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En su Recomendación General 43/2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que el Estado mexicano ha fallado en la atención a la violencia de género, en especial en el tema de los feminicidios. Dirigida al los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, apunta que se ha incurrido en violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas para la prevención, atención, sanción y reparación integral a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias ejercidas contra las mujeres.

Por ello, solicitó al Estado mexicano “un reconocimiento conjunto, público y abierto de la grave situación por la que atraviesan las mujeres en nuestro país por razón de género, y en el que se comprometa a realizar acciones para prevenir, eliminar y erradicar todo acto de violencia contra las mujeres”.

El organismo autónomo también notificó esta resolución a  la Fiscalía General de la República, a las fiscalías y procuradurías generales de las entidades federativas, a los congresos locales, a los organismos protectores de derechos humanos, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a las universidades autónomas de los estados, al Instituto Politécnico Nacional, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a sus homólogas estatales; así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a las procuradurías de protección a niños, jóvenes y adolescentes en todo el país.

En un comunicado, apuntó que la violencia en contra de las mujeres en el país se ha incrementado: de enero a julio de 2020 se registraron 180 mil 646 casos de agresión, acoso, hostigamiento y violencia física, psicológica y sexual. En el periodo han ocurrido 549 feminicidios.

Por ello, solicitó al gobierno federal realizar un diagnóstico operativo, de recursos humanos y financieros de las instituciones encargadas de prevenir, atender e investigar el feminicidio.

La CNDH también instó a implementar un programa de formación, capacitación y profesionalización permanente en materia de prevención, atención e investigación de violencia contra las mujeres por razón de género, que permita la asignación de recursos económicos a las dependencias que se encargan de los delitos en razón del género. Y a adaptar líneas telefónicas de atención de emergencias para que exista un sistema de emergencia específico y accesible, distinto al 911, que permita a las mujeres solicitar asistencia.

Asimismo, pidió a las autoridades abstenerse de estigmatizar y criminalizar a las personas que realicen manifestaciones, y se deberán aplicar los protocolos de actuación aplicables en reuniones y manifestaciones sociales pacíficas, armonizados con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Además, demandó que se entreguen los apoyos correspondientes a las personas que hayan sido afectadas por el delito de feminicidio y pidió que se elabore un programa informativo de difusión, a nivel local y federal, sobre qué es el feminicidio, cuáles son sus causas, consecuencias y las instituciones responsables de brindar atención inmediata y gratuita para proteger a las mujeres víctimas de violencia.

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