Más de 266 mil millones de pesos en contratos por adjudicación directa para construcción y administración de nueve reclusorios privados fueron otorgados por el gobierno de Felipe Calderón, por un periodo de 20 años, al término de los cuales las empresas mantendrían el control de los centros penitenciarios, con o sin personas privadas de su libertad, denunció la secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez.
Explicó que, en los últimos 9 años, el gobierno ha pagado más de 75 mil 665 millones de pesos, que representan el 36 por ciento del monto pactado entre el gobierno calderonista y particulares por levantar los reclusorios en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Chiapas y Morelos. Es decir, hay un pendiente de 190 mil 658 millones de pesos, con un costo final proyectado de 266 mil 300 millones de pesos a pagar al año 2035.
Los contratos para pagar los penales privados del país se concretaron en la época del presidente Felipe Calderón, cuando el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna, afirmó la funcionaria en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Sus declaraciones fueron acompañadas con la proyección de un documento con los nombres de las empresas beneficiadas y “sus” penales que se pagan con el erario: Exi Quiantium, SA de CV (Sonora y Guanajuato); Gia, SA de CV (Oaxaca); DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria SA de CV (Durango); Capital Inbursa, SA de CV (Chiapas y Femenil Morelos); Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacan SA de CV (Michoacán), y Black Rock, SA de CV (Guanajuato).
Dijo que los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se trata de “atrocidades” y corruptelas cometidas en cárceles de máxima seguridad en México durante el gobierno de Felipe Calderón y donde cada interno cuesta al país 3 mil 819 pesos diarios, 114 mil 588 al mes y 1 millón 375 al año.
Expresó que estos gastos representan lo de un hospedaje en hotel de “Gran Turismo” en los puertos turísticos más importantes del mundo, lo que significa un robo a la nación. Indicó que en este negocio están metidos personajes muy cercanos al poder en los pasados sexenios y hasta un conductor de televisión que diario ataca a su gobierno.
López Obrador dijo que ya hay una denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene que ver con García Luna. Dijo que dio instrucciones al consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, para que se llegue a un acuerdo con los proveedores de estos servicios. “Es un abuso y si tienen voluntad, se debe lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública, destacó”.
Señaló que en los próximos días habrá más información de cómo se asignaron los contratos y si se modificarán o cancelarán, y que instruyó a la Consejería Jurídica de la presidencia para contactar con los empresarios beneficiarios para dar por terminado esos contratos en buenos términos.
Advirtió que, en caso de que no haya conciliación, se iniciará una denuncia civil para la cancelarlos, y afirmó que son muy conocidos los beneficiarios de los contratos –entre los que se encuentra un conductor de un programa noticioso–, cuyos nombres se reservó “salvo que me los pida” el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
