accidentes aéreos es atribuido al error de los pilotos, con el 70.5 por ciento de los casos; seguido de la falla mecánica de la aeronave o de sus componentes, con el 11.6 por ciento de los casos.

Además están las condiciones meteorológicas adversas, que contribuyen con el 5.4 por ciento de los accidentes de este tipo; y los accidentes originados por falta de mantenimiento de las aeronaves constituyen el 2.7 por ciento de los casos.

Se ha observado que alrededor del 70 por ciento de todos los accidentes con pérdida total de aeronave se presentan durante el despegue, ascenso inicial, aproximación final o aterrizaje. En términos del tiempo de exposición, esto representa tan sólo el 6 por ciento del tiempo total de vuelo.

Aviación y Fuerzas Armadas

Como parte de las acciones de vigilancia aérea, entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de julio de 2020, realizó 773 operaciones a lo largo de 2 mil horas de vuelo, la mayoría por acciones de la cobertura contra la Covid-19 y en ayuda en casos de desastres naturales.

En la presente administración, el Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Sedena ha asegurado 81 aeronaves y más de 11 toneladas de cocaína, informó la dependencia en un comunicado.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) cuenta con una flota de 379 aeronaves (entre aviones y helicópteros), de las cuales poco más de 200 están en condiciones operativas y el resto está fuera de servicio. Alrededor del 50 por ciento de las aeronaves tiene 21 años de servicio y hay un déficit muy marcado de pilotos, refiere el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2018-2024.

De las 379 aeronaves con que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana, sólo opera el 62 por ciento de ellas hasta octubre de 2020, debido al recorte presupuestal, que en 2020 fue de 1 mil 157 millones de pesos: no hubo adquisiciones, sino sólo mantenimiento, servicio y arrendamiento de aeronaves, refiere el Segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunado a ello, el año pasado se ejerció un presupuesto de 1 mil 157 millones de pesos como parte del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con el que se han realizado arrendamientos y servicios aeronáuticos, pero no adquisiciones, ya que la actual administración no incluyó la compra de herramientas como parte de su política de austeridad.

Pese a que no hay nuevas aeronaves, la dependencia ya tenía contratos previos que se han tenido que mantener, entre ellos seis aviones C-295 y seis helicópteros EC-725 Cougar.

La institución reconoce que es un grave problema el no contar con una infraestructura aeronáutica nacional para la fabricación de aeronaves y de sus componentes. Esto trae consigo una fuerte dependencia tecnológica con respecto a otros países en los procesos de adquisición, modernización y reparación del material aéreo, radares y sistemas de navegación.

También señala que entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana interceptaron 38 aeronaves que invadieron el espacio aéreo nacional vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado, durante 773 operaciones de vigilancia, para combatir a este flagelo.

Los 39 percances aéreos ocurridos desde 2001 hasta la fecha, según datos de Sedena, han dejado como saldo a 94 militares fallecidos en 30 accidentes fatales mientras que otros 160 militares sobrevivieron y varios resultaron lesionados.

El Ejército atribuye la responsabilidad en siete de cada 10 percances aéreos a fallas humanas, mientras que la minoría corresponde a problemas mecánicos o a malas condiciones meteorológicas.

La Sedena explica que los percances de las aeronaves ocurrieron durante acciones de adiestramiento o traslado de personal militar. Aunque varios de los accidentes se dieron durante las acciones de la campaña permanente de combate narcotráfico.

La operatividad de las aeronaves de la Fuerza Aérea de México ronda el 62 por ciento de la flota y su mantenimiento se lleva a cabo en instalaciones del Cuarto Escalón de Mantenimiento de Material Aéreo y Aéreo Electrónico, siete instalaciones de Tercero Escalón de Mantenimiento de Material Aéreo y seis instalaciones del Tercero Escalón de Mantenimiento de Material Aéreo Electrónico.

Asimismo, se emplean 26 Escuadrillas de Mantenimiento y se realiza también la contratación de servicios de reparación mayor, compra de refacciones y aplicación de inspecciones programadas.

La Fuerza Aérea cubre el 32 por ciento del espacio aéreo nacional gracias al empleo de cuatro radares de largo alcance emplazados en la zona sureste del país. A estos se le suma el Escuadrón de Vigilancia Aérea, ubicado en la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía (Estado de México).

Cuenta con tres Escuadrillas de Vigilancia Aérea ubicadas en las bases aéreas de Ixtepec (Oaxaca), Mérida (Yucatán) y Hermosillo (Sonora), conformadas cada una con un avión EMB-145 que extienden la cobertura del radar en el espacio aéreo nacional.

Además, para complementar el Sistema de Detección y Vigilancia Aérea, el Segundo Grupo Aéreo en Ixtepec está conformado por seis Escuadrones Aéreos distribuidos a lo largo del territorio nacional y constituidos por aeronaves interceptoras T-6C+, helicópteros EC-725, UH-60M y B-412, que fungen como alertamientos aéreos, con el fin de trasladar fuerzas de reacción que permitan la interceptación terrestre.

Con la finalidad de ejecutar medidas de seguridad, preventivas o las actividades previstas por las leyes nacionales, reglamentos, tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables, en la operación aérea del país, a partir del 16 de octubre de 2019 entró en vigor la Agencia Federal de Aviación Civil, la cual abroga a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En esa fecha, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto suscrito por el presidente López Obrador por el que se crea el nuevo órgano administrativo desconcentrado, dependiente de la SCT, contará con autonomía técnica, operativa y administrativa, con facultad para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia.

La Agencia Federal de Aviación Civil tiene como propósito establecer, administrar, coordinar, vigilar, operar y controlar la prestación de los servicios de transporte aéreo nacional e internacional, aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como aquellas expresamente otorgadas por el titular de la SCT, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

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