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La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoce que el delito de homicidio donde víctima y/o presunto responsable son militares no puede ser conocido por la jurisdicción militar.

Luego de analizar la tesis aislada 1ª. X/2020 (10ª.), publicada en agosto pasado –derivada de una sentencia de la Primera Sala de la SCJN–, el organismo internacional consideró que este precedente judicial aproxima más el marco legal mexicano a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar.

En un comunicado, expresó que ahora “los casos de homicidio ocurridos durante actividades castrenses, donde los sujetos activo y pasivo son militares, son competencia de la jurisdicción civil y no de la jurisdicción militar”.

Al respecto, Guillermo Fernández-Maldonado –representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– indicó que la Corte ha sido precursora en definir los límites de la jurisdicción militar en México, de acuerdo con lo establecido en las normas y estándares internacionales.

“Las decisiones judiciales que refuerzan el alcance limitado, excepcional y restrictivo de la jurisdicción militar son positivas porque fortalecen la vigencia del principio fundamental de un sistema democrático, que es la supervisión civil de las Fuerzas Armadas”, añadió.

La ONU-DH recordó que el relator especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; el Comité contra la Desaparición Forzada; y el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han exhortado a México a que la jurisdicción civil también conozca los casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra militares.

Y expuso que, “entre los argumentos de la sentencia de la Primera Sala para acotar la intervención militar en casos de homicidios donde el sujeto activo y pasivo son militares, destacan: 1) el fuero militar sólo es competente para conocer de los delitos y faltas que atenten directamente contra la disciplina militar como principio organizativo de las Fuerzas Armadas; 2) el delito de homicidio no está relacionado con la disciplina militar, no afecta bienes jurídicos castrenses y no actualiza el fuero de guerra, aun cuando los sujetos activo y pasivo sean militares; y 3) la extensión de la jurisdicción militar en estos casos vulnera el derecho de los familiares como víctimas indirectas del homicidio al juez natural y al debido proceso (independencia e imparcialidad), así como sus derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia”.

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