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Tercera parte. En el último año de gobierno del panista Vicente Fox, 2006, el Fideicomiso Aduanas I –constituido en Nacional Financiera por Francisco Gil Díaz y el panista Santiago Creel Miranda– acumulaba en su cuenta 20 mil millones de pesos recaudados por el cobro del Derecho de Trámite Aduanal (DTA), un impuesto que importadores y exportadores de mercancías tienen que pagar, pero cuyos fondos jamás ingresaron a la Tesorería de la Federación, porque los entonces presidente y secretario de Hacienda lo manejaban como dinero propio, lo administraban como su “caja chica”.

En el sexenio 2000-2006, Vicente Fox nunca tuvo el control del gobierno: fue un mandatario pusilánime y falto de carácter, que vivió atrapado en Los Pinos entre la ambición y los caprichos de su esposa Marta Sahagún y la corrupción y perversidad del secretario Gil Díaz, en donde ambos aprovecharon el vacío de poder en la Presidencia de la República para hacer negocios particulares.

Con ese vacío de poder que dejó Fox desde el primer día de su gobierno y hasta el último que ocupó la silla presidencial, permitió a secretarios de Estado y directores de paraestatales abusar del erario, lo que ahora abre la posibilidad de que Fox sea juzgado junto con los otros cuatro expresidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña.

En esta columna nos referiremos concretamente a tres investigaciones que involucran directamente a Fox: el robo del dinero público del fideicomiso Aduanas I; el gasto abusivo en la remodelación de la casa presidencial de Los Pinos; y el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca –hijos de Marta Sahagún– en Petróleos Mexicanos.

 

El Fideicomiso Aduanas I

Vicente Fox y Francisco Gil Díaz se aprovecharon de la creación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como de las empresas privadas constituidas con dinero público: Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA); Integradora de Activos, SA (IASA); Integradora de Servicios (ISSA); y COSISA, las cuales fueron utilizadas para disponer de recursos fuera del presupuesto.

Sólo uno de esos fideicomisos constituidos en Nacional Financiera –con el número 954-8 y coloquialmente conocido como Aduanas I, y cuyo administrador único era Lorenzo Hernández, secretario particular de Gil Díaz– recaudaba todo el dinero por el cobro del 2 por ciento del DTA que pagaban los importadores y exportadores de mercancías.

Lo más grave es que esos recursos públicos de miles de millones de pesos, producto del cobro de derechos aduanales, no ingresaban a la Tesorería de la Federación ni tampoco su gasto era auditado por los órganos de control del Estado. Ese dinero era utilizado para otorgar bonos, comprar vehículos blindados de lujo y también servía para abultar cuentas bancarias privadas en el extranjero.

Con la asesoría jurídica del panista Santiago Creel Miranda –quien después sería nombrado secretario de Gobernación–, el fideicomiso Aduanas I fue constituido con carácter privado por Gil Díaz en 1993, cuando éste era subsecretario de Ingresos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, el mayor provecho de ese fideicomiso llegó hasta el gobierno de Fox, cuando Gil Díaz asumió la Secretaría de Hacienda y con ello el control total de los recursos que se acumulaban en los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como las empresas ISOSA, IASA, ISSA y COSISA, responsables del procesamiento electrónico de los datos aduanales. Además, el entonces titular de Hacienda era el principal promotor del secreto fiduciario, lo que le garantizaba la opacidad en el gasto de esos recursos y la imposibilidad de que algún auditor husmeara en los fideicomisos y las empresas privadas.

De acuerdo con el balance general correspondiente al primer trimestre de 2005 y cuya copia está en poder de Oficio de Papel, sólo el fideicomiso Aduanas I acumulaba un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos. Para 2006 la cifra se elevaba a los 20 mil millones.

Seguramente los delitos cometidos por Fox y Gil Díaz en la manipulación del dinero público recaudado por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero ya prescribieron, pero es importante que los mexicanos sepan que por lo menos esos 20 mil millones de pesos fueron desviados de la Tesofe por esos exfuncionarios corruptos.

Los cabilderos de Los Pinos

Con procesos penales abiertos en cortes de Estados Unidos, Manuel Bribiesca Sahagún, fue junto con su madre Marta Sahagún, su hermano Jorge y tío Guillermo, uno de los beneficiados con el tráfico de influencias gestionado desde Los Pinos para que Petróleos Mexicanos asignara contratos a empresas petroleras privadas, como fue el caso de Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez.

En dos entrevistas que le hice al primogénito de la familia Bribiesca, Manuel, confirma ese tráfico de influencias y acusa al exsecretario de Hacienda de haber desviado miles de millones de pesos durante el gobierno de su padrastro Vicente Fox y transferirlos a cuentas bancarias en instituciones financieras de China.

—¿Tú y tus hermanos negociaron en Pemex que otorgara contratos a empresas privadas?

—Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.

—Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares que significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.

—No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

—Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…

—Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio que la operación del buque significa sólo 60 millones de dólares, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).

—Es mucho dinero…

—Sí, y no hay nada ilícito.

—Es tráfico de influencias. Pero además te acusan de introducir mercancías de contrabando al país…

—No, no, de eso no haya nada, yo no tengo nada que ver con aduanas ni con Gil Díaz (secretario de Hacienda). No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.

—¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?

—No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos, no ha significado para nosotros tengamos dinero…

—No tendrían por qué…

—Bueno, como sabes, quitaron la partida secreta, ya no dan esos recursos, por eso no tenemos dinero. El presidente Fox se ha opuesto a que nos acerquemos a Los Pinos. Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que se relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.

—¿Trabajar? Son negocios en Pemex.

—No, nada tengo que ver allí, los que llamaron fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo). También a mí se me acusaba de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de fútbol, de su equipo León, y yo asistí al palco y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él, ni hice negocios.

—¿Y las acusaciones de corrupción en tu contra…?

—Son falsas totalmente. Pero si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz (jefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de Fox), lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

—¿Qué han hecho?

—Después hablamos de eso, por ahora te digo que no tengo nada ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo, no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.

—¿Y Gil Díaz?

—Sólo te digo algo, investiga los depósitos multimillonarios que ha hecho en China.

Fox y Estado Mayor desviaron 39 millones de pesos en Los Pinos

La principal obra que realizó Vicente Fox cuando ocupó la silla presidencial fue la remodelación y la compra de menaje de la residencia oficial de Los Pinos, en donde maliciosamente asignó contratos sin licitar a su amigo el arquitecto Humberto Artigas para desviar 39 millones de pesos del presupuesto, según se confirma en las 365 fojas de la auditoría 2015 elaborada por la Secretaría de Contraloría, cuya copia está en poder de Contralínea.

 

 

Esa auditoría gubernamental elaborada antes de que Fox saliera de la Presidencia de la República –cuyo expediente despareció de los archivos de la Contraloría durante el gobierno del también panista Felipe Calderón–, describe detalladamente cómo junto con el arquitecto Artigas desviaron recursos millonarios mediante la subcontratación simulada de 10 empresas satélites para la reconstrucción de Los Pinos, en donde hubo sobreprecios, pagos anticipados, incumplimientos, duplicidad de convenios, simulación en compra de bienes y triangulaciones del gasto público.

 

 

Dos actores principales en el desvío millonario fueron el Estado Mayor Presidencial y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia. Ambos, utilizaron el concepto de “seguridad nacional” para adjudicar los contratos directos al margen de la ley en remodelar la residencia Miguel Alemán, las cabañas 1 y 2, la casa anexa y otras obras exteriores.

Dicha obra tuvo un costo total de 61 millones 895 mil 989 pesos y se le encargo a la empresa Humberto Artigas y Asociados, SC, la cual recibió cuatro contratos por órdenes directas del entonces presidente Fox.

No obstante las evidentes irregularidades, el Comité de Adquisiciones de la Presidencia “justificó” la asignación directa bajo el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, que establece que por razones de “seguridad nacional” se podrán contratar de esa forma obras y servicios, pero la auditoría realizada por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo determinó, durante el mismo gobierno de Vicente Fox, que fueron violatorias del marco legal: la Ley de Obras Públicas establece las adjudicaciones directas o la invitación a tres empresas a concursar, sólo se otorgará con obras menores a 5 millones de pesos.

Dicha firma de arquitectos al subcontratar a las empresas Técnica Avanzada de Promoción Inmobiliaria, SA de CV; Construcciones y Destajos Especiales, SA de CV; Aicon, SA de CV; Arquitecto Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio, SA de CV; Aurelio Rojas; MYO, SA de CV; BM Arquitectos, y GBI, violentó lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, en la que establece que no se podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven los contratos. Con ello, indicó la auditoría, rompió la “seguridad nacional” que se buscaba para la remodelación de Los Pinos.

Fueron integrantes del Ejército Mexicano, a través del Estado Mayor Presidencial, quienes participaron como representantes legales y testigos en las firmas de contratos. También destaca la participación de subordinados de Fox: Carlos A Rojas Magnón, asesor y coordinador Administrativo de la Presidencia; Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones de la Presidencia; Jesús Javier Castillo, general del Estado Mayor, y Rubén Pérez Hernández, subdirector de Adquisiciones.

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