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La falla registrada el pasado 28 de diciembre, justo el Día de los Inocentes, en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que dejó sin servicio por espacio de casi 2 horas a 10.5 millones de usuarios de 12 estados del país, sigue estando en el centro de la controversia por los argumentos invocados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en el sentido de que un incendio en pastizales de Tamaulipas y una carga máxima histórica de energía, fueron las causas del monumental apagón.

Empresas que han visto afectados sus intereses y contratos en el mercado de energía eléctrica, así como partidos políticos, han buscado politizar el asunto, echando mano de los desaciertos con que se manejó de manera oficial la crisis por parte de algunos funcionarios de la CFE que al paso de las semanas, se supo, habían alterado un documento de Protección Civil de Tamaulipas para tratar de demostrar la existencia de un siniestro en el municipio de Padilla, que originó una falla entre los conductores de la línea de transmisión y la tierra, que conecta a Ciudad Victoria con Linares.

La empresa productiva ha aceptado que el documento no es legítimo y ha prometido deslindar responsabilidades de sus funcionarios que lo alteraron, pero resulta indudable que lo importante es explicar de manera técnica y profesional qué fue lo que pasó para avocarse a corregir lo que está funcionando mal.

Algunos expertos han recordado que en abril del 2019 la Comisión Federal también justificó el apagón registrado en la península de Yucatán, invocando otro incendio. En este caso, la quema de maleza entre torres de la Red Nacional de Transmisión de Ticul a Escárcega. Por eso, debe analizarse a detalle qué está ocurriendo en el Sistema Eléctrico Nacional en su conjunto.

Conocer las causas permitirá tomar las medidas que lleven a corregir las fallas y mejoren el servicio eléctrico. En tal sentido, son las voces expertas las que deben sentarse a discutir sobre la expansión en la generación, transmisión, transformación y distribución para que se amplíen estos servicios en beneficio del pueblo de México.

Versiones publicadas en algunos medios, apuntan que en el primero semestre del 2020 el Cenace ya contaba con información para estimar entre sus principales riesgos estratégicos las interrupciones en el servicio.

En su primer informe semestral de Autoevaluación de la Gestión del pasado año, el organismo estableció que el “Sistema Eléctrico Nacional (SEN), es operado con interrupciones en el servicio”. Y determinó que la Alta Dirección centró el análisis para el establecimiento de riesgos estratégicos 2020, en evitar actos de corrupción y conflictos de interés, así como en la continuidad en el control operativo del SEN. Expertos del sector energético estiman que el “mega apagón” pudo ser prevenido tanto por el operador como por la CFE.

No debe pasarse por alto que en el análisis de riesgos del Cenace, en lo referente a la “corrupción”, se habla de esquemas donde se pueden desarrollar conflictos de interés y tráfico de influencias en la elaboración de Estudios de Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga.

Todos los actores que participan en el sector eléctrico deben avocarse a explicar lo que ha venido ocasionando las fallas que derivaron en un problema de dimensiones nacionales, porque de otra manera el riesgo de un nuevo “mega apagón” estará latente, pues existe la presunción que desde 2016 se tenía conocimiento de fallas en las líneas de transmisión. Se han lanzado licitaciones para reforzar a las mismas, pero habrá que ver hasta dónde va avanzado este proceso como muchos otros en el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Eléctrico Nacional, en su conjunto.

El suceso debe ser el punto de inflexión para revisar de manera rigurosa el programa de obras del Sistema Eléctrico Nacional. Esto es fundamental porque ahí se definen los proyectos que deben realizarse para los siguientes 10 años con el objetivo de fortalecer el sistema a partir del crecimiento de la demanda, acorde con el plan permanente de mantenimiento preventivo, bajo la coordinación de la Comisión Reguladora de Energía, que debe asumir su papel de árbitro y no de simple espectador.

Tras del escenario de las fallas en el SEN, no puede pasarse por alto que en todos los meses que la pandemia estableció el confinamiento de millones de mexicanos, se generó un problema social que requiere urge atención para no sumarse a otro más que se arrastra desde el narcogobierno de Calderón, con sus recibos locos.

A 11 años del cierre de la empresa Luz y Fuerza del Centro, miles de usuarios se han organizado para evitar el acoso policial de las autoridades que han actuado como cobradores de la CFE ante los impagables recibos por varios miles de pesos que les han llegado a personas de escasos recursos y, por lo cual, organizaciones sociales como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), han venido luchando al lado del SME, por el borrón y cuenta nueva y el establecimiento de una tarifa social justa, que no merme sus escasos ingresos familiares.

Desde el establecimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia se planteó la interrogante de cómo podrían pagar los usuarios de todo el país su recibo de luz si miles de trabajadores formales, informales y otros contratados a través del outsourcing se quedarían sin empleo, debiendo priorizar sus gastos en la compra de alimentos para no morir de hambre.

Era obvio que al permanecer confinados en sus hogares por disposición oficial, se incrementaría su consumo de luz, por lo que en razón de ello tendría que haberse dado un congelamiento de las tarifas hasta en tanto no pasara la emergencia, que se ha prolongado de manera indefinida, considerando además que al establecerse las clases en línea, el uso de mayor electricidad también se disparó.

Más de 1 millón de mexicanos se quedó sin trabajo pero tal emergencia económica no fue razón suficiente para evitar que en el verano pasado se les cortara la luz a unos 700 mil hogares en el país, teniendo que pagar su reconexión, gasto extra que debió sumarse al pago de los recibos vencidos.

Es por ello que los legisladores que ahora buscan politizar el asunto deben analizar el panorama eléctrico de manera general y no sólo sentar a funcionarios en el banquillo de los acusados, pues en sus manos está legislar para que la electricidad no sea una mercancía sujeta a las reglas de la oferta y la demanda del mercado, sino un derecho humano. En tal sentido, hay en el Congreso una iniciativa ciudadana en espera de ser analizada y votada.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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