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El sábado 19 fueron encontrados los cuerpos de cuatro indígenas nahuas de la Montaña baja de Guerrero. Sí, otros cuatro de una sangría que no para ante la indolencia de los tres niveles de gobierno. María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño llevaban por nombres los indígenas encontrados al interior de su propia camioneta: maniatados, con huellas de salvaje tortura y sendos tiros de gracia.

Las dos mujeres y los dos hombres pertenecían a la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez. Habían desaparecido un día antes, el viernes 18. Sus cuerpos aparecieron en un punto de la carretera que conecta Chilapa con Tlapa de Comonfort, en la Montaña de Guerrero.

Eran integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la organización a la que pertenecen 22 comunidades que recientemente rompieron un cerco paramilitar impuesto por el narco, en específico por el cártel de Los Ardillos. Hace un mes que habían recuperado la movilidad en el territorio. Ahora ven estas comunidades nahuas que, por tal osadía, los sicarios les cobran una cuota de sangre.

Hace poco más de 1 año recorrimos la zona. Documentamos que las 22 comunidades del Cipog-EZ en la Montaña baja vivían bajo asedio. Tuvieron que instalar trincheras en el perímetro de su territorio para repeler los embates armados de Los Ardillos .

 

 

La delincuencia organizada quiere el territorio de las comunidades porque lo utiliza como ruta del trasiego de drogas, armas y personas, y como lugar de siembra de amapola. Se aprovecha de la ausencia de comunicaciones, y de la sospechosa inacción de los gobiernos, para imponer su ley, someter a los pueblos y asesinar a quienes se les oponen.

Si los gobiernos municipales de Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comonfort y José Joaquín de Herrera y el estatal de Guerrero no pueden llamarse a sorpresa por lo que ocurre, tampoco el gobierno federal. Las comunidades han gritado al mundo su situación con cada masacre que padecen. Su caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero al interior del país las autoridades hacen como si nada pasara.

En octubre, una comisión del Cipog-EZ vino a la Ciudad de México. Le informó, una vez más, al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, de la situación.

La propia Fiscalía General de la República (FGR) tiene identificados a los líderes de Los Ardillos. Se trata de los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez. Y también sabe que otro hermano, Bernardo, es el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del estado.

Bernardo Ortega Jiménez ha declarado en reiteradas ocasiones que nada tiene que ver con las actividades de sus hermanos; pero para las comunidades del Cipog-EZ él es el mando político de Los Ardillos, mientras que Celso y Jorge Iván son los mandos operativos del grupo armado. Señalan que la protección con que cuenta este cártel viene de las altas esferas del gobierno del estado.

¿Y la 4T? ¿Qué equilibrios sostiene o qué acuerdos tiene que cumplir como para no actuar contra este cártel? ¿O acaso saca alguna ventaja de los ataques a estas comunidades?

¿Por qué el gobierno federal se niega a brindar medidas cautelares? ¿Por qué la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha enviado a ningún visitador a registrar las violaciones a los derechos humanos en la zona y a atestiguar el cerco narco-paramilitar contra las comunidades?

¿Cuántas vidas más tienen que ser segadas para que escuchen a estas familias nahuas? ¿Cuántos muertos les falta poner para que se vuelvan a verlas? Llevan alrededor de 30 en sólo los últimos 2 años, entre comandantes de su Policía Comunitaria, activistas, músicos y campesinos. Las emboscadas no cesan. La más reciente es un macabro mensaje para quienes rompieron el cerco, paramilitar e informativo, en semanas anteriores.

En el comunicado mediante el cual las comunidades nahuas del Cipog-EZ dieron cuenta de los asesinatos, también se asienta:

“Hoy, y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando. Sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud. Aquí en la Montaña baja de Guerrero el Covid-19 es lo de menos; nos están asesinando, así, como animal, sin que nadie escuche, sin que nadie haga nada. Nuestro ¡Ya Basta! continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa; nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad.”

Las comunidades del Cipog-EZ no están solas. Sus apoyos no están en las ciudades ni en los círculos de la vieja y nueva clase política. Están en pueblos de otras regiones, igualmente pobres y dignos. Cuentan con el respaldo de los organizados en torno a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en el propio estado de Guerrero, y de los que integran el Congreso Nacional Indígena en todo el país.

¿Tendrá algo que ver la inacción del gobierno federal precisamente en las simpatías zapatistas de las comunidades afectadas? Ojalá las respuestas a las preguntas planteadas lleguen antes que la siguiente emboscada.

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