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En su Recomendación 66/2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que elementos de la Policía Federal desplegados en Valle Hermoso, Tamaulipas, violentaron los derechos humanos de una persona a la seguridad jurídica, por retenerla ilegalmente, y a su integridad personal por actos de tortura.

Dirigida al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, y al fiscal General de la República – Alejandro Gertz Manero –porque personal ministerial de la entonces PGR violó el acceso a la justicia de la víctima en su modalidad de procuración de justicia–, la recomendación refiere que “la víctima fue torturada por policías federales cuando lo detuvieron en Valle Hermoso, con la finalidad de que diera información sobre casas de seguridad y personas secuestradas, pero él desconocía dicha información”.

Para la CNDH, “la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, y ha enfatizado la importancia de que las conductas ilícitas de las personas del servicio público también sean motivo de investigación y sanción para evitar la impunidad”.

Por ello, luego de analizar las pruebas, el organismo autónomo “constató una dilación de poco más de nueve horas entre el momento de su aseguramiento y su puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal. También concluyó que el agraviado fue víctima de tortura al presentar lesiones causadas intencionalmente para obtener información y provocarle sufrimiento; se observaron omisiones e irregularidades atribuibles a personal de la entonces PGR para atender el requerimiento de la autoridad judicial e investigar la tortura denunciada, violando así su derecho de acceso a la justicia”.

Por lo anterior, solicitó a Ricardo Mejía Berdeja que, “en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, otorgue a la persona agraviada atención psicológica, una compensación y la inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la denuncia y queja que se presente ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, en contra de cuatro personas servidoras públicas involucradas en los hechos; capacitar al personal de esa corporación en materia de derecho a la integridad, seguridad jurídica, libertad personal y prohibición de la tortura, y que proporcione a éste equipo de videograbación, audio y geolocalización para documentar las acciones que realice al desempeñar su labor”.

Y al fiscal Gertz Manero le pidió “practicar las diligencias necesarias para determinar la investigación ministerial conforme a derecho; colaborar en la queja que se promueva ante la autoridad competente de esa Fiscalía, en contra de una persona servidora pública, por los hechos y omisiones señalados en la presente Recomendación; capacitar al personal ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la modalidad de procuración de justicia en investigaciones relacionadas con actos de tortura”.

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