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Ante el reto de que no sean los trabajadores y el pueblo en general quienes paguen por los efectos de la Covid-19, tanto en su salud como en la economía de sus familias, es importante resaltar los acuerdos y plan de acción alcanzados durante el Encuentro Nacional de Organizaciones Populares celebrado los días 26 y 27 de septiembre pasado, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y en el que se congregaron 54 organizaciones de 14 estados de la República.

Buena parte de los consensos alcanzados pueden resumirse en el posicionamiento: “Salud, Pan y Trabajo”, apoyado por la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), que plantean como demanda central la protección del salario y el empleo de toda la clase trabajadora en su conjunto; el control de precios a los productos de primera necesidad; la protección a los adultos mayores, sobre todo con una vejez libre de privaciones mediante el retorno al esquema solidario de pensiones.

Además de establecer el combate a la violencia machista en contra de las mujeres, la lucha contra el corporativismo sindical y la reorientación del gasto público para fortalecer al sector salud; sobre este último punto, la propuesta que se hace al gobierno federal es la definición de un paquete económico contingente que ponga en primer plano el fortalecimiento del sistema de salud público para enfrentar la propagación de la Covid-19, que si bien afecta a toda la población por igual, es a la clase trabajadora donde mayores estragos causa, pues no sólo sufre por el derrumbe de la actividad económica, sino además es el sector laboral más expuesto a contagiarse por la pandemia.

Las organizaciones participantes coincidieron que desde la esfera pública deben aplicarse medidas de apoyo económico a la población económicamente activa, tanto formal como informal, que les permitan conservar sus ingresos y empleos.

Hicieron hincapié en que la asignación de recursos al sector salud es inaplazable por la situación de vulnerabilidad que enfrenta luego de su desmantelamiento en más de dos décadas de gobiernos neoliberales, lo que no únicamente ha impedido una atención médica oportuna y de calidad a millones de mexicanos en estos momentos de contingencia sanitaria, sino además ha puesto en riesgo la salud y la vida del personal de este sector.

En tal sentido, las organizaciones hicieron un llamado a respaldar “la labor titánica” y heroica de las y los trabajadores de las diversas instituciones públicas de salud que ya se preparan a enfrentar la fase de contagio “exponencial” de la pandemia, como al principio de la misma, sin los equipos, materiales y protocolos necesarios.

En los momentos de crisis que se avecinan, es de resaltarse la imperiosa necesidad para apuntalar la tesis de Salud, Pan y Trabajo, impulsada desde las bases populares para concretar una verdadera reversión del modelo neoliberal, redoblando la lucha por la abrogación de las reformas estructurales del pasado sexenio en materia energética, de educación y laboral, para conformar una “nueva constituyente” que coadyuve a fundar un México justo, libre, democrático e igualitario.

Uno más de los acuerdos del Encuentro Nacional de Organizaciones Populares fue el rescatar la soberanía nacional, no sólo deteniendo el proceso de privatización del sector energético, sino yendo en pos de una renacionalización de las industrias eléctrica y petrolera, pugnando por detener el proceso de privatización y desmantelamiento de servicios públicos como el agua y la electricidad.

Otro de los ejes mediante los cuales deben articularse la defensa de la clase trabajadora, es sin duda el exigir respeto a la autonomía sindical y democracia interna de las organizaciones gremiales en base a la nueva Reforma Laboral, pues a la fecha hay muchos funcionarios que insisten en ir a contracorriente buscando proteger a un corporativismo decadente que lucha por conservar sus cotos de poder e influencia, siempre en contra de los intereses de los asalariados.

En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, se está exigiendo la entrega de la toma de nota luego de sus elecciones internas realizadas en un proceso democrático y transparente, a través del voto libre, directo y secreto de sus miembros, así como el respeto a su zona y materia de trabajo. En este sentido, las autoridades laborales no pueden evadir su responsabilidad, debiendo actuar en base a la ley para restablecer el estado de derecho que en materia laboral fue pisoteado por el peor secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

Otro de los aspectos valorados es el atropello cometido en el actual periodo de emergencia sanitaria a los miles de trabajadores que perdieron su empleo, o fueron obligados a una sustancial rebaja en sus sueldos e, incluso, presionados para laborar en medio de la pandemia sin los protocolos básicos de higiene y seguridad para proteger su salud, como ha acontecido en las maquiladoras del norte del país, donde la actitud irresponsable y pro empresarial de sindicatos ligados a las centrales corporativas, ha costado decenas de vidas humanas

Uno de los puntos que mereció especial atención lo fue el problema del pago de los recibos de luz que más allá del discurso y compromiso oficial, se incrementaron durante el aislamiento de la sana distancia, impactando en los exiguos bolsillos de las familias de escasos recursos, muchas de las cuales sobreviven en la informalidad y, peor aún, algunos de sus miembros se quedaron sin empleo.

Por ello se reafirmó en la agenda de demandas inmediatas la exigencia a las autoridades del borrón y cuenta nueva para los miles de usuarios en huelga de pagos no sólo en la zona centro sino en todo el territorio nacional y que han sido defendidos por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), lucha que va aparejada con impulsar en el seno del Congreso de la Unión la iniciativa de ley que busca elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano;  servicio en el que debe establecerse  una tarifa social justa en favor de los que menos tienen, beneficio que debe hacerse extensivo al suministro de agua.

El aislamiento decretado como medida básica para evitar contagios en la actual contingencia sanitaria dejó bien claro que sin electricidad y sin agua todos los protocolos sanitarios y políticas públicas de contención a la Covid-19, sencillamente no pueden funcionar.

La agenda de demandas sociales acordada en el histórico encuentro no pasó por alto exigir también la solución de diversos conflictos laborales como las huelgas de Chapingo y de los obreros de la General Motors, entre otras; además, es perenne el reclamo de justicia a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace seis años y el alto a los feminicidios y las agresiones en contra de las mujeres que se están manifestando por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y a la interrupción legal del embarazo.

Los acuerdos alcanzados para enfrentar el brutal coletazo que traerá aparejada la pandemia, permitirán articular una estrategia rumbo a una Convención Nacional de Organizaciones Sociales y Populares que luche por los verdaderos intereses de las clases trabajadora, campesina y popular y haga realidad la tesis de ¡SALUD, PAN y TRABAJO!

Martín Esparza*

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas