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La detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa en el sexenio de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos –por presuntos nexos con el narcotráfico–, cimbró al Estado mexicano. Expertos observan implicaciones para la seguridad nacional de ambos países. En México se revelarán las camarillas al interior de Ejército: la limpia en la Sedena cambiará las reglas del juego

Uno de los más fuertes golpes al narcotráfico mexicano y a la estructura de poder que lo sostiene se dio en suelo estadunidense: la detención –en el aeropuerto de Los Ángeles, el pasado 15 de octubre– del general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional y uno de los hombres más poderosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de aceptar sobornos del Cártel H-2.

“La detención fue impactante para todos, absolutamente, porque nunca se había llegado a tal nivel, esos niveles nunca eran afectados”, señala el doctor Guillermo Garduño Valero, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

Las autoridades de Estados Unidos habrían encontrado un vínculo entre el general Cienfuegos y el Cártel H-2, cuando su cabecilla era Juan Francisco Patrón Sánchez. El criminal fue abatido el 9 de febrero de 2017 por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, y antes de su muerte, era identificado en el país como líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

“Este caso cimbra al Estado mexicano y a sus reglas formales e informales. Es un hecho que una detención semejante, con las implicaciones que tiene para la seguridad nacional de ambos países, no se lleva a cabo sin elementos sustantivos, sin hechos lo suficientemente sólidos que permitan su judicialización”, advierte el doctor Carlos Flores, experto en el estudio del narcotráfico en México e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Con su “Operación Padrino”, la Agencia Antidrogas (DEA) –que encabeza la acusación por narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Cienfuegos– habría descubierto el pago de sobornos por parte del Cártel H-2 “una violenta organización del narcotráfico mexicano con sede en Nayarit y Sinaloa. Durante el periodo relevante, distribuyó miles de kilogramos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, incluidas áreas en Brooklyn), y ganó millones de dólares en ingresos ilegales”.

Esta Operación, señala el investigador Garduño Valero, revelará todas las camarillas al interior del Ejército Mexicano, que se involucran con diversas facciones del narcotráfico. Por ello, advierte, aunque la detención del general Cienfuegos se produce en un momento donde “da la impresión de que el gobierno mexicano no mete las manos, evidentemente fue un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas cosas no se hacen así como así”.

La relevancia del caso es porque aparece directamente indiciado el responsable del Ejército en la administración anterior, considera el doctor Carlos Flores. Por ello, critica que “la investigación y análisis de la forma y el grado en que la corrupción asociada a la delincuencia organizada han afectado a las Fuerzas Armadas en México sea hasta la fecha un tabú”.

Indica que lo que se espera de una administración que afirma sostener un proyecto de nación progresista y distinto es precisamente investigar y actuar en contra de esos vínculos, pues “a la luz de hechos como los que estamos atestiguando ahora en el contexto internacional, resultan ineludibles”.

Quiebre en la Defensa

El quiebre que produce la detención de Cienfuegos será sobre todo al interior de las Fuerzas Armadas. Al respecto, el general y politólogo Francisco Gallardo considera que la repercusión será para “la cofradía de los mandos militares, de las cúpulas en donde se encubren estos asuntos de corrupción con el narcotráfico”. Como ejemplo, asegura que todos los militares que participaron en los crímenes de Tlatlaya y Ayotzinapa ascendieron a generales de división y comandantes de zona, por lo cual tienen mandos de tropas. “La detención marca un quiebre sobre un grupo de poder que existe en el Ejército en torno a Cienfuegos, porque él dejó mandos, compromisos”.

La mañana del 16 de octubre, apenas unas horas después de que se confirmara el arresto bajo los cargos de narcotráfico, el presidente López Obrador ordenó una limpia en la Sedena. Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, afirmó que todos los militares ligados a Cienfuegos serán separados de sus cargos, y quienes tengan responsabilidades serán denunciados.

Para el doctor Carlos Flores, autor del libro Historias de polvo y sangre: génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, en la lógica de un ejército, la jerarquía vertical es mucho más efectiva y más observada que en una institución civil. Por ello considera que el propio cuerpo castrense debe investigar “el esquema de protección al tráfico de drogas, puesto que desde una posición del cargo mayor de una secretaría de Estado de esa naturaleza implica la existencia de una estructura: no es cuestión de un individuo aislado”.

En ese contexto, para las Fuerzas Armadas será muy importante descubrir cuáles son los integrantes de esa estructura, qué posiciones tenían entonces y cuáles ocupan en la administración vigente, qué elementos de participación deben investigarse y comprobarse y qué personajes deberían ser llevados a juicio.

Por su parte el general Gallardo observa una responsabilidad mayor, que apunta al propio expresidente Peña Nieto, pues el caso de Cienfuegos revela que no se tuvo “cuidado para seleccionar a los encargados de la seguridad en México en el ámbito civil y militar: no obstante de que había conocimiento de que habían cosas turbias”.

En entrevista, agrega que el jefe máximo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República: así lo dice La ley militar. Por ello considera que en el tema de las designaciones debe haber mucho cuidado.

Los reacomodos que vendrán a partir de la limpia que se haga al grupo de Cienfuegos en la Sedena tendrán un impacto tanto para la Secretaría como para el gobierno federal. Al respecto, el doctor Garduño Valero observa que más allá de que el Ejército sí tiene que ver con el narcotráfico, “la cuestión es que se va a jugar con otras reglas”.

Y es que, recuerda, “el general  Cienfuegos fue quien hizo mayor resistencia en el momento en que cómo se debía de elegir al secretario de la Defensa. Recordemos sencillamente que el actual secretario de la Defensa ^Luis Cresencio Sandoval], cuando Audamaro [Martínez] era jefe de policía en Tabasco, él era jefe en la zona militar. Es una camarilla que nunca había llegado y es la única que yo haya escuchado alguna vez que a nombre del Ejército asumía la 4T como el proyecto nacional, lo cual es muy grave porque no puedes asumir una propuesta partidista, pero todo esto se ha hecho, son las vendetas, ¿qué va a ocurrir después de esto?, toda acción tiene una reacción. Antes los militares llegaban y por debajo eran las patadas, ¿ahora van a ser abiertas?”

Por su parte, el general Gallardo habla del otro impacto al interior, que tiene que ver con la moral de ese cuerpo castrense. “Imagínate que estás en una instalación militar con tu comandante que te exige, y luego resulta que él es el delincuente, pues ahí hay una desmoralización por parte de los mandos militares, incluso no reaccionan porque ahorita están colapsados”.

Golpe histórico

Al igual que su detención, el próximo juicio en Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa es histórico. “Es un hecho de dimensión sin precedentes. En el pasado, la mayor tensión equivalente fue cuando se hicieron señalamientos en Estados Unidos sobre la presunta participación del entonces secretario de la Defensa, general Juan Arévalo Gardoqui, en cuestiones de narcotráfico. En especial, en los hechos relacionados con el asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena, en el sexenio de Miguel de la Madrid”, considera el doctor Carlos Flores.

Agrega que todas esas denuncias en medios “se diluyeron y la cuestión no se llevó a mayores, ni en Estados Unidos ni, por supuesto, en México, donde el Ejército siempre ha tenido un tratamiento especial, casi reverencial, por parte de los gobiernos civiles. Y esto a pesar de las múltiples evidencias que apuntan a que tampoco se trata de una institución que no haya sido afectada por problemas de corrupción”.

Por ello, tanto el doctor Carlos Flores como el general Gallardo coinciden en cuestionar el empleo del Ejército en labores civiles, como las aduanas y la seguridad pública.

Hay “una lógica de expansión de la participación de militares en activo o en retiro en tareas fundamentalmente civiles, bajo la premisa de que no están afectados por esa corrupción a la que se afirma perseguir”, critica el investigador del CIESAS.

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