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Pandemia de Covid-19 arrastra riesgos sociales y de seguridad pública

Pandemia de Covid-19 arrastra riesgos sociales y de seguridad pública

En este 2021, la pandemia de Covid-19 continuará implicando para México riesgos sociales y de seguridad pública, así como mixtos: socio-criminales. En ese contexto, uno de los retos para el gobierno federal será el manejo de la vacuna y las probabilidades de que sea pirateada o robada por el crimen organizado

México podría enfrentar riesgos sociales, de seguridad pública y también mixtos (es decir, los socio-criminales, como sería la “toma” de las casetas de cobro de peaje) en este 2021, advirtió Manuel Balcázar Villarreal, doctor en administración pública por el Instituto de Administración Pública de Chiapas.

Ello, indicó, porque el país “estará saliendo de la pandemia, pero la vacuna contra la Covid-19 puede llevar a expresiones de comportamiento irracional [en algunas personas] por la cuarentena. E incluso los linchamientos podrían aumentar”. Otras amenazas asociadas provienen del crimen organizado, que podría recurrir a la piratería del antígeno (venta ilícita de productos apócrifos, engaños y fraudes en agravio de la salud de la población) o a su manejo indebido.

Durante el foro virtual “Perspectivas de seguridad nacional en México”, de Global Security Connection, agregó que, “en términos económicos, el impacto de la pandemia se reflejará en pérdida de empleos, falta de inversión pública y privada, aumento en la informalidad, desplome del crecimiento del PIB”. Aunado a ello, algunas empresas pueden enfrentar ataques en su contra, por el manejo de dinero en efectivo.

Asimismo, dijo que hay escenarios y riesgos diferenciados por el crimen y la pandemia. “Por un lado, vemos que en Yucatán y Campeche los riesgos son prácticamente cero si comparamos la vida cotidiana de estas entidades con Michoacán y Guerrero”.

En el plano político, el próximo proceso electoral conlleva riesgos de manifestaciones de violencia política, agresiones, homicidios, financiamiento ilícito a campañas políticas y corrupción. Además, el posterior cambio de funcionarios hará que las organizaciones criminales se recompongan, en municipios y estados donde empiezan a fortalecerse.

Y en términos sociales persistirá resistencia de la población hacia la autoridad pasiva y activa; pasiva al no respetar las medidas para contrarrestar la pandemia, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, y activa por agresiones directas contra las autoridades cuando se pide que cumplan con la ley.

Seguridad y desarrollo

La crisis sanitaria que desde 2020 enfrenta el país tiene que ver con el sobredimensionamiento de la seguridad, en particular, de la lucha contra el terrorismo internacional que ha dejado de lado flagelos en materia ambiental, energética, de salud, de género, según Armando Gómez Mendoza, director de la Escuela Superior de Guerra.

En el mundo, la seguridad vino a desplazar todo el avance que se había tenido en la agenda de desarrollo. Indicó que, a nivel internacional, hay un marcado divorcio entre las agendas de seguridad y desarrollo, dos caras de una misma moneda. “Si queremos un mundo más seguro tenemos que trabajar en el desarrollo, pero si queremos consolidar los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos trabajar en un mundo más seguro”.

Durante su participación en el foro, subrayó que, en la lucha contra el crimen organizado que inició el gobierno de Felipe Calderón, “se han dilapidado recursos materiales y humanos, ha cobrado vidas y ha hecho de México, un país profundamente inseguro, tampoco ha resuelto los problemas de desarrollo”.

“En México todo ha girado en torno a la delincuencia organizada, se ha descuidado la ecuación seguridad y desarrollo. Hemos estado mirando a la delincuencia organizada de manera punitiva sin ver las causas que la originan, sin trabajar en las razones que llevan a que exista”.

Respecto de la seguridad nacional, Gómez Mendoza dijo que es una condición, para garantizar la integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, estabilidad política, social, económica y la consecución de objetivos nacionales.

