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A escasos dos años de haber dejado el poder, el balance de los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto es demoledor: dos exsecretarios de Estado presos, Rosario Robles y Salvador Cienfuegos; el que era responsable de la política interna, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene expediente abierto por daño patrimonial; el extitular de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, involucrado en sobornos de la brasileña Odebrecht y bajo acusación de “traición a la patria”; el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, testigo protegido en varios procesos penales; el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, investigado –junto con el fiscal prófugo Tomás Zerón– por negligencia y complicidad en la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa.

Desconsolado e incrédulo ante el desmoronamiento por actos de corrupción del que fuera su gabinete, el expresidente Peña trata de alejarse lo más posible de esta tragedia que lo persigue a donde quiera que va. Con residencia en España, en donde vive angustiado, solo y enfermo, el exmandatario espera el resultado de la encuesta en donde los mexicanos podrán votar para exigir que los últimos cinco expresidentes sean juzgados por actos de corrupción.

Con expedientes abiertos por delitos graves (corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, sobornos, fraudes, desvíos de recursos públicos y hasta vínculos con el crimen organizado) en todas las secretarías de Estado, empresas paraestales y órganos descentralizados, sólo es cuestión de tiempo para conocer al próximo exfuncionario que podría vivir en prisión.

En el análisis sobre los últimos cinco sexenios, identificamos a dos expresidentes, Vicente Fox del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI, que permitieron a sus secretarios de Estado y directores de paraestatales hacer lo que quisieran con el presupuesto público.

Así que por esos 6 años de crisis del último gobierno priísta, Peña Nieto (2012-2018) espera lo peor para él después de haber vivido escándalos y conflictos durante su mandato, como el de la llamada casa blanca; los crímenes por la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa; los contratos de bienes y servicios ordenados desde Los Pinos; los excedentes de partidas presupuestales en publicidad gubernamental a medios de comunicación y, por supuesto el expediente de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República.

Esta quinta y última entrega se refiere a la investigación que mantiene abierta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la compra de bienes y la contratación de servicios bajo el concepto de la “seguridad nacional” que se hicieron en la Secretaría de Gobernación, que estuvo a cargo durante 5 años del hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong y quien  asignó de manera irregular cientos de contratos sin licitar por miles de millones de pesos a empresas privadas consentidas en medio de incumplimientos.

La responsable de esa investigación es Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien junto con otras áreas de gobierno como la propia Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR), avanza en la integración del expediente en contra de Osorio Chong, a quien también investiga por variaciones en su situación patrimonial.

La secretaria Sandoval confirmó a Contralínea que sí hay investigaciones en curso en contra de quien fuera titular de Gobernación. “Sabes bien que hay que protegerlas mucho y hasta que no tengamos las cuestiones más firmes es que podemos ofrecer mayor información de las investigaciones en curso”, dijo la funcionaria, quien explicó que esas indagatorias están protegidas por la secrecía del proceso, por lo que sólo hasta tener más información podría dar a conocer los detalles.

El mismo presidente López Obrador también declaró en una de sus conferencias matutinas que los contratos irregulares asignados por Gobernación en el sexenio pasado bajo el concepto de seguridad nacional, serán investigados. Eso le corresponde, indicó, “a las instancias que tienen que ver con la revisión de la Cuenta Pública”.

El primer mandatario dijo que su gobierno está eliminando todas esas prácticas, independientemente de si estaban permitidas por la ley o si eran realmente asuntos de seguridad nacional, porque significan “opacidad, ocultamiento de información y, desde luego, actos de corrupción. Tenemos que transparentar bienes y tenemos que transparentar nuestros gastos, y en este caso no se hacía”.

Segob abusó de contratos de “seguridad nacional”

Clasificados como compras por “seguridad nacional”, en los 5 años que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación (2012-2017) se asignaron contratos por miles de millones de pesos a empresas privadas previamente seleccionadas por funcionarios de esa dependencia.

De acuerdo con documentos confidenciales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Dirección General Adjunta Penal y Civil y el Órgano Interno de Control (dependiente de la Secretaría de la Función Pública), se considera que hubo corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron del erario bienes y servicios a precios elevados supuestamente a cambio de comisiones y sobornos.

Esas autoridades tienen clasificados cientos de contratos como “riesgo alto e intermedio”, pues según los documentos oficiales se vulneró la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública, lo cual era falso.

Dicha información, hasta ahora reservada por el gobierno de López Obrador, sostiene que se abuso del poder y se hizo un mal manejo de los recursos públicos en el gobierno de Peña Nieto, lo que habría ocasionado “responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación y cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas”.

En una revisión de 19 contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil, todos clasificados como “seguridad nacional”, el gasto público ascendió a 1 mil 415.2 millones de pesos, pero como se trata de cientos de contratos y convenios asignados de manera irregular, el daño patrimonial ascendería a varios miles de millones de pesos.

Algunas de las empresas privadas, personas y sociedades civiles beneficiadas con estos 19 contratos son: Comtelsat, DGRM Health, Telmex, Matra Comunication de México, Efectivale, Casa Álvarez Gourmet, King Mar Mexicana, XA Services, Marco Antonio Sandoval Rodríguez, Pro Ayuda a la Mujer, Reisco Operadora de Servicios, Agel Ingeniería, KE Fibertec, Viajes Premier y RCU Sistemas.

Entre las adquisiciones hechas bajo el supuesto de “seguridad nacional” están: compra de alimentos para empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de plagas; limpieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

En la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, relativo a “seguridad nacional”, se precisa los criterios que se deben utilizar para la asignación directa de contratos: “Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley”.

En los informes oficiales se especifica que en los primeros 5 años del gobierno anterior, la Secretaría de Gobernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado de la República– dispuso indebidamente de recursos públicos para la compra de bienes y la contratación de servicios sin control alguno, muchos de esos contratos son plurianuales hasta el año 2022, lo que representa una responsabilidad patrimonial del Estado y posibles desvíos de fondos al erario.

En auditorías e investigaciones que se han hecho al interior de la Secretaría de Gobernación, se identifican contratos clasificados como de “riesgo alto” y “riesgo mediano” por su nivel de corrupción en “servicios prestados, compromisos trascendentales, servicios prestados aún no formalizados y litigios”, de acuerdo con su “cuantía, responsabilidad patrimonial del Estado, determinación de las partes involucradas, pasivos laborales y eventual daño a la imagen de la Segob”.

Esa primera lista de 19 contratos de la Segob relacionados con “compras por seguridad nacional”, confirma el criterio discrecional que funcionarios de la anterior administración a cargo de Enrique Peña Nieto para beneficiar económicamente a empresas privadas “amigas” y sin que algún órgano de control del Estado vigilara el proceso y su cumplimiento.

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