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A dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara al máximo cargo público, su gobierno aún enfrenta el reto de construir una política laboral que fomente el trabajo digno, que aumente el poder de compra y la formalización de puestos de trabajo, señaló Abelardo Mariña, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

“La tarea y el reto fundamental es luchar porque la informalidad en el empleo en México disminuya a tasas desaceleradas. La formalización de la contratación es igual o más importante que el aumento del poder de compra, da certidumbre y posibilidad de acceder a ciertas prestaciones. Ése debe ser un eje fundamental de la lucha de los trabajadores y de la lucha de transición”, destacó el especialista en economía.

Durante la mesa de análisis “Crisis económica, pandemia y la 4T. Una evaluación necesaria”, el académico consideró que se puede observar el compromiso de la administración actual con el sector laboral. Sin embargo, aún falta que se cumpla el compromiso que la cuarta transformación realizó para eliminar el outsourcing.

En este sentido, puntualizó que la crisis económica provocada por la Covid-19 provocó la caída del empleo formal e informal, ya que aproximadamente 1 millón de trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social se quedaron sin actividad laboral y se retiraron casi 12 millones de personas de la población económicamente activa.

Abelardo Mariña dijo que “está claro que se trata de recuperar empleos”, ya que alrededor de 5 millones de trabajadores recuperaron su empleo y de “mejorar el salario, se espera un aumento del 15 por ciento para el año que entra”.

Asimismo, opinó que, aunque la pandemia provocó “un desplome diferenciado de la actividad económica en marzo, abril y mayo” y la caída del 9.8 por ciento del producto interno bruto “es dura”, pero no como lo habían estimado organismos internacionales.

Durante esos meses, el doctor explicó que las exportaciones petroleras y manufactureras de la industria automotriz disminuyeron 90 por ciento. También hubo una reducción entre el 30 y 70 por ciento en las actividades de construcción, comercio, esparcimiento, restaurantes y hoteles.

El especialista dijo que, mientras el primer año “el gobierno decidió destruir esquemas existentes y tratar de reconstruir nuevos sistemas para evitar la propagación de corrupción”; el segundo está caracterizado “por ayudas focalizadas sin aumento de déficit y deuda”. Así como por un lanzamiento “tardío” de proyectos estratégicos y de reactivación de la inversión.

También destacó que la austeridad republicana es diferente a la austeridad neoliberal, ya que la decisión del gobierno federal de no aumentar la inversión al sector privado se contrapone con la respuesta “ tradicional” que se aplicó en sexenios anteriores cuando había crisis económicas, por lo menos desde 1982.

Por último, Mariña subrayó la importancia de que exista correlación de fuerzas entre grupos de poder económico, político, intelectual, académico para profundizar en los aspectos que pueden llevar a “una transición antineoliberal”.