El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos, comunicóloga y saxofonista de profesión, llegó a su trabajo, un negocio para gestionar viajes, pues tenía una cita con un cliente. Malena, como le dice su familia, nunca imaginó que ese hombre había sido contratado para derramar sobre su cuerpo una cubeta con ácido. Su madre, quien escuchó sus gritos, salió para auxiliarla y, al abrazarla, el ácido quemó también su piel a la altura de los brazos y pechos. Después de batallar para ser recibida en un hospital de Oaxaca y posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México, pasó 5 meses en cama. “Dañaron el órgano más grande que tengo que es mi piel, pero estoy viva y buscaré justicia” dice, con claridad, Malena quien no quiere mostrar su rostro. Ha pasado un año desde el ataque y el proceso penal contra sus agresores aún no comienza. Según la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, hay cinco implicados y cuatro detenidos, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja. Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, ha sido señalado como el autor intelectual del ataque y se entregó a las autoridades el pasado mes de abril. Su familia, que ha sido su mayor apoyo, también pelea una iniciativa en el Congreso local de Oaxaca para que los ataques con ácido a mujeres sean catalogados jurídicamente como intentos de feminicidio. En México estos ataques ni siquiera están tipificados en el Código Penal, excepto en la capital, donde se castiga con penas de 9 a 12 años de prisión. Tampoco existen datos oficiales sobre el número de víctimas.

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