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Desde Palacio Nacional salió la advertencia para todos aquellos servidores públicos que buscan un puesto de elección popular: la fecha límite para renunciar al gobierno federal es el 31 de octubre.

La orden del presidente Andrés Manuel López Obrador causó malestar en más de un burócrata que querían mantenerse en sus cargos hasta el último día que contempla la ley y después buscar la candidatura, lo que les permitiría seguir cobrando su salario y, al mismo tiempo, operar desde los cargos públicos para llegar con mayor fuerza a la contienda electoral.

Un caso de esos burócratas chapulines –porque brincan de un puesto a otro– es el del todavía secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien inconforme por tener que dejar el cargo antes de lo que tenía previsto no tuvo más remedio que hacer pública su intención de buscar la gubernatura de Sonora y anunciar la renuncia para finales de mes.

La decisión de Durazo de abandonar una de las responsabilidades más importantes del gabinete, dada la enorme violencia que no cede en todo el país, tampoco le cayó en gracia a su jefe, el presidente López Obrador, para quien ese tema es una sus prioridades y por ello todos los días se reúne muy temprano con el gabinete de seguridad, de tal forma que la decisión de ese secretario de Estado de abandonar el puesto para buscar un beneficio personal (si es logra ganar la gubernatura) sobre el interés de la nación sin haber dado los resultados esperados en los primeros dos años de gobierno, ha causado malestar justificado en el primer mandatario.

Es evidente que López Obrador se equivocó al designar a Durazo al frente de la seguridad pública federal, cargo para el cual no tenía la experiencia que se requiere y que, por cierto, en el gobierno del panista Felipe Calderón fue ocupado por otro funcionario desleal y corrupto como Genaro García Luna, actualmente sujeto a proceso penal en Estados Unidos por vínculos con bandas de narcotráfico, lo que motivó en todo el país el crecimiento de la inseguridad que aún padecemos.

En esa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se requiere a un funcionario honesto, con experiencia en la materia y comprometido con esa responsabilidad, y no una persona que siempre ha velado por sus intereses particulares, por lo que su trayectoria en cargos públicos ha estado marcada por el oportunismo político, sin principios ni ideología, porque lo mismo ha estado dispuesto a servir a gobiernos corruptos del PRI, PAN y PRD, y ahora se cuelga de la creciente popularidad de López Obrador para buscar la gubernatura de Sonora por el partido de Morena.

Festejan en CNI la próxima salida

La anunciada renuncia de Durazo ha puesto felices a algunos mandos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pues el secretario de Seguridad ha generado serios problemas por la designación de amigos y colaboradores que, sin experiencia alguna, ocuparon puestos de mando dentro de ese órgano responsable de la seguridad del país, lo que provocó una fuerte división interna, varios despidos de coordinadores generales y puestos intermedios, acusaciones por violaciones a los derechos humanos y abusos de poder, y la formación de dos grupos antagónicos que se disputan el poder por el control de la información confidencial que se genera todos los días de parte de miles de agentes especializados en ese Centro.

Con la inminente renuncia, varios de los recomendados de Durazo que ingresaron al CNI están preocupados, primero porque no pueden justificar el cargo que ocupan dada su incapacidad en materias de seguridad e inteligencia, y segundo porque se confabularon para boicotear el trabajo de inteligencia y eso desató una cacería interna ordenada por el propio secretario de Seguridad.

En esa difícil situación se encuentran el secretario general del Centro, Francisco Acuña Méndez, excoordinador de asesores de Durazo, y quien había acumulado poder sobre varios coordinadores generales que sólo respondían a él. Otro de los funcionarios en problemas es Gustavo Rómulo Salas Chávez, impuesto por Durazo como director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CNFI), quien además de no acreditar el examen de control de confianza, hace unas semanas fue acusado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (folio 5740412020) por una trabajadora del CNI por acoso, violencia psicológica, hostigamiento, agresiones verbales, insultos y actitudes déspotas. La queja es revisada en la Primera Visitaduría de la CNDH.

Otros cuatro de siete coordinadores generales del CNI andan nerviosos porque sus nombres han circulado en la lista como los próximos que tendrán que dejar sus cargos una vez que Durazo renuncie, pues su larga permanencia en se órgano de seguridad nacional, de entre 10 y 30 años cuando era conocido como Cisen, les significó servir para los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando la práctica de espionaje político era cosa de todos los días.

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Puntos suspensivos… Nos informan que la ausencia mediática del expresidente Enrique Peña Nieto no se debe al temor que le ha causado el avance de la consulta ciudadana para que ésta opine sobre la conveniencia o no de que se juzgue a los últimos cinco exmandatarios mexicanos, tampoco a su participación en los sobornos de la empresa española Odebrecht para financiar su campaña política que lo llevó a ocupar la silla presidencial, sino a una fuerte enfermedad que ha postrado al mexiquense entre hospitales y su residencia en España, a donde no ha podido recibe ni visitas de familiares y “amigos”. Ahora vive la soledad del abandono político… Hace unos meses el exsecretario de Gobernación, el priísta Miguel Ángel Osorio Chong, quien es investigado por la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera por delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, buscó por todos los medios un encuentro con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien con sorpresa escuchó la petición del ahora senador de la República por el PRI: dejar fuera del proceso penal por el desvío de más de 2 mil millones de pesos a la exsecretaria general de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora, quien mantiene una relación cercana con Osorio. La respuesta de Scherer fue clara y contundente: “De acuerdo, entonces te acusamos a ti. Aunque tú ordenaste esa millonaria adquisición no hay pruebas documentales en tu contra, en cambio de ella se tiene su firma en la compra”. Desconcertado, el otrora poderoso secretario de Gobernación salió huyendo de la Consejería Jurídica. Osorio sabe que sólo es cuestión de tiempo para que vayan por él, pues las investigaciones en su contra se acumulan en varios expedientes… El presidente López Obrador solicitó una reunión con el presidente de Iberdrola para buscar un acuerdo sobre la generación de energía limpia. Para poder avanzar en la negociación, la empresa española tendrá que aceptar que el último contrato que hizo con el gobierno del panista Felipe Calderón tendrá que ser cancelado y deberá aportar energía limpia a un amplio sector de mexicanos de escasos recursos, así como comprometerse a cumplir las condiciones del nuevo gobierno de la cuarta transformación para que los próximos contratos sean justos para las finanzas del país, considerando que ya no habrá que dar “moches” a ningún funcionario. Hasta ahora las negociaciones con la secretaria de Energía, Rocío Nhale, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, están prácticamente paralizadas, por lo que será el presidente de la República y el presidente de Iberdrola quienes resuelvan los diferendos para que los españoles puedan seguir trabajando e invirtiendo en nuestro país.

 

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