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La operación del programa agrario Precios de Garantía es deficiente, señaló el movimiento Plan de Ayala Siglo XXI. Por ello, exigió la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como a la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Y es que la organización acusó que el programa está “en la casi parálisis”.

En una carta, Plan de Ayala denunció que en plena cosecha, la Segalmex les informó que sólo abrirán 500 de las 800 bodegas comprometidas a nivel nacional, y en el mes de diciembre sólo serán 100. Lo que reprobó, dado que las cosechas de las y los pequeños productores del ciclo primavera verano iniciaron desde el pasado octubre y el volumen más grande se da precisamente en el último mes del año.

Asimismo, en las pocas bodegas abiertas, los pagos por la compra de grano ha sido lento, lo que perjudica la economía de las y los productores, pues necesitan con urgencia “cubrir créditos y garantizar su propia alimentación”.

Sumado a ello, en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala no han sido cumplidas a cabalidad las propuestas y negociaciones entre las comunidades, los gobiernos estatales y federal para la apertura de centros de acopio. Así como que la Segalmex es incapaz de “generar las condiciones de acondicionamiento del grano, traslandándole al productor la responsabilidad”, lo que calificó de “inadmisible”.

La organización del movimiento campesino, indígena y afromexicano también afirmó que Segalmex incumple con los objetivos del programa: ayudar y reconocer la labor de los campesinos mexicanos. Ante lo anterior, demandó a las autoridades competentes la apertura inmediata del total de centros de acopio.

Asimismo, que se transparente la entrega-recepción de grano garantizando la participación comunitaria; que la ubicación de las bodegas receptoras y su equipamiento sea conforme a las zonas de producción más desprotegidas y no con base en las necesidades de los productores y que los procesos de pago sean más agiles conforme lo estipulado en el programa.

Además de solicitar total transparencia a los recursos asignados al programa, ya que se argumenta falta presupuestaria. La organización dijo que “buena parte del grano acopiado se vende a comercializadores Diconsa”. En su opinión, la Sader y Segalmex favorecen a las grandes empresas, mientras que dejan a un lado a las y los pequeños productores.

Por ello, urgió al presidente de México revisar las políticas del ciclo otoño-invierno 2021 dirigidas a medianos productores, dado que hay especulación propia de los “gobiernos neoliberales”. Y acusó que la Segalmex obliga a las y los productores a comprar coberturas agrícolas, con toda la complejidad (corredurías, créditos, especulación) que esto implica para los más descapitalizados.