Sin embargo, observó, seguridad nacional se confunde con seguridad pública y no es así: es un todo que abarca aspectos políticos, sociales, económicos, militares, tecnológicos y diplomáticos. Es una condición de vida, un entorno político, social, legal, económico, cultural y ambiental.

“La finalidad de la seguridad nacional es crear ese entorno, ¿cómo lo vamos a hacer?, a través del desarrollo y éste, a su vez, mediante el cumplimiento de los objetivos nacionales plasmados en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”.

Agregó, que la libertad de expresión y la libertad para el trabajo son objetivos permanentes de la Constitución, y los objetivos del PND permiten lograr ese entorno deseado de seguridad nacional que conlleva el bienestar de las personas, la protección de sus bienes jurídicos, políticos, económicos.

Los objetivos nacionales de cada país pueden ser diferentes: “en México queremos vivir sin corrupción, con menor desigualdad y pobreza, por lo que tenemos que crear esas condiciones a través del desarrollo y la participación de instituciones gubernamentales, iniciativa privada y la sociedad”.

Planteó que será muy importante para la agenda de este 2021 evitar el sobredimensionamiento de los temas, aunque es inevitable que el gran tema sea la salud, “pero estamos cayendo en lo mismo que vimos el 11 de septiembre de 2001: todo era terrorismo”.

Al respecto, indicó que “con la seguridad multidimensional buscamos quitarnos un poco esta ‘terrorización’ de la agenda, también es importante luchar contra la delincuencia organizada y velar por el medio de ambiente, así como enfrentar epidemias y pandemias”.

Políticas en seguridad nacional

Para la investigadora María Cristina Rosas González, “México no tiene proyecto nacional, lo único que existe son planes nacionales de desarrollo sexenales, en realidad quinquenales porque se elaboran en el primer año de gobierno”.

La doctora en relaciones internacionales y en estudios latinoamericanos por la UNAM consideró que el PND marca las prioridades que el gobierno en turno dará a la agenda nacional, pero no puede suplir en modo alguno al proyecto de nación. “Esa es la gran tragedia de México que se reinventa cada seis años porque solo tiene políticas de gobierno”.

Por ello, indicó que el año pasado resultó que, por falta de continuidad y de políticas de Estado en seguridad y desarrollo, el sistema de salud se encontraba en transición, llegó la pandemia y sorprendió al país pobremente equipado para hacerle frente.

“Teníamos problemas con los proveedores de vacunas, una epidemia de sarampión y cuando se produce la crisis por la Covid-19 encontramos escaso personal de salud, infraestructura limitada, y las Fuerzas Armadas entraron a proveer estos servicios de manera emergente”.

Por su parte, la catedrática Rosas González señaló que son muy importantes las políticas de Estado porque, “para que tengamos una cabal estrategia de seguridad nacional tenemos que ser previsores. La previsión es la hermana gemela de la seguridad”.

La maestra en paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, consideró que “México carece de políticas de Estado y para seguridad nacional; sólo cuenta con políticas de gobierno, lo cual significa que una vez que cambia el gobierno cambia la política”.

Ley de Seguridad Nacional

Para la doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Paloma Mendoza Cortés, la Ley de Seguridad Nacional tiene muchas lagunas y carece de cuestiones esenciales para coordinar acciones de seguridad nacional.

En entrevista, refiere que, por alguna razón, el gobierno de México responde a situaciones de crisis, como el caso del general Salvador Cienfuegos, con la creación de más burocracia, con el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y el Grupo de Coordinación Operativa, con los que se pretende regular el intercambio de inteligencia con agencias internacionales.

Están creando dos organismos dentro del Consejo de Seguridad Nacional y se está burocratizando, no solamente la coordinación interagencial en materia de seguridad nacional, sino la relación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“Solo en la cuestión de definiciones: la ley en la materia dice que seguridad es el conjunto de acciones, sin embargo, los glosarios de términos militares y navales señalan que son condiciones, en decir, [la seguridad nacional como] una condición a la cual se debe aspirar y mantener”.

