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El Comisariado Ejidal de Canoas –ubicado en el municipio de Manzanillo, Colima–, acusó al Registro Agrario Nacional (RAN) de tener mala fe y actuar como cómplice con las empresas mineras. Ello, después de que el viernes pasado solicitara su acta de asamblea de agosto del presente año, en donde la Asamblea Ejidal rechazó el proyecto minero Rufus 5 –de la canadiense Hematite, SA de CV– y éste no respondiera debido a la suspensión de las actividades por la pandemia ocasionada por la Covid-19.

El Comisariado señaló que el viernes pasado la licenciada María Concepción Núñez Escobedo –funcionaria del RAN– los citó para atenderlos; sin embargo, a unos minutos de la hora acordada los llamó para cancelarla. Igualmente, cuando el Comisariado se dirigió a las ventanillas para ingresar la solicitud, se encontró con un letrero el cual señaló que las oficinas centrales del Registro Agrario Nacional suspenderían sus actividades nacionalmente, del 6 de abril y hasta nuevo aviso. Después de insistir, fueron atendidos por Carlos Anguiano, pero tampoco recibió el acta de asamblea bajo el argumento de la emergencia sanitaria.

No obstante, los ejidatarios acusaron que la suspensión de actividades no es pareja, pues instituciones que posibilitan a las mineras operar sí les tramitan sus necesidades a las grandes empresas.

Tal es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indicó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), pues ha registrado 881 proyectos para su resolución y 479 resolutivos en materia extractiva. En contraste, la misma Semarnat ha ampliado los plazos legales a solicitudes de transparencia presentadas por la Rema, porque ahí sí aplica el argumento de la pandemia.

Para los ejidatarios y la organización, esto denota la desigualdad que existe en la actitud del gobierno federal frente a los intereses de las empresas y frente al interés de las comunidades que defienden su territorio de la destrucción y del despojo que causan las mineras.

Para la Rema, al obstaculizar el registro de un proceso de autodeterminación, el RAN viola el derecho de la comunidad indígena de Canoas otorgado por la Constitución y por acuerdos internacionales.

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