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El gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, y el ahora exsecretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, son responsables de la represión ejercida por parte de policías municipales en contra de una manifestación feminista, el 9 de noviembre en Cancún, aseguraron integrantes de organizaciones civiles.

Al existir mando único en el estado, las corporaciones policiales están bajo una sola autoridad. Por ello, el actuar de ambos “debe ser investigado”, al igual que el de la Guardia Nacional, ya que ésta tampoco brindó protección a la población, ante la agresión, señalaron el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, Comunicación e Información de la Mujer AC, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Red Rompe el Miedo.

A través de un comunicado, las organizaciones indicaron que “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza” para reprimir la movilización que exigía justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado contraviene los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y, además, vulnera el derecho a la libertad de expresión.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el uso de la fuerza debe ajustarse a estrictos principios de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad. En virtud de ellos, el uso de armas de fuego con municiones letales casi nunca se encuentran justificados, en el contexto de manifestaciones, por lo que se recomienda que la portación por parte de los agentes de seguridad sea restringida”, agregaron.

Y recordaron que, de acuerdo con el derecho internacional, en caso de que se emplee la fuerza durante una protesta, las autoridades deben llevar un registro detallado de todas las órdenes impartidas, así como de los agentes involucrados en el operativo. Esto, para establecer niveles y áreas de responsabilidad correspondientes.

“Es obligación de las fuerzas policiacas actuar en todo momento bajo una perspectiva de derechos humanos y enfoque de género (…). Durante las protestas, los policías deben regular su actuación bajo el principio de protección de los derechos de quienes se manifiestan y de terceros, por lo que el uso de la fuerza debe ser siempre la última opción, en particular cuando éstas son de mujeres víctimas y en especial de exigencias de justicia por feminicidios”, resaltaron.

“Durante las protestas, los policías deben regular su actuación bajo el principio de protección de los derechos de quienes se manifiestan y de terceros: el uso de la fuerza debe ser siempre la última opción”

Ante ello, exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública investigar y determinar las responsabilidades de la cadena de mando en todos los niveles: quienes usaron armas de fuego, abusaron de la fuerza, cometieron detenciones arbitrarias y estaban a cargo del operativo; y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ejercer su facultad de atracción por las agresiones en contra de la prensa.

Por último, exhortaron al gobierno de Quintana Roo a asumir su responsabilidad y garantizar el derecho de la población a manifestarse, así como pronunciarse contra la estigmatización del movimiento feminista.

A través de un video publicado en redes sociales, Carlos Manuel Joaquín González anunció que Alberto Capella fue separado de su cargo, mientras la Fiscalía General del Estado realiza la investigación del caso.

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