Profesora en el Heroico Colegio Militar, en la Escuela de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Mendoza Cortés señala que la Ley de Seguridad Nacional, desde su origen, organizaba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional), cuyo nombre no ha sido cambiado a Centro Nacional de Inteligencia, pese a la reforma no se considera algo elemental como lo es el cambio de denominación.

Cuando se presentó el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención que se buscaba crear un Sistema Nacional de Inteligencia, idea plasmada en el PND y el Programa para la Seguridad Nacional (PSN) de Enrique Peña Nieto. Es algo que la comunidad de inteligencia ha pedido desde hace muchos años.

Si realmente se quiere avanzar en estos temas es importante reformar la Ley de Seguridad Nacional, no solamente en la cuestión terminológica sino en la de acceso a la información y transparencia, sugiera Mendoza Cortés, egresada del ITESM, CIDE e INACIPE.

“Si bien muchos informes y productos de inteligencia son reservados, pueden existir versiones públicas. Los mexicanos merecemos tener más confianza en los servicios de inteligencia militares, navales y civiles”.

Es preocupante que el gobierno actual aún no haya publicado el Programa para la Seguridad Nacional, instrumento estratégico que ayuda a coordinar esfuerzos y planeación, cuestiona Mendoza Cortés.

Sugiere “crear más lazos de confianza entre los miembros de la comunidad de inteligencia. Es preocupante que se designó a un ex militar como jefe del CNI, desde las épocas del autoritarismo priísta no había sucedido eso”.

Se trata de un doble discurso, como cuando designaron al general Bucio como comandante de la Guardia Nacional: por ley el comandante debe ser civil, pero en la realidad se designan militares retirados y los consideran civiles. Un militar siempre va a pensar como militar.

Seguridad nacional para enfrentar amenazas

Profesor en el Heroico Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra, el general Armando Gómez Mendoza, por su parte, refiere que seguridad nacional tiene dos componentes: la seguridad interior y la defensa exterior.

“La primera busca crear condiciones para salvaguardar las instituciones, garantizar el desarrollo nacional y mantener el Estado de derecho. La segunda es una función para la defender del exterior, no sólo de la guerra sino de todos los problemas que dañen los objetivos nacionales”.

La defensa nacional son acciones para enfrentar antagonismos internos y externos, y que van a ser función de toda la población en general. Erróneamente pensamos que la defensa nacional la hace la Sedena, pero no es así, además, la hace la Secretaría de Salud, la iniciativa privada, etcétera.

“Cuando enfrentamos la pandemia estamos haciendo defensa nacional. Si la atención del Covid corresponde a la SSA todas las demás instituciones y la población nos adherimos a las políticas de esta secretaría, estamos atendiendo un asunto de seguridad nacional en su vertiente de seguridad interior”, ejemplifica.

La seguridad pública también es una función y está encargada de proteger la vida de las personas de forma individual, su libertad e integridad y su patrimonio, y busca contribuir la conservación del orden y la paz públicos.

Profundizar reforma a Ley de Seguridad Nacional

Manuel Balcázar Villarreal, egresado del Centro de Estudios Hemisféricos en Defensa, Washington D.C., sugiere que reformas a la Ley de Seguridad Nacional, deberían ser más profundas y generar una ley de inteligencia, en la que estados y municipios se involucren en la generación de inteligencia estratégica.

También, plantea necesario modificar el reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional y el Programa para la Seguridad Nacional (PSN) 2021-2024.

“El Consejo de Seguridad Nacional no está sesionando en todo su potencial, hay sesgo de operatividad en la toma de decisiones del gabinete, falta incluir a las secretarías de Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y a la Fiscalía General de la República, para la toma de decisiones estratégicas y fortalecer el proyecto nacional”, alerta.

Se recurre a las Fuerzas Armadas como primer recurso de política nacional, en realidad son el último recurso del poder nacional, pero es entendible su participación por la debilidad institucional, sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos recursos porque a veces la clase política ignora cómo se articula el poder nacional.

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