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A un año de ocurrida la desaparición y posterior asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano –la noche del 11 de octubre de 2019–, falta que los culpables materiales e intelectuales sean sentenciados, se repare el daño y se instrumenten medidas de no repetición, señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“El reto de las autoridades estatales y federal será desplegar medidas para que hechos como éstos no se vuelvan a repetir. Deberán aprovechar la coyuntura del caso de Arnulfo para generar las condiciones que impidan que el crimen organizado se vuelva a enraizar en la Montaña [de Guerrero] con su cauda de violencia y muerte”.

La organización agregó que, “aunque la clase política y los grupos de poder local lo nieguen, fue el caso de Arnulfo el que propició condiciones de tranquilidad en Tlapa y la Montaña. Antes de este hecho las familias no podían salir a altas horas de la noche. Había un vacío de poder que era ocupado por estos grupos que eran los que en realidad ejercía la autoridad e imponían la fuerza en este lugar”.

Por ello, exigió que el crimen de Arnulfo no quede en la impunidad, que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados con todo el peso de la ley, se repare el daño y se apliquen medidas de no repetición, pero sobre todo se generen las condiciones para que las defensoras y defensores de derechos humanos tengan garantías para realizar su labor.

Tlachinollan recordó que la desaparición ocurrió cuando el defensor indígena salió de su casa rumbo a una reunión. Días después las primeras investigaciones concluían que alguien conocido lo citó a la orilla de Tlapa. “El plan era sacarlo para que miembros de la delincuencia organizada en connivencia con autoridades municipales pudiesen desaparecerlo. Arnulfo fue llevado a una casa de seguridad. Allí lo interrogaron y lo torturaron asfixiándolo hasta la muerte. Los perpetradores le espetaban su constante activismo en marchas y bloqueos contra el ayuntamiento de Tlapa y su renuencia a abandonar el movimiento, pese a haber sido advertido de las consecuencias que ello traería. Refieren los testigos que el defensor le pidió al perpetrador que lo interrogaba darle otra oportunidad, pero éste le respondió que ya era tarde, que eso lo hubiese pensado antes”.

Su cuerpo fue transportado en la cajuela de un coche, “el cual pasó por la ciudad con toda impunidad, incluso con el auxilio de policías municipales y tránsito; y fue llevado a la orilla de la ciudad donde una máquina retroexcavadora ya había cavado una fosa de tres metros de profundidad. Allí fue tirado el defensor. El objetivo era que nunca lo encontraran”.

Por la presión social, la Comisión Nacional de Búsqueda con la Fiscalía General del Estado emprendieron varios operativos y el 20 de noviembre de ese año fue localizado el cuerpo en el punto conocido como los Tres Postes en la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Igualita, enterrado a tres metros de profundidad”.

Para la organización, este crimen “develó la corrupción de las autoridades de seguridad en el municipio. Evidenció la impunidad con la que la delincuencia organizada secuestraba, mataba y desaparecía a las personas. Políticos, comerciantes y transportistas eran parte del crimen, por ello el grupo delictivo mataba y desaparecía a la luz del día con la plena seguridad que nada les pasaría. No obstante el miedo, varias víctimas se animaron a buscar a sus seres queridos cuando se realizaban los operativos de búsqueda de Arnulfo. Poco a poco las familias vencieron el miedo y se fueron sumando a la búsqueda. A la fecha se tienen registradas más de 50 casos de desaparecidas y desaparecidos”.

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