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La violencia contra niñas, adolescentes y mujeres refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y desplazadas ha aumentado durante la pandemia causada por la Covid-19, y ha tenido un impacto diferenciado y grave, alertó la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Por ello llamó al Estado mexicano, a las organizaciones, a la iniciativa privada y a la sociedad en general a unirse en el combate y la erradicación de esa violencia contra las mujeres, y a mantener los servicios de atención y respuesta a la violencia sexual y de género como esenciales en todo momento

El Sub-Grupo de Trabajo de Protección para Atención a la Violencia Sexual y Basada en Género –coordinado por la Acnur– indicó que para las afectadas por el desplazamiento forzoso y la migración, el riesgo de sufrir violencia sexual y de género siempre ha sido elevado; ya que éste exacerba las relaciones desiguales de poder y otras vulnerabilidades.

Al respecto, citó un estudio de Save the Children –Niñas en movilidad en México y Centroamérica–, que apunta que “uno de los factores detonantes de la migración de niñas y adolescentes desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos es, justamente, la violencia sexual y de género, misma que se replica durante su tránsito y en el lugar de destino”.

Aunado a ello, destacó que en ese contexto del desplazamiento hay formas interseccionales de discriminación que incrementan la vulnerabilidad y los riesgos de violencia para mujeres y niñas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas, mujeres y niñas con discapacidad, y mujeres y niñas indígenas, entre otras.

Asimismo, apunta que con la pandemia también se dificulta “el acceso a servicios, principalmente los de salud, debido al cierre de espacios de recepción, las restricciones a la movilidad, el limitado acceso a centros de salud y la disminución de oportunidades socioeconómicas. Entre los riesgos a los que se enfrentan mujeres y niñas refugiadas, migrantes y desplazadas se destacan la violencia familiar, la violencia sexual, embarazos forzosos o no deseados, violencia institucional, violencia psicológica, lesbofobia, bifobia y transfobia, además de reducido acceso a servicios de atención contra la violencia sexual, el aumento significativo de responsabilidades de cuidado, entre otras”.

En ese contexto, el Sub-Grupo instó a que “los servicios de atención a la salud y de repuesta a la violencia sexual y basada en género se mantengan como esenciales en todo momento de la contingencia sanitaria, que sean accesibles y aseguren la atención de calidad y sin discriminación a mujeres y niñas, y que se garantice que las organizaciones y los programas específicos para la atención de violencia de género y para el desarrollo de mujeres y niñas –incluyendo mujeres y niñas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y desplazadas–  tengan los fondos suficientes para responder al impacto exacerbado que la contingencia ha tenido en esta población”.

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