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El juicio contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional –por crímenes de guerra y de lesa humanidad– sentaría un precedente histórico para México, que podría garantizar la no repetición de la “guerra” contra la sociedad, considera el defensor Cristian Urbalejo. El director del CCTI señala que se estaría juzgando al expresidente que impuso una estrategia de Estado con consecuencias sociales irreparables

Señalado de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por sostener –durante su sexenio– la “guerra” contra el narcotráfico como su principal política pública, Felipe Calderón Hinojosa podría ser el primer expresidente de México en ser juzgado en la Corte Penal Internacional (CPI).

“Que se pueda juzgar a un expresidente no es una cosa menor: significa que, aunque legalmente no se esté juzgando al Estado mexicano, sí se está juzgando a una persona que jugó un papel central en una estrategia de Estado que tuvo consecuencias sociales irreparables. El hecho de que por primera vez se pueda juzgar a un expresidente a nivel internacional puede sentar un precedente en México para que en otras esferas de lo social se pueda combatir la impunidad”, explica Cristian Urbalejo Luna, director del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

A 9 años de que el tribunal internacional recibiera la primera comunicación que denunciaba las atrocidades del gobierno calderonista –más de 200 mil civiles asesinados, 70 mil desaparecidos, 350 mil desplazados forzosos por violencia, más de 4 mil torturados–, el precedente de carácter histórico para el país podría garantizar que nunca más se recurra a una guerra interna –apoyada en las Fuerzas Armadas y en la impunidad– como política de Estado.

“Si se pudiera juzgar a Felipe Calderón específicamente por los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos que resultaron de la política pública del supuesto combate al narcotráfico, me parece un buen antecedente para garantizar la no repetición de una estrategia de esta naturaleza”, dice el defensor de los derechos humanos.

Urbalejo Luna señala que esa política pública “en realidad fue una guerra contra la sociedad. En ese sentido, que pueda haber un antecedente en la Corte Penal Internacional significaría que, como sociedad, tendremos herramientas jurídicas a nivel internacional para garantizar que [nunca más haya] una estrategia de este tipo o toda una estructura estatal que permite todas las condiciones para que algo así se repita. Tendremos esas herramientas legales para decir no y para detener un posible proyecto futuro así”.

Por ello recuerda la reciente intención de Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, de constituir su propio partido político –México Libre–, lo que generaba una “preocupación de que hubiera una continuidad en su estrategia. Entonces, el hecho de tener un antecedente en la Corte Penal Internacional podría reforzar esas garantías de no repetición”.

En entrevista con Contralínea, agrega que aunque la supuesta guerra está muy cuestionada desde su origen, ahora hay más elementos, con los juicios que se siguen en una corte de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón y acusado de cooperar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos–, y sus subalternos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.

“El hecho de que hayan diferentes personas que trabajaron directamente con Calderón siendo enjuiciadas en Estados Unidos da la oportunidad para reabrir el tema. Este es un asunto en el que tenemos que insistir, por la impunidad. Mientras siga habiendo impunidad, las graves violaciones a derechos humanos van a seguirse reproduciendo.”

El defensor Urbalejo Luna detalla que esos casos penales se pueden presentar como nueva evidencia ante la CPI. Por ello indica: “estamos pendientes para saber qué papel piensa jugar el Ejecutivo –encabezado por Andrés Manuel López Obrador– para impulsar la iniciativa”.

Ello, dada la grave crisis de violaciones graves a derechos humanos que quedó en el país a partir del gobierno calderonista, “y que aún hoy hay una herida que no se cierra en todos los miles de desaparecidos, de torturados y de ejecutados extrajudicialmente que hubo durante ese sexenio. Fue un tema de una crisis humanitaria tan estructural y tan sistemática que realmente cubrió prácticamente todo el cuerpo social en toda la República”.

Justicia internacional y local

En el tema del derecho internacional, el director del Colectivo Contra la Tortura destaca que existen dos divisiones: “por un lado, el sistema universal de derechos humanos y, por otro, el de la Corte Penal Internacional. Para el caso del sistema universal, generalmente a quien se juzga es al Estado, y en la parte de la Corte Penal Internacional, a quien se juzga es a personas específicas”.

Cristian Urbalejo también subraya que se está dando un avance en la opinión pública sobre la posibilidad juzgar en México a los expresidentes, incluido Felipe Calderón, “como ha pasado en recientes años en América Latina”.

Sin embargo, advierte que se debe estar alerta del papel que pueda jugar el vecino del Norte, por “la cercanía que tiene México con Estados Unidos; sobre todo por la influencia tan fuerte que Estados Unidos pueda tener en el tema de la Corte Penal Internacional o en el Consejo de Seguridad [de la ONU]”.

Por ello señala que es muy importante que exista una fuerte demanda social que apoye el juicio doméstico o internacional contra el expresidente Felipe Calderón. “Es insuficiente que esta demanda social se quede simplemente en una encuesta de si se debe o no enjuiciar a los expresidentes. Sino que tendría que haber una parte más activa de la sociedad para este tema”.

Asimismo, el defensor de los derechos humanos observa que “tendría que haber una visibilización –aprovechando esta coyuntura– de que [en el gobierno calderonista] realmente vivimos una situación de guerra que puede ser comparada con otra situaciones de guerra, pues hay suficientes elementos: 70 mil desaparecidos oficialmente, seguramente serán más, eso se pude comparar con las dictaduras que hubo en América Latina en el siglo pasado. Nos parece que para que haya un avance fructífero en la Corte [Penal Internacional], siempre, la presión social, la demanda social activa ayuda a que estos procesos puedan avanzar”.

Pobres, los más afectados

Desde el Colectivo Contra la Tortura se documentó que durante la “guerra” de Calderón, “muchos de los sobrevivientes y de las víctimas son personas de escasos recursos, con un bajo nivel educativo –que tiene mucho que ver con que se piensa que la estrategia puede ser que una persona en estas condiciones tiene pocos elementos para defenderse–; también en nuestro análisis encontramos que la mayor parte de ellos eran personas en edad productiva, es decir personas que trabajan, jóvenes o adultos jóvenes que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico fueron detenidos arbitrariamente en el tránsito de su casa a su trabajo o del trabajo a la casa; y muchas de estas personas ya habían sido previamente ubicadas por las personas que hacían la detención arbitraria”. Por ello, el defensor apunta que ése es un sector bastante vulnerable; como también lo son los defensores y defensoras de derechos humanos.

“Una característica que nosotros ubicamos es que cuando hablamos de periodos como la Guerra Sucia, la represión social era mucho más focalizada: se iba tras líderes sociales, dirigentes de movimientos; [pero] con la supuesta guerra contra el narcotráfico lo que tenemos es un disparo de violaciones graves a derechos humanos más indiscriminada, menos focalizada. Entonces tenemos amas de casa, estudiantes, personas en edad productiva que trabajaban, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay una diversidad más amplia de personas en vulnerabilidad. Pero los dos rasgos que podemos resaltar son el bajo nivel socioeconómico y educativo”.

Las comunicaciones a la CPI

El defensor Cristian Urbalejo explica que cualquier persona puede hacer una denuncia ante la Corte Penal Internacional. “Claro que, por cuestiones políticas, el hecho de que yo como Cristian haga una denuncia, pues tiene poco peso político; pero teóricamente hablando o en cuestión de las formas, cualquier persona podría mandar una comunicación a la Corte Penal como quejoso o quejosa”.

—¿Y la Corte tendría que responder?

—Sí. Si yo voy en lo individual, la Corte tendría que responderme a mí personalmente diciéndome por qué sí o por qué no.

Urbalejo Luna señala que aún ahora “seguimos viviendo un clima de graves violaciones a derechos humanos”. Por ello resalta el trabajo que las víctimas hacen a pesar de lo que han sufrido, lo que les ha pasado, y pide que “seamos conscientes del papel que las víctimas juegan en sus propios procesos; por lo que, justamente, tenemos que luchar en conjunto tanto organizaciones de la sociedad civil, como víctimas, defensores y defensoras y prensa comprometida. Tenemos que tener un mayor nivel de articulación”.

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