Autor:

“Para las autoridades es más fácil desestimar las pruebas y ‘suicidar’ a las mujeres, en lugar de investigar la verdadera razón por las que fueron privadas de la vida; es más fácil ‘suicidar’ a nuestras hijas que garantizarles justicia”, señaló María Patricia Becerril Gómez, madre de Zyanya Estefanía Figueroa, víctima de feminicidio en 2018.

Durante el conversatorio virtual “De víctimas a defensoras: testimonio de madres de víctimas de feminicidio en México”, realizado por el OCNF, Becerril Gómez denunció que las instituciones de justicia no realizan correctamente su trabajo y eso impide que se castigue a los feminicidas. “Desde el inicio somos pisoteadas por las mismas autoridades que tenían que investigar los casos. Pareciera que su verdadero trabajo es dificultar las averiguaciones”.

La impunidad, corrupción, falta de capacitación y de voluntad por parte de las autoridades para realizar las diligencias con perspectiva de género son los principales obstáculos que enfrentan los familiares de víctimas de feminicidios al exigir justicia, aseguraron madres de víctimas y defensoras de derechos de las mujeres del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Como ejemplo, Irinea Buendía Cortés recordó el caso de su hija Mariana Lima: “la Procuraduría General de Justicia del Estado de México determinó que ella se había suicidado, a pesar de todas las inconsistencias que hubo. La Procuraduría lo hizo para proteger a Julio César Hernández Ballenas, quien era policía municipal” y a quien se identifica como su feminicida.

Mariana Lima Buendía fue asesinada el 19 de julio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México. En los 18 meses de casada, “vivió una relación de violencia de todo tipo, la cual terminó con la privación de su vida a manos de su esposo, Julio César Hernández Ballenas. Él ya la había amenazado con matarla y a nosotros si decidía dejarlo”, comentó Irinea.

Por ello consideró que las propias autoridades se vuelven “feminicidas”, al “asesinar nuevamente a nuestras hijas revictimizandolas y criminalizandonos a nosotras por exigir justicia, cuando lo único que queremos es sentar un precedente de no repetición”.

Violencia institucional, la constante

Atziri Ávila, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio, expuso que gracias al acompañamiento a las familias, la organización ha podido conocer la violencia institucional que ejercen las autoridades de justicia contra las víctimas, ya que no llevan a cabo las debidas diligencias en los casos ni lo hacen con perspectiva de género.

“La violencia institucional es tal que prefieren mantenernos como prisioneras en nuestro propio país. No nos dan garantías de seguridad ni permanencia de vida. Tenemos miedo de salir a las calles y son los delincuentes quienes andan libres. Este sistema de justicia sigue ayudando y apoyando a los asesinos y a los feminicidas cuando las carpetas de investigación están plagadas de errores y omisiones”, resaltó Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia Quintana, una niña de 12 años asesinada en el Estado de México, en 2015.

Legislación, insuficiente contra feminicidios

A pesar de que desde febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para que las instancias de justicia de las 32 entidades del país investiguen las muertes violentas de mujeres como posible feminicidio, esta medida no se aplica, aseguró Ximena Ugarte, asesora jurídica del Observatorio, en la misma conferencia.

Ejemplo de ello es que deenero a agosto de 2020 fueron asesinadas 2 mil 532 mujeres en México; sin embargo, sólo 626 casos fueron investigados como feminicidio, de acuerdo con los datos del Observatorio.

“Las autoridades tienen obligación de investigar con perspectiva de género y en cambio caen en irregularidades y dejan sin elementos para poder realizar una verdadera investigación”, apuntó la abogada.

Atziri Avila afirmó que el Estado mexicano deja sobre las familias y madres la responsabilidad y el peso de la investigación, cuando no debería ser así. “Si hay esa disposición por parte de las familias, lo mínimo que debe de haber por parte de las autoridades es actuar de forma eficaz, efectiva y rápida”.

Otro de los obstáculos que destacó Ximena Ugarte fue el de la legislación, ya que en el país aún no se ha podido homologar el delito de feminicidio ni las sentencias de éste. Por ello, aseveró, los recursos jurídicos no alcanzan, pues hace falta que se instauren mecanismos para realizar procedimientos jurídicos con perspectiva de género.

“Se tienen que garantizar las medidas de protección para que en el momento en el que una mujer denuncie algún tipo de violencia, se pueda prevenir el feminicidio. Se debe prevenir que en México se sigan asesinando a 11 mujeres diariamente”, apuntó.

Por último, la integrante del Observatorio reconoció el trabajo realizado por las madres y familiares de víctimas de feminicidio, quienes se han convertido en un referente de lucha en favor de los derechos de las niñas y las mujeres, pues como “defensoras, se acompañan y unen sus voces ante los desafíos de la lucha por acceso a la justicia”.