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La periodista independiente Judith Valenzuela exigió al sistema judicial la liberación inmediata –como lo solicitó la ONU el año pasado– de su hijo, Rafael Méndez Valenzuela, quien fue detenido y encarcelado de forma injustificada en enero de 2008, bajo cargos de delincuencia organizada.

La periodista Judith Valenzuela exigió la liberación de su hijo

También pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla el compromiso que asumió el pasado 25 de noviembre, durante su conferencia matutina, cuando la comunicadora le manifestó su preocupación por el caso y él le indicó que la Secretaría de Gobernación la recibiría, lo cual no ha sucedido.

Y exigió “que suelten a mi hijo porque quiero estar con él este año. Ya es suficiente. Tuve mucho miedo, pero ya no: ya son 13 años y estoy destrozada. Ya no sé qué más hacer. Al señor presidente le pido que cumpla con lo que me dijo hace una semana, me dijo que iban a platicar conmigo, que si mi hijo era inocente lo iban a liberar de inmediato y aquí estoy una semana después. No me han recibido, ¿de qué se trata entonces?”, señaló en conferencia.

La periodista explicó que no ha sido recibida por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; ni ha platicado con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. El día que acudió a la conferencia presidencial matutina únicamente pudo platicar con un abogado –asignado por dicha Secretaría– a través de zoom y le volvió a plantear el caso de su hijo.

Rafael Méndez Valenzuela, joven de 33 años, fue acusado de delincuencia organizada sin ninguna prueba incriminatoria, aseguró la mujer. Agregó que los policías estatales que lo detuvieron en Valle de Bravo, Estado de México, junto con agentes federales y militares, lo torturaron durante seis horas y media para que firmara una declaración en la que reconocía que formaba parte del grupo criminal La Familia, y “ése es el único elemento que tienen para mantenerlo encarcelado, no hay más pruebas”.

La abogada Olivia Rubio Rodríguez aseguró que el joven, que en aquel entonces tenía 20 años de edad, “fue sometido a torturas durante esas seis horas: le destrozaron los dedos de la mano uno por uno, recibió golpes, asfixia, golpes en los oídos. Tal como sabemos que lo hacen las corporaciones policiacas”.

La Organización de las Naciones Unidas tomó el caso y emitió una resolución a principios del año pasado, en la que pidió al Estado mexicano liberar a Rafael Méndez de inmediato y reparar el daño.

El joven cumplió su sentencia penitenciaria el 2 de marzo de 2018. Ya debería de estar en libertad, pero “lo han retenido sin base legal por dos años y medio más en una prisión federal, lo que es una violación flagrante al derecho a la libertad personal”.

Por su parte, Judith Valenzuela indicó: “estamos aquí pidiéndole a la juez [María del Socorro Castillo Sánchez] que ya suelte a mi hijo. ¿Por qué lo tienen todavía ahí?, si ya hace tres años que cumplió. No entiendo qué pasa, cada vez que esperamos que él salga hay una traba que lo detiene. El martes de la semana pasada fuimos con los licenciados a Toluca a hablar con la juez porque teníamos una cita y no se presentó. Es una serie de arbitrariedades. En estos 13 años he visto toda la corrupción que hay en el sistema de justicia, toda la miseria que hay ahí”.

También señaló que a Méndez Valenzuela se le aplicaron cuatro exámenes basados en el Protocolo de Estambul para documentar la tortura, dos independientes y dos oficiales, uno por el Consejo de la Judicatura Federal y otro por la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura del Estado de México. Todos concluyeron que existe evidencia física y secuelas mentales por haber recibido acciones de tortura, por lo que la abogada advirtió que ésa es la razón por la que las autoridades siguen obstaculizando su liberación, ya que el acusado ha pedido en repetidas ocasiones que se realice una investigación por las agresiones que sufrió.

Por ello, los abogados Olivia Rubio y Sergio Arturo Ramírez Muñoz, junto con la periodista Judith Valenzuela, exigieron también la reparación del daño físico, emocional y económico causado a Rafael Méndez por la tortura y detención arbitraria de las que fue víctima durante 13 años. Así como una disculpa pública del Estado mexicano.