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“…no reír, no llorar, no detestar, sino entender…”

Spinoza

El general Salvador Cienfuegos Zepeda fue devuelto. Pero no fue declarado inocente. Su repatriación obedeció, si nos atenemos a los discursos tanto de autoridades estadunidenses como mexicanas, a una especie de “razón de Estado”: el viejo argumento que justificaba todo tipo de proceder en aras de mantener la hegemonía de un poder dominante.

Sí, los mexicanos deberían de juzgar a los propios mexicanos, sean quienes sean: militares, funcionarios o civiles. Y los encontrados culpables deberían pagar sus delitos en este país antes de ser entregados a sistemas penitenciarios de otras naciones. Es un asunto de soberanía.

Pero el rescate de Cienfuegos no tiene esa vertiente. Se trata de un privilegio, una suerte de fuero extraterritorial… ¿por ser militar? O porque el juicio, ya previsiblemente, sin Donald Trump en el poder podría tomar derroteros insospechados. Veamos.

La jueza federal de Estados Unidos Carol B Amon dio trámite a un traslado “expedito” a México de quien fuera la máxima autoridad militar del sexenio pasado. Pero Amon tuvo la delicadeza de advertir que los fiscales estadunidenses habían logrado formular “cargos muy serios” contra Cienfuegos. Y que sólo tuvo que ordenar su liberación debido a intereses superiores del Estado estadunidense. En este caso los identificó como “intereses de política exterior” que superan a los de proceder con el caso.

Agregó no tener motivos para dudar que las autoridades mexicanas “sinceramente desean proceder con una investigación y posible enjuiciamiento de este acusado”. Y no tuvo empacho en señalar que esta decisión se tomó “en los niveles más altos del gobierno”. Es decir, fue tomada por el presidente Donald Trump.

Los propios fiscales que formularon los cargos contra Cienfuegos tuvieron que señalar que “proceder con el caso es contrario a los intereses de Estados Unidos en sus relaciones exteriores y en particular en su relación con México”.

Más declaraciones por el estilo discurrieron desde el territorio de la mayor potencia del mundo. ¿En serio Estados Unidos se vio de pronto amenazado y acorralado por México? ¿Qué hizo “corregir” a Trump, tan dado a las bravuconerías y a las irreflexivas decisiones en materia exterior?

Se especuló que México expulsaría a la DEA (Drug Enforcement Administration, la agencia antidrogas de ese país) o que suspendería la colaboración antinarcóticos. Difícil de sostener: como si Estados Unidos no tuviera maneras de responder y presionar a México, como cuando amenazó con imponer aranceles en caso de que el entonces flamante gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejara transitar a las miles de familias centroamericanas por territorio mexicano con rumbo a Estados Unidos. En un par de días obligó al gobierno mexicano a desechar una de las principales banderas de protección a los derechos humanos y a cambiar de manera diametralmente opuesta la política migratoria que había anunciado.

Y del lado de México, ¿acaso hubo una insistencia diplomática de magnitud tan convincente? Tal determinación no sería coherente con las declaraciones del presidente López Obrador luego de la detención de Cienfuegos a mediados de octubre pasado: que las Fuerzas Armadas Mexicanas saldrían finalmente fortalecidas porque eran instituciones sólidas más allá de los personajes que hubieren delinquido. Que, incluso, sanearlas era benéfico y que su prestigio estaba a salvo.

Los estadunidenses tienen miles de comunicaciones interceptadas de Cienfuegos con la delincuencia organizada. De ser juzgado allá, ¿qué otros nombres estallarían en las Cortes y en los noticieros? Ni modo que Cienfuegos no tuviera autoridades cómplices tanto aquí como allá. ¿Acaso, de seguir el proceso, Estados Unidos tendría que girar más órdenes de aprehensión, incluso, de militares mexicanos en activo y otros personajes del sistema político mexicano? El acuerdo Trump-López Obrador probablemente tuvo estas consideraciones.

Y una más: el muy probable regreso del grupo Clinton a la Presidencia de Estados Unidos. La derecha fascista, misógina y racista de Trump, derrotada, muy probablemente tendrá que ceder el Poder Ejecutivo estadunidense a la derecha neoliberal guerrerista de los halcones. Joe Biden pertenece a la nomenclatura que impuso a México la “guerra contra las drogas”, que respaldó a Felipe Calderón ante el fraude de 2006 y que se hizo de la seguridad pública y nacional de México desde entonces. Podríamos decir que Cienfuegos y García Luna eran unos de sus muchachos en este país.

No se revierte el desprestigio de las Fuerzas Armadas Mexicanas con la repatriación de Cienfuegos. Podrá resarcirse, en parte, si en verdad se le juzga aquí junto con los demás integrantes de la estructura con la que presuntamente delinquió. La impunidad no le sirve al país ni al propio gobierno federal si en verdad va en serio su “cuarta transformación”.

Que hoy Cienfuegos descanse en su casa, con sus nietos, no devuelve un ápice de gloria al Ejército Mexicano, tan desprovisto de fuerzas morales, mermadas sexenio tras sexenio en masacres contra la población, corrupción y colusión con la delincuencia organizada.

Guillermo Garduño Valero, uno de los más serios especialistas en seguridad nacional y Fuerzas Armadas de México, define a las fuerzas morales como “la razón de existencia de la fuerza militar; en ellas están depositados valores sociales que marcan el rumbo de la sociedad, en cuya defensa las fuerzas armadas deben estar comprometidas” (El Ejército Mexicano: entre la Guerra y la Política, UAM, 2008). En eso tendrían que trabajar las actuales autoridades civiles y militares.

La negociación y el acuerdo real Trump-López Obrador no verá la luz en este sexenio. En el viejo concepto de la razón de Estado, siguiendo a Garduño Valero –y sin que a él se le atribuyan de ninguna manera las apreciaciones de esta entrega– se trata de la forma “más primitiva” de asegurar la permanencia de la élite gobernante y de justificar “el sacrificio de las partes para dar existencia plena al todo”.

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