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Madres y familiares de víctimas directas de feminicidio –acompañadas por defensores de derechos humanos y organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio– denunciaron “el grave problema de obstaculización y denegación en la procuración y acceso a la justicia que ejerce, a través de diversas omisiones y negligencias, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla”.

En una carta dirigida al Congreso local –para que cite a comparecer a la fiscal responsable, María Eugenia Calderón Olimán–, señalaron que hay “omisión de investigar con debida diligencia y perspectiva de género la muerte violenta de nuestras hijas”; “total ausencia de planes metodológicos de investigación para el esclarecimiento de los hechos”; “revictimización continua a la que se nos sujeta en diversas diligencias y actuaciones llevadas a cabo por las autoridades ministeriales”.

A la Fiscalía también la señalaron de no “garantizar los derechos que nos corresponden como víctimas indirectas de conformidad con las regulaciones victimales aplicables a nuestros casos (como la Ley General de Víctimas)”; incurrir en “deficiencias, errores y omisiones en los dictámenes periciales técnicos y científicos, esenciales para el esclarecimiento de los hechos, llevados a cabo durante la investigación”; ocasionar “daños irreparables en la investigación, por la omisión de realizar diligencias en plazos necesarios y razonables”.

Además, apuntaron que hay “retardo injustificado en la investigación, tanto para la realización de diligencias particulares como para el esclarecimiento total de los hechos”; “obstaculización para que podamos coadyuvar de manera plena con el órgano ministerial en la investigación de los hechos”; “ausencia total de diálogo con los superiores de las autoridades investigadoras”.

Otras negligencias que le atribuyeron fue “sostener reiteradamente hipótesis de suicidio desde el inicio de la investigación de la muerte violenta de nuestras hijas”, así como filtrar información sensible en la investigación a medios de comunicación y a terceros.

Por ello, las madres y familiares de las víctimas exigieron a la Comisión de Igualdad de Género –del Congreso poblano– que, “ante el grave contexto de violencia feminicida existente en Puebla y ante la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida en la misma, se cite a comparecer a la actual titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, María Eugenia Calderón Olimán, para efecto de que se pronuncie respecto a las omisiones y negligencias que se exponen en este documento, así como en cuanto a la falta de efectividad durante su gestión en el esclarecimiento e investigación de los delitos de feminicidio”.

Para ellas, es esencial que “se den garantías de efectividad respecto de las obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, máxime cuando en nuestra experiencia, el Poder Judicial local ha carecido de total efectividad para garantizar la protección efectiva a nuestros derechos humanos en relación con el presente tema”.

Tres casos ilustrativos de la negligencia

En su carta, las madres y los familiares de las víctimas de feminicidio ilustraron esas negligencias con los casos de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, Diana Celina González Hernández y Gabriela Sánchez Martínez.

“El 15 de mayo de 2018 nuestra hija Zyanya, destacada médica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y residente en el Hospital del Niño Poblano, fue encontrada sin vida en su domicilio por la persona con la que compartía su vivienda y por otros compañeros de trabajo. Supuestamente se le encontró colgada en el baño de la casa, hecho que sólo consta en diversos testimonios pues las personas que la hallaron manifestaron haberla descolgado con autorización de los servicios de emergencia. Durante los días posteriores a los hechos se filtró a los medios de comunicación una carta póstuma supuestamente elaborada por nuestra hija, así como diversa información sensible para la investigación; además, uno de los policías encargados de la investigación realizó actos en exceso negligentes y sospechosos que afectaron parte de la indagatoria.”

En el caso de Diana Celina, explicaron que “trabajaba en una empresa dedicada a prestar servicios relacionados con importaciones y exportaciones, lugar en el que ejercía su licenciatura en comercio internacional, misma que estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El 20 de diciembre de 2019, nuestra hija fue a un bar a celebrar las fiestas navideñas con diversos compañeros de trabajo así como con uno de sus amigos; al día siguiente nadie tenía conocimiento de su paradero, y la única información que existía es que se había retirado del bar con uno de sus amigos. El 23 de diciembre del mismo año, una patrulla encontró al amigo de nuestra hija con un balazo en su cabeza y a bordo de su vehículo, en la Autopista del Sol, en el estado de Guerrero. Posteriormente, el 26 de diciembre se encontraron algunos de los restos del cuerpo de nuestra hija a orillas del puente de Quetzalapa, aproximadamente en el kilómetro 166 de la misma Autopista del Sol.

“Hasta el momento no se ha realizado una búsqueda exhaustiva para encontrar los demás restos del cuerpo de Diana; no existe ningún tipo de coordinación en la investigación entre la Fiscalía de Puebla y la de Guerrero; no se han buscado con efectividad elementos objetivos y científicos que permitan conocer el lugar en el que ocurrió el feminicidio de nuestra hija ni la persona que lo llevó a cabo; no existe una investigación del contexto de Diana ni si existían antecedentes de violencia; la dirección de la investigación prácticamente se encuentra a cargo de nosotros los padres de Diana pues el órgano ministerial no es propositivo en aspecto alguno, y no se realizó un levantamiento correcto de indicios ni una búsqueda exhaustiva de los mismos.”

Finalmente en el caso de Gabriela, señalaron que “conoció a su agresor durante el año 2014 y en el año 2015 inició una relación de pareja y se fue a vivir con él. Durante esa relación Gabriela fue violentada en múltiples ocasiones, tanto desde un aspecto físico, como psicológico, económico, patrimonial y sexual. Asimismo, durante ese tiempo Gabriela cortó todo tipo de contacto y comunicación con su familia y con cualquier otra red de apoyo por presiones y amenazas de su pareja, por lo que no conocía mucho de lo que vivía con su agresor, salvo por lo que pudo contarme en las pocas ocasiones que se comunicó conmigo”, indicó su madre.

Agregó que “Gabriela apareció muerta el 5 de mayo de 2019 en un predio ubicado en la colonia San Salvador, en Puebla; sin embargo, al momento del hallazgo su identidad era desconocida, e inclusive el primer respondiente pensó que se trataba de un hombre por la sudadera que llevaba puesta; no es sino hasta el día 15 de mayo de 2019 que reconozco el cadáver mi hija.

“Desde el inicio de la investigación, las autoridades involucradas señalaron como causa de la muerte de mi hija al suicidio por ahorcamiento, por lo que a pesar de tratarse de una muerte violenta, no se investigó desde un inicio como feminicidio y aún sostienen dicha hipótesis; no se ha realizado una investigación científica de la mecánica de los hechos; no hubo un correcto levantamiento de indicios; el dictamen de necropsia tiene muchas deficiencias que no permiten esclarecer los hechos con certeza; se han tratado de efectuar pruebas revictimizantes como la necropsia psicológica; la mecánica de lesiones y el dictamen de criminalística son deficientes; no existe una solicitud de información a compañías telefónicas para saber si Gabriela tenía un teléfono celular, así como en caso afirmativo, las sábanas de llamadas del mismo y la georreferenciación y a pesar de toda la información de contexto, no existe una línea de investigación basada en la violencia de género que sufría Gabriela”.

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