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Antes de iniciar, el gobierno de Peña Nieto ya estuvo marcado por la corrupción con la compra ilegal de votos a través del Banco Monex y el financiamiento de Odebrecht a su campaña. Los escándalos no pararon en su sexenio: vendrían la “casa blanca”, las contrataciones a OHL, las compras irregulares de Fertinal y Agro Nitrogenados; pero también los crímenes de lesa humanidad. Los retos que heredó a la 4T son muchos y no fáciles de superar, señala en entrevista el experto Fernando Nieto Morales

Enrique Peña Nieto, el priísta que logró regresar a la Presidencia de la República tras dos fallidos sexenios panistas, es emblema de la corrupción incluso antes de asumir el máximo cargo público. El investigador Fernando Nieto Morales  –especialista en combate a la corrupción– destaca que, desde un inicio, este expresidente fue protagonista de violaciones a la ley, pues en las elecciones incurrió en compra masiva de votos a través del Banco Monex y en financiamiento ilegal por parte de una entidad extranjera: Odebrecht.

A lo largo de su sexenio, sobre todo a partir de 2015, ocurrió el “destape de un montón de escándalos de corrupción que llegó a corroborar la sospecha generalizada de que el régimen político en México está plagado [de éstos] y que muchos de los actores políticos del país participan en actos de este tipo de manera regular. No sólo funcionarios de bajo nivel, sino de muy alto nivel que se involucran en estas redes que luego permean por todos lados al sistema político”, agrega Nieto Morales.

La llamada “casa blanca”, los contratos anómalos con OHL, las compras que hizo Petróleos Mexicanos de plantas chatarra como Fertinal y Agro Nitrogenados son sólo algunos ejemplos de los “pagos de favores” a los que estuvo sometida la pasada administración federal, la llamada “estafa maestra”. Pero también hechos mucho más graves, como son los crímenes de lesa humanidad: la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya.

En entrevista con Contralínea, el investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México explica que la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, ocurrida en Estados Unidos en octubre pasado, refuerza la percepción de que fue un sexenio plagado de impunidad, “donde el descaro de la vinculación del sistema político y de redes del crimen organizado fue muy claro”. No obstante, como se sabe las autoridades estadunidenses retiraron los cargos a petición del gobierno mexicano.

Para el doctor en sociología por la Universidad de Groningen, Países Bajos, hay tantos ejemplos que “empezar a llamarlo el sexenio de la corrupción deja de ser una alegoría y se convierte en una cosa bastante real”. Por ello, opina que Peña Nieto tiene responsabilidad de “todos los despropósitos y casos que sucedieron a lo largo de su gobierno”.

Juicio al expresidente

La próxima consulta pública para juzgar a los expresidentes podría significar una oportunidad para que estos crímenes sean juzgados. Sobre este tema, el investigador del Colmex considera que, en caso de que se generen responsabilidades jurídicas, “el expresidente tendrá, como cualquier ciudadano, que ser llamado a cuentas y en su caso ser castigado, si es que así lo indica la ley o los tribunales”.

Respecto de las posibilidades de probar que el expresidente cometió actos de corrupción, el doctor en sociología considera que es muy difícil. Acreditar la participación de funcionarios de alto nivel es muy complicado, porque los documentos probatorios, por lo regular, se firman por actores de nivel medio o bajo “que en muchos casos actúan extorsionados por la jerarquía administrativa”.

Agrega que, hasta ahora, “le hemos apostado a que habrá una especie de revelaciones: ése ha sido un poco el caso de[l exdirector general de Pemex, Emilio] Lozoya, y que todas la piezas, un poco como efecto dominó, van a caer y de pronto vamos a tener en el banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto. Sospecho que eso no necesariamente sucederá. Lo que yo creo es que habrá casos puntuales que implican un montón de investigación y que no necesariamente va a llegar al expresidente”.

Sobre la consulta para juzgar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto –que el 1 de octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como constitucional, aunque modificó la pregunta que se hará en 2021 a la sociedad–, considera que no debería realizarse.

Y es que para el doctor Fernando Nieto, no es necesario realizar una consulta para que se inicie cualquier investigación que involucre a funcionarios y exfuncionarios por ser sospechosos de haber cometido actos ilegales, ya que no se tendría “por qué estar poniendo a consulta la procuración de justicia”.

Problema institucional

El problema fundamental de la corrupción política en México es que las instituciones la toleran. Ése es uno de los síntomas de la debilidad institucional “que hemos venido arrastrando en este país y con la cual se ha permitido que actores, como en el sexenio pasado, se aprovechen de huecos legales y organizacionales para realizar actos de corrupción”, advierte el doctor Nieto Morales.

Por ello, el especialista subraya la importancia de no creer que el combate a la corrupción depende sólo de los procesos judiciales que están en curso, sino que va más allá y para lograr una respuesta efectiva es necesario realizar políticas públicas e instituciones anticorrupción, para que se conforme un sistema que garantice que no se van a repetir esas acciones.

“Si le estamos apostando a los grandes casos y a los peces gordos en realidad no estamos resolviendo el problema de fondo: no tenemos la garantía de que en 12 años no vuelva a suceder algo como lo que vimos el sexenio pasado. Hasta que no construyamos, de nuevo, instituciones fuertes que trascienden a las personas, que trascienden las buenas intenciones del presidente [Andrés Manuel] López Obrador, que realmente se generen procesos de incentivos para que la gente cumpla su deber y que no violenten el Estado de derecho”, añade el investigador Fernando Nieto.

Asimismo, explica que la impunidad es consecuencia de la debilidad institucional e influye para que se sigan cometiendo actos de este tipo, porque existen muchas denuncias, pero la mayoría no se judicializan y no llegan a un castigo efectivo.

El especialista en anticorrupción destaca que para acabar con esta problemática es necesario que por lo menos existan tres aspectos: el primero es la presión ciudadana, es decir que los mexicanos exijan la transformación de las instituciones; el segundo consiste en la elaboración de mecanismos de combate a la corrupción efectivos, elaborados con base en análisis que permitan identificar las causas y la forma de prevenirla; y, por último, que se garantice que las investigaciones van a llegar a un resultado, es decir que se asegure que va a haber un castigo para los responsables y que se van a resarcir los daños patrimoniales al Estado.

Voluntad política de la 4T

La administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que uno de sus objetivos principales es el combate a la corrupción. Sin embargo, el investigador del Colegio de México advierte que hay varias señales que indican que sus intenciones no necesariamente se están traduciendo en un combate efectivo que dé resultados, aunque es un discurso rentable.

“Al presidente le gusta decir cosas como que la corrupción se combate dando el buen ejemplo o que se barren las escaleras de arriba para abajo. Estas cosas que salen muy bien en el discurso y hacen mucho sentido en términos simbólicos o de discurso, no se traducen en acciones concretas de gobierno”, señala el experto en la materia.

También critica las detenciones que se han realizado en Estados Unidos y que involucran a exfuncionarios de alto nivel –como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública–, pues pareciera que con éstas se estuviera “subcontratando el sistema de justicia y eso no debería de estar pasando”.

El académico puntualiza que eso “habla de nuevo de falta de voluntad política, pero también de la falta de capacidades en términos de procuración de justicia en México, particularmente en la Fiscalía General de la República”.

Por último, el especialista dice que si no hay resultados a mediano plazo, la política anticorrupción del gobierno actual será una apuesta poco creíble. Y advierte que de resultar en fracaso, está de por medio la legitimidad de las instituciones democráticas en México: ya de por sí “es bastante frágil” como para no hacer algo efectivo.

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