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La Ley Minera debe proteger la vida, priorizar el bienestar común, y garantizar el derecho de consulta de los pueblos indígenas, considera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Mientras que la Ley Minera es revisada hoy por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la minería es una actividad extractiva que de manera regular deteriora el ambiente y el equilibrio ecológico, muchas veces de forma irreversible.

“La transformación del paisaje, la contaminación de cuerpos de agua, suelos y atmósfera, la emisión y descargas al ambiente de compuestos y residuos peligrosos, desplazamiento y amenazas a flora y fauna silvestre, cambios de uso de suelo forestal, son algunos ejemplos”, subraya.

En el 2020, la Semarnat atendió diversos casos de daños ambientales causados por la minería, en los que se encontró una vinculación y afectación a pueblos indígenas.

Es por ello, planea que se requiere de un marco jurídico sólido que permita integrar armónicamente las atribuciones de la autoridad, bajo el mandato constitucional, para garantizar un medio ambiente sano para el bienestar y desarrollo.

Indicó que es necesario fortalecer el marco jurídico que dé plena certeza a los pueblos y comunidades indígenas sobre el derecho a decidir, en un marco de autonomía y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitucón.

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