miércoles 2, diciembre 2020

Autor:

“En 2019, la regulación, inspección y vigilancia para el uso, aprovechamiento y explotación del recurso hídrico realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no permitieron determinar su contribución a la mejora de la administración del agua”. Ello, porque no instrumentó un diagnóstico ni una regulación adecuada que permitieran dar cumplimiento al objetivo “superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, lo que pone en riesgo el acceso de los 127 millones de mexicanos al vital líquido”, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El señalamiento del máximo órgano de fiscalización del país se da a pesar de que la Conagua sobreejerció su presupuesto del programa G010 “Gestión integral y sustentable del agua”, que ascendía originalmente a 6 mil 591 millones 920.3 mil pesos pero se incrementó a 8 mil 194 millones 370.9 mil pesos.

Dicho programa sufraga las actividades de regulación, inspección y vigilancia del recurso hídrico, a fin de mejorar la administración del recurso hídrico y su contribución al fortalecimientode la gestión integral y sustentable del agua, indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019.

En la auditoría de desempeño 2019-5-16B00-07-0204-2020, que fiscalizó precisamente el programa G010,  la ASF apunta que “se observaron deficiencias en emisión propuestas de normas para regular el uso, aprovechamiento y explotación del agua; efectuó las visitas de inspección y de medición, pero no otorgó, ni inscribió en el Repda [Registro Público de Derechos de Agua]  la totalidad de los títulos de concesión y asignaciones que recibió; no cumplió su programa de vigilancia, tampoco impuso las sanciones a los infractores por insuficiencias en la calificación de las actas derivadas de las inspecciones y verificaciones”.

Por ello, determina que la Conagua “limitó la regulación del uso, aprovechamiento y explotación del vital líquido, los cuales fueron factores que originaron que el ente fiscalizado desconociera de manera precisa la contribución del Pp G010 en el problema publicó referente a que las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administradas de manera adecuada, así como fortalecer la gestión integral y sustentable del recurso hídrico”.

Además, indicó que en parte esas deficiencias se debieron a factores como:

  1. Normativa desactualizada, que propicia deficiencias tanto en el gasto como en la difusión de los temas de gestión.

  2. Actas de visita de inspección sin calificar, así como “insuficientes e ineficientes inspecciones”, lo que propició que no se identifiquen los volúmenes de agua susceptibles de recuperar.

  3. Verificaciones insuficientes de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, lo que afecta su operación.

  4. Gestiones administrativas sin resolver, “lo que origina que los manuales de procedimiento no se actualicen y se produzca una falta de capacitación en los sistemas informáticos”.

Sobreejercicio no resolvió problemas

A pesar de que la Conagua gastó 1 mil 602 millones 450.6 mil pesos más  respecto de los 6.5 mil millones aprobados por la Cámara de Diputados para su operación, “no contó con un diagnóstico de necesidades sobre las propuestas y la actualización de la normativa” para administrar y regular el recurso hídrico, y en su caso, “proponer la abrogación de aquéllas (normativas) que considere que ya no son indispensables para el funcionamiento adecuado en la administración del agua”.

Por otra parte, la ASF develó que la Conagua tampoco contó con una programación de actividades “que se efectuaran conforme a las necesidades del sector, ni contó con los criterios para determinar los usuarios por visitar”. De acuerdo con el indicador “Porcentaje de visitas de inspección realizadas” elaborado por la comisión, se obtuvo un avance del 67.4 por ciento, es decir, 2 mil 696 visitas respecto de las 4 mil programadas para 2019, por lo que no se cumplió con la meta en ese año.

Mientras tanto, del total de visitas realizadas (2 mil 696) , el 88.1 por ciento sólo fue la visita a 1 mil 902 usuarios; el 9.8 por ciento correspondieron a clausuras temporales a 230 usuarios del agua; el 0.8 por ciento de las visitas fue para realizar la remoción de material a 16 usuarios; y en el 1.4 por ciento restante se llevó a cabo el aseguramiento de maquinaria, demolición de la obra y acordonamiento del área a 30 usuarios. “No obstante, la Comisión Nacional del Agua no acreditó con la evidencia documental pertinente las labores realizadas y reportadas”.

El órgano fiscalizador señaló también que, con el objetivo de medir la mejora en la administración del agua, la Comisión aplicó el indicador “Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados”, en el cual se identificó que “no programó metas”, al considerar que el indicador debería ser bianual, reportando que “los 295 alcanzados en 2018, mantuvieron su vigencia para 2019, por lo que se cumplió la meta”.

De acuerdo con la ASF, lo anterior fue un “argumento falaz del ente, ya que no hubo metas que cumplir en ese año”, lo que implicó que las acciones de la comisión se llevaron a cabo “inercialmente”. Ello, porque no se contó “con una programación que permitiera determinar los mecanismos de priorización para la aplicación de decretos de reserva de agua con la finalidad de determinar el número de éstos que fueran necesarios”.

El dictamen concluyó que si bien, la Conagua contó con indicadores y realizó la regulación, vigilancia y verificación correspondientes, “sus actividades de efectuaron de manera inercial”, ya que no se contó con un diagnóstico, por lo que desconoció la magnitud del problema que debía atender. Y esto “repercutió que pudiera determinar de qué manera contribuyó al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido”.