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El presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz, ha declarado, tras perder la candidatura a la gubernatura de Baja California Sur, que contribuirá a la unidad de Morena y dijo ser: “un soldado de AMLO [Andrés Manuel López Obrador]”. Pero se empeña en generar división entre los regidores, el partido que representa y la ciudadanía que lo eligió en 2018. En la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Honorable XVI Ayuntamiento de La Paz, celebrada el pasado 16 de diciembre, Rubén Muñoz y siete regidores votaron en contra del dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, documento que ratifica que los integrantes del Ayuntamiento no están facultados para conceder el cambio de uso de suelo solicitado por los grupos inmobiliarios que impulsan el desarrollo habitacional y corredor urbano denominado “Misión Punta Norte”.

Al más puro estilo priísta de sus antecesores, Rubén Muñoz operó en contra del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, presidida por José María Avilés y las regidoras Marcela Amador Morga y Virginia del Pilar Villavicencio, quienes después de analizar varias solicitudes de cambio de uso de suelo a diferentes predios determinaron negar el trámite del cambio solicitado por los grupos SiNow de Century 21 y Firme para proceder a la urbanización del predio denominado como “Zacatecas”, ubicado entre la carretera Transpeninsular La Paz-Ciudad Constitución y la que conecta a San Juan de la Costa, mismo que ostenta la clave catastral 1-01-014-0165.

Para poder otorgar cambios de uso de suelo se debe modificar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU). De acuerdo con este documento, el tipo de construcción autorizado para esos terrenos es el correspondiente a Vivienda Residencial Turística, debido a que se encuentran en una zona de Bienes Nacionales y de Protección Ecológica de Aprovechamiento. Pero el proyecto inmobiliario pretende edificar un megaproyecto de alta densidad poblacional, para lo cual necesita que el predio “Zacatecas” sea catalogado como predio Habitacional de Interés Medio y Corredor Urbano, esto de acuerdo con las categorías de uso de suelo. El proyecto “Misión Punta Norte” pretende edificar viviendas en más de 4 mil 500 lotes, mismos que ya ha anunciado para venta, lo cual no es posible de acuerdo a la reglamentación de planeación urbana vigente para el área en cuestión.

La Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente tiene en claro la situación y ha negado la continuación del proceso solicitado por los grupos inmobiliarios, pero Rubén Muñoz y los regidores Pedro Barroso (PRI), Pilar Eduardo Carballo (PRS), Irma Yolanda Robledo (Morena), Yudith Esmeralda Lizárraga (Movimiento Ciudadano), así como los independientes Beatriz A Hernández, Juan Ramón Domínguez Leyva y David Castillo Duarte votaron en contra de dicho dictamen. Lo anterior, pasando por alto que los integrantes del Cabildo no tienen la atribución de conceder trámites de cambio de uso de suelo. Tal acción le ha recordado a los sudcalifornianos los álgidos conflictos que se dieron contra administraciones municipales pasadas, panistas y priístas, cuando los entonces integrantes del Cabildo buscaron la manera de torcer la ley, pues ellos no tienen las atribuciones legales para conceder cambios de uso de suelo para establecimientos mineros y desarrollos inmobiliarios.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo y la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur establecen que, para que el PDU pueda modificarse, se debe llevar a cabo un procedimiento que incluya una consulta pública y la intervención de todas las autoridades pertinentes, acto que fue solicitado por la comisión dictaminadora al presidente municipal para coordinar la reposición del proceso de actualización y modificación del PDU, pero conforme a la Ley. La respuesta de Rubén Muñoz y siete regidores fue votar en contra de dicho dictamen.

La maniobra de Muñoz para darle continuidad al trámite inmobiliario fue turnar el asunto a la Comisión de Gobernación, Seguridad y Tránsito, que él integra con Juán Ramón Domínguez y Pilar Eduardo Carballo, obteniendo nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Cable aclarar que a dicha  comisión no le corresponde discutir un tema de desarrollo inmobiliario.

Es importante señalar que votaron a favor del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente los regidores: Jorge Pavel Castro (Morena), Cecilia Higuera Murillo (Morena), Marcela Amador Morga (sin partido), José María Avilés Castro (Morena) y Alicia Arvizu Higuera (BCS Coherente). Se abstuvieron de votar la síndica Martha Judith Páez y la regidora Virginia Pilar Villavicencio.

Todo parece indicar que el autodenominado soldado de López Obrador tiene intereses más allá de lo ciudadano y mantiene viva la solicitud de cambio de uso de suelo de los desarrolladores inmobiliarios. Cabe señalar que el proyecto tiene el visto bueno del gobernador Carlos Mendoza Davis, quien lo anunció en marzo de 2020 junto con los inversionistas involucrados. Es posible que un actuar del cabildo municipal por encima de la ley, para otorgar el cambio del uso de suelo y sin efectuar la consulta ciudadana correspondiente, lleve a la autoridad a una confrontación con los sudcalifornianos, como aquellas que ya se han dado en el pasado, lo que invariablemente distanciará a Rubén Muñoz de la cuarta transformación.