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El sexenio de Ernesto Zedillo continuó con el desmantelamiento de la nación y la puesta por el Estado mínimo a favor de la empresa. En su gobierno se abrió paso a las negociaciones hechas por Salinas de Gortari, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue una administración de “claroscuros”, considera, en entrevista, el investigador Ernesto Bravo Benítez

Señalado por su antecesor Carlos Salinas de Gortari como el culpable de la crisis económica llamada “error de diciembre” o “efecto tequila”, Ernesto Zedillo Ponce de León permanece en la historia reciente como uno de los neoliberales mexicanos que comenzaron a desbaratar a la nación y a su economía.

El último presidente priísta del Siglo XX se encargó de rescatar a banqueros, nacionalizar la deuda privada y a privatizar los bienes de la nación, resume el investigador Ernesto Bravo Benítez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el contexto de la próxima consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes.

Zedillo pasó del más alto puesto burocrático a directivo de la iniciativa privada, justo en uno de los sectores que él mismo desnacionalizó: el ferroviario. Su mandato, del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000, fue el tercero desde que inició el régimen neoliberal en México.

Habitante de Estados Unidos desde que dejó el cargo, el exmandatario es uno de los que podrían ser enjuiciados por los delitos cometidos en el pasado y por haber llevado a la quiebra al país, luego de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para una consulta ciudadana el próximo año.

Con Ernesto Zedillo se abrió paso a las negociaciones hechas por Salinas de Gortari, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el rescate a los banqueros a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que después se transformó en Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y que se sigue pagando a través del presupuesto. También inició con la privatización del sistema ferroviario mexicano.

El catedrático universitario describe que a Zedillo le tocó un periodo particularmente difícil, porque “se enfrenta al error de diciembre de 1994; una crisis que es responsabilidad compartida, tanto del anterior sexenio como la que ya le corresponde a él”. En ésta, se devaluó la moneda al ciento por ciento, se registró la caída de las reservas internacionales y se incrementó el desempleo en cifras alarmantes. “Perfiló una crisis sistémica, donde el sistema bancario fue uno de los más afectados”, puntualiza Bravo Benítez.

El modelo neoliberal entró en recesión a escala nivel global: a México le siguieron Brasil, los países del Sudeste asiático, incluso Rusia, por lo que es considerada la etapa de la primera gran crisis de este modelo.

En el caso mexicano, indica el investigador, el sector bancario fue el que más resintió por el incremento tan importante en las tasas de interés, derivado de un aumento inflacionario, lo que finalmente hizo impagables las deudas, la quiebra de muchos empresarios y filiales que, finalmente, no pudieron con la carga.

Recapitula que en 1990, el gobierno del expresidente Carlos Salinas, había creado el Fobaproa, un fondo creado para darle autonomía al sistema bancario y que si alguno tuviera problema se utilizará para el rescate de un banco en particular.

El problema, dice, “es que se tenían aquí dos situaciones: finalmente, por la magnitud del problema que quebrara el sistema bancario y con eso quiebra el sistema de pagos, lo que va tener consecuencias importantes de carácter recesivo. La otra opción, en donde se podía, incluso, volver a nacionalizar al sistema bancario, que finalmente pasó porque nos quedamos con los pasivos, aunque no con los activos. Nacionalizaron la deuda. Sanearon las finanzas de como Banamex o Bancomer”.

El académico de la UNAM indica que esto significó una deuda que para 1998 estaba cerca de 550 mil 000 millones de pesos, considerada como deuda contingente, porque ,los fondos del Fobaproa no alcanzaban a rescatar todo el sistema. Al final, añade, fue “el gobierno, con recursos presupuestales, quien tuvo que asumir este pasivo”.

Hacia diciembre de 1998, los pasivos forman parte de “una deuda oficial mexicana” y cambia la institución de Fobaproa al IPAB, por encima del 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Actualmente, comenta el académico, es cercana al 3.6 por ciento, que significan 1.06 billones de pesos.

Sistema ferroviario, privatizado

El presidente Zedillo, analiza el experto, tuvo una administración de “claroscuros” porque le tocó afrontar la primera crisis del modelo neoliberal implantado en México, en un escenario muy complejo por la instrumentación del TLCAN, con el que “tenemos la sombra norteamericana, que cabildeó para para formar una bolsa de rescate de la crisis cercana a los 50 mil millones de dólares”.

Ese sexenio, indica el académico universitario, se hicieron cambios en términos de la descentralización, a partir de 1997 se generalizó el sistema de educación, la supervisión de los sistemas educativos junto con el de la salud. Entonces, “generalmente estamos hablando de un escenario complejo desde un punto de vista económico, pero también eso lo comprometió a seguir en la transformación de carácter neoliberal donde hubieron sectores, como las telecomunicaciones y ferrocarriles mucho muy cuestionables. Se dejó prácticamente para dos empresas toda la línea ferroviaria de este país y hubieron amplias zonas que quedaron incomunicadas”.

Ni bien dejó el cargo como primer mandatario, en 2001, Ernesto Zedillo formó parte del consejo de la empresa estadunidense Union Pacific, concesionaria de Ferromex. “Prácticamente, después de ese proceso el sistema ferroviario solamente se dedicó a transportar materias primas, se abandonó el transporte de personal y había regiones en el interior del país que quedaron incomunicadas”.

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indica que el 27 de febrero de 1995, se aprueba la reforma al Artículo 28 Constitucional, permitiendo la inversión privada en ferrocarriles y en satélites.

En mayo de ese mismo año, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, donde indica instrumentos y reglas para el otorgamiento de concesiones y permisos en el servicio ferroviario. El 13 de noviembre, expone el IMT, el DOF publica los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Ferroviario Mexicano.

Para septiembre de 1996, fue publicado el Reglamento del Servicio Ferroviario, que regula la construcción, conservación, mantenimiento, operación y explotación de servicios ferroviarios y auxiliares.

Hacia la segunda quincena de diciembre, la prensa nacional dio cuenta de la primera línea concesionada: el Ferrocarril del Noreste, con 3 mil 960 kilómetros de vías. Gana la concesión por 50 años Transportación Marítima Mexicana, asociada con la norteamericana Kansas City Southern Industries pagando 400 millones de dólares. La filial Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) operará la línea, expone el órgano desconcentrado de la SCT.

Ya en junio de 1997, “TFM inicia operaciones en el Ferrocarril del Noreste.El día 27, se conoce la concesión del Ferrocarril Pacífico Norte al Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado por Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la norteamericana Union Pacific. La empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) operará la línea de 6 mil 200 kilómetros. El pago por la concesión de 50 años fue de 4.5 millones de dólares”.

 

Crece la desigualdad con Zedillo

Para el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la brecha de desigualdad se fue consolidando con la administración de Ernesto Zedillo. “Es un proceso que empieza con Miguel de la Madrid, él es el que empieza a privatizar empresas para estatales, pero las más importantes en términos de activos fue con Carlos Salinas y continuaron con Ernesto Zedillo.

“Eso marcó el derrotero de lo que estamos viviendo ahorita tanto de pobreza como de pobreza extrema. Una desigualdad que explica los cambios que se dieron en 2018 en lo político. Se nos había dicho que el proceso de privatización y la apertura económica del país nos iba a permitir acceder a niveles de crecimiento mayor y de 1983 hasta el momento es un crecimiento promedio del 2 por ciento.

“Sin duda todos estos elementos que nos comenta forman parte de un juicio histórico al que ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador y sin duda quedaría dentro o en el marco de un juicio histórico”, puntualiza el académico.

El estudio Las brechas de desigualdad: México un país de contrastes, elaborado por la investigadora Martha Xolyanetzin Rodríguez Villarreal, de la Universidad

Autónoma de Nayarit, indica que durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León “la política social para erradicar la pobreza en México se llevó a cabo con la atención focalizada en los grupos de extrema pobreza por medio del programa de educación, salud y alimentación (Progresa).

“En cuanto a la reforma de seguridad social, en este sexenio se crearon las Afores [Administradoras de Fondos para el Retiro] para asegurar el autofinanciamiento del Seguro Social, en cuanto a las pensiones, lo que no ha favorecido a los derechohabientes. El análisis de esta etapa gubernamental no es positivo, dado que la corrupción, el clientelismo y la crisis internacional fueron factores de mayor empobrecimiento para el país”, precisa Rodríguez Villarreal.